Crímenes de niños: cuatro hipótesis y una condena atenuada

03 Dic 2021 Por Gustavo Rodríguez

En las crónicas policiales se pueden encontrar diferentes tipos de casos. Los crímenes, salvo contadas excepciones, normalmente son los que más atrapan a los lectores. Todos los homicidios conmueven, pero no tanto como los de los niños. Son hechos que movilizan a los integrantes de cualquier sociedad. Eso quedó reflejado a lo largo de la historia criminal de la provincia. No hay mucho que analizar para descubrir los porqués. Popularmente los niños son considerados ángeles y sus muertes desgarran el alma.

En los últimos años hubo varios hechos en nuestra provincia. Hubo uno que fue distinto. Y la diferencia radicó en que había al menos cuatro hipótesis sobre el hecho. Pero la única realidad es que una joven de 26 años fue condenada a 10 años de prisión por haber asesinado a su hijo de un mes de edad.

Cuentan que este fue uno de los casos más difíciles que se resolvió en las dos últimas décadas. Fue así porque la acusada era una joven sordomuda que no entendía y apenas estaba aprendiendo a comunicarse a través del lenguaje de señas. Y, como ocurrió a lo largo de la historia de la provincia, el filicidio estuvo marcado por cuestiones de tinte social y cultural.

El 13 de septiembre de 2000, Marcela Aguilar vivía en un solitario paraje de Famaillá. Ese día, según las averiguaciones que realizó la Policía, se retiró de la humilde vivienda que ocupaba junto a su familia con su bebé Gabriel en brazos. Volvió media hora después, cargando al pequeño sin vida.

A partir de allí todas fueron conjeturas. La investigación estuvo llena de vacíos por las pruebas que no se produjeron durante la etapa de instrucción. También fue una muestra cabal de que el sistema judicial no estaba preparado para atender los casos protagonizados por personas que sufrían esta discapacidad. Hubo problemas hasta para tomarle declaración. Todo se hizo más lento, pero la acusada pagó los platos rotos por toda esta situación. Terminó en prisión hasta que fue enjuiciada en mayo de 2003.

La fiscala de Cámara Juana Prieto de Sólimo señaló en la audiencia que hubo al menos ocho versiones sobre el hecho. Pero las que se ventilaron y tuvieron mayor fuerza fueron estas cuatro:

1- La acusada salió a caminar con la criatura por las inmediaciones de la casa y se cayó a un precipicio. En su afán por salvarlo, lo apretó tan fuerte que terminó asfixiándolo.

2- Aguilar lo asfixió después de haberle dado de tomar el pecho porque no podía mantenerlo y asegurarle bienestar.

3- La joven y su pareja, Daniel Ferro, tomaron la drástica decisión por razones desconocidas y ella lo terminó ahorcando.

4- La versión que dio la acusada: su madre fue la autora del crimen, pero nunca pudo explicar por qué.

Un infierno

En el juicio quedó al descubierto la más cruda de las realidades. El infierno de vida que llevó la acusada hasta que se produjo la muerte de su hijo, el más pequeño de los tres que había concebido a pesar de su corta edad. Hasta esa fecha, Aguilar vivía en su mundo, totalmente alejada de la realidad. Nunca entendió lo que decían, simplemente sabía que sus familiares hablaban porque abrían y cerraban la boca.

Sólo se comunicaba con ellos a través de rudimentarias señas. Para colmo, creció en un entorno tosco que a veces es cruel para los más desprotegidos. Se crió en una casa donde nunca sobró nada y donde trabajar en el campo era un mandamiento para poder vivir. Antes de cumplir 20 años formó pareja con un joven de la zona. Nadie supo explicar cómo hizo para iniciar esa relación si no podía entablar una conversación con nadie. Sólo se hacía entender por gestos.

En el frío encierro de la cárcel aprendió el lenguaje de señas. Eso le permitió contar su verdad. Una verdad que golpeó a todas las partes y al público en general. Lo primero que hizo fue acusar a su familia por la terrible vida que tuvo hasta que fue detenida. Contó que siempre la obligaron a realizar las tareas domésticas de la casa. Eso incluía limpiar, lavar y cocinar. Intentó escapar de ese calvario formando pareja, pero el hombre que había elegido le hacía exactamente lo mismo. “Era una especie de Cenicienta”, resumió el ya fallecido defensor oficial Carlos Picón, que la asistió a largo de todo el proceso.

Luego llegó lo más fuerte. Relató su versión sobre cómo se habría producido la muerte de su pequeño Gabriel. La acusada dijo que cuando estaba lavando la ropa, su madre le pidió que atendiera al pequeño. “Empecé a darle el pecho hasta que ella apareció con un algodón embebido en un líquido y empezaron a forcejear mientras me asfixiaba”, señaló. “Después le puso un cordón de zapatilla en el cuello al bebé y, mientras me amenazaba con un cuchillo de cocina, lo ahorcó”, explicó generando un enorme silencio en la sala de audiencias.

La joven denunció que su familia no le permitía que viviera en pareja con Ferro porque ella abandonaba la casa para estar con él y no había nadie que hiciera las tareas domésticas.

La respuesta de sus familiares directos no tardó en llegar. La primera en hablar fue la madre. Elsa Dominga Perea no dio demasiadas vueltas: “ella miente, no sé por qué lo hace. No lo entiendo”. “La ayudé toda la vida, como a cualquier otro de mis hijos”, añadió. La mujer agregó que su familia estuvo tranquila hasta que la acusada comenzó a salir con Ferro, aunque fue bastante imprecisa en las fechas sobre cuándo comenzó la relación y cómo la alimentaron hasta que llegaron a la convivencia. Lo mismo ocurrió cuando se refirió a la asistencia de Aguilar a la Escuela de Manualidades y a la primaria común, cuando ya estaba entrando en la adolescencia. En otras palabras, nunca supo explicar por qué esa joven vivió más de la mitad de su vida en el más cruel de los abandonos.

La acusación

Las audiencias fueron históricas. No por la causa, sino que por primera vez traductores especializados en señas tuvieron que traducir cada una de las palabras que se decían en la sala para que la acusada supiera lo que estaba sucediendo, lo que decían los jueces o las partes. Nada se hacía sin que ellos movieran sus manos. Ana Lucía González y María Emilse Ortigoza tuvieron que llevar adelante la difícil tarea. Y fue complicada en algunos momentos del debate, como ser el careo que mantuvo la acusada con su madre.

Todos recuerdan la tenacidad y dureza que mostraba la fiscala de Cámara Prieto de Sólimo (en los pasillos los profesionales la llamaban “Juanita”) a la hora de llevar adelante una acusación. Su carácter, buena memoria y su capacidad para recordar hasta el más mínimo detalle se transformaban en un problema para los defensores y los imputados. Y este caso no fue la excepción. Sin dudar solicitó que se le aplique la máxima de las penas: prisión perpetua por haber cometido un homicidio agravado por el vínculo.

Justificó su pedido en la “mendicidad de las declaraciones de Aguilar” y detalló las ocho versiones que fueron surgiendo, a su criterio, a lo largo del proceso. En su enumeración, mencionó la primera versión que indicaba que la muerte se produjo accidentalmente, cuando la acusada se cayó por un barranco con su bebé en brazos. Luego, Aguilar y su pareja fueron apuntando a otras posibilidades que apuntaban a que uno de ellos lo mató, o que la culpable fue la madre de la acusada. La imputada insistió hasta último momento con esa versión, pero, según la acusadora, fue modificando las circunstancias para subsanar supuestos errores en cada una de las declaraciones que realizó.

Picón, por su parte, consideró que debe tenerse en cuenta que Aguilar es discapacitada y no tuvo posibilidades de insertarse socialmente. Puso como ejemplo que aprendió el lenguaje de señas sólo cuando fue privada de su libertad.

Relató además que con su familia se comunicaba a través de señas rudimentarias, inventadas por ellos. El defensor ahondó en la problemática de los sordomudos, quienes, según él, permanecen aislados y solos. En el caso puntual de la acusada, se refirió a que toda su vida estuvo al servicio de su madre, y luego de Ferro, en los quehaceres domésticos.

Picón solicitó que se la declarara inimputable y que, si llegara a ser condenada, solicitó que se apliquen los atenuantes que contemplan “circunstancias extraordinarias” (consideró que la sordera y su traumática vida lo serían), con lo que la sanción posible sería de entre ocho y 10 años, como en el homicidio simple. El defensor hizo este planteo a pesar de que todos los informes psicológicos que se le habían practicado a la acusada señalaron que, a pesar de la incapacidad, la joven tiene posibilidades de discernir entre el bien y el mal y que además es consciente de sus actos.

“Soy inocente”, dijo Aguilar cuando se expresó por última vez ante el tribunal, que estuvo integrado por Emilio Páez de la Torre, Oscar Alfredo Barrionuevo y Julio Silva. Con señas les explicó a los jueces cómo se sentía con todo este proceso, pero que acataría sin hacer ningún tipo de problemas la resolución que tomara el tribunal. Aludió a la falta de cariño recíproca con su familia y a las dudas sobre su futuro. “Vi bocas que hablaban, pero no entiendo lo que dicen… Siempre viví en silencio”, aseguró.

Los jueces pasaron a deliberar y horas después, el secretario del tribunal -y actual fiscal- Carlos Sale leyó la sentencia por la que fue condenada a 10 años de prisión. Los magistrados, en la resolución, no explicaron cuáles habían sido los atenuantes que habían tenido en cuenta.

Aguilar rompió en llanto luego de que los intérpretes le explicaron la pena que le había dictado el tribunal en su contra. Fue trasladada al penal de mujeres de Banda del Río Salí, donde terminó de aprender el lenguaje de señas. Al poco tiempo, por su buena conducta, fue recibiendo permisos para readaptarse a su ambiente y luego recuperó la libertad. No se supo nada más de ella.

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