08 Mayo 2023
El candidato a legislador por el acople “Compromiso por el Pueblo”, Enrique Pedicone, formuló una denuncia penal contra autoridades del Gobierno provincial por el caso de los subsidios otorgados a través de la Secretaría General de la Gobernación a fundaciones y cooperativas vinculadas a dirigentes oficialistas que participarán de la próxima contienda electoral. El ex magistrado, que integra las filas de Juntos por el Cambio (JxC), pidió que el Ministerio Público Fiscal efectúe una investigación penal para determinar si se perpetraron delitos y, en caso de que así sea, se “identifique a los presuntos autores materiales”.
La presentación judicial se sustenta principalmente en la nota publicada por LA GACETA en la edición de este domingo, en la que se detalla el dictado reciente de una serie de decretos del Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial comunicando diversas ayudas sociales millonarias -desde $2 millones hasta más de $9 millones- a favor de organizaciones de bien público. Tras visitar los domicilios legales de una decena de fundaciones y cooperativas, se constató que, además de fines solidarios, presentaban como característica en común sus lazos con el oficialismo. Representantes de distintas entidades alegaron que efectivamente se prestan o se prestarán los servicios comprometidos al solicitar el subsidio -desde tareas de fumigación y desmalezamiento hasta la compra de alimentos para comedores y merenderos-. Sin embargo, Pedicone aseguró que se trata de un “notorio accionar ilícito” desplegado por las autoridades del Gobierno provincial que “tendría como objeto el desembolso de dinero con fines electorales”.
El candidato de JxC mencionó en su denuncia al gobernador Juan Manzur, al vicegobernador Osvaldo Jaldo y a la diputada nacional Rossana Chahla, principales candidatos de la lista del PJ-Frente de Todos.
Pedicone aseveró que la entrega de ayudas sociales a estas entidades “en el presente contexto electoral implicaría la entrega de dinero de las arcas públicas destinada a la compra de votos”. Afirmó que, “mediante maniobras clandestinas, disfrazan dicho reparto dinerario en especies de subsidios millonarios”. “(Estos fondos) son entregados a su vez a punteros políticos, en una clara conducta destina a obtener un beneficio patrimonial y electoral propio e ilegal, en desmedro y perjuicio de las arcas estatales”, enumeró el ex juez de Impugnación, destituido en 17 de febrero por el Jury de Enjuiciamiento en medio de un enfrentamiento con el Gobierno y con parte de la Corte Suprema de Tucumán.
El dirigente cercano al intendente Germán Alfaro expresó luego que “en Tucumán la ‘caja negra’ de la corrupción se encuentra en la falta de control de los dineros públicos, algo que radica en su accionar en el Tribunal de Cuentas (TC) y en el hecho que no existe copia alguna sobre la Cuenta Única de Inversión”. Por ello, incluyó en su planteo “a los integrantes del TC, Miguel Terraf, Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci”. En paralelo, solicitó que el ministro fiscal Edmundo Jiménez se abstenga de intervenir en este proceso.
Pedicone, además de solicitar que se realice la investigación penal preparatoria, requirió que “se cite a los denunciados a la audiencia de formulación de cargos y medidas de coerción”. Y formuló una reserva para ampliar este planteo judicial por el caso de los subsidios millonarios a fundaciones y cooperativas vinculadas al oficialismo.
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