La Constitución de 1990 nació con un pecado original que no puede perdonársele a un texto llamado a regir la convivencia social: el de ser prácticamente la expresión aplastante de un único partido -Fuerza Republicana (FR)-. Este insalvable vicio de legitimidad, comparable al que en el orden nacional sufrió la Carta Magna peronista de 1949, hizo que no hubiera dirigente justicialista con aspiraciones de poder -esto es casi una tautología- que no se propusiera derribar la Constitución; más aún cuando veta la posibilidad de que el gobernador, legisladores, intendentes y ediles sean reelectos.
Cuando comenzaba el segundo año de gestión, Julio Miranda no escatimó formas ni fondos en el afán de perpetuarse. Esto le valió la sospecha de que había coimeado a los legisladores -con $ 2 millones en Lecop- para que sancionaran una ley que habilitara la reforma. Consiguió la autorización para concretar la enmienda, pero el escarnio fue tal que el sueño terminó pareciéndose más a una pesadilla.
José Alperovich, en sólo un año de gobierno, logrará hoy lo que a Miranda tanto le costó. No obstante, en el propio Poder Ejecutivo, los más cautos reconocen que el futuro será aún más complicado, aunque saludan con las manos abiertas la norma que permitirá la reforma parcial. Argumentan que sacará a la política tucumana del debate -obsesión más bien- en que se encuentra encallada desde 1990. Porque si bien el PJ, con fines reeleccionistas, puja permanentemente por la enmienda, los bussistas son iguales de testarudos en la resistencia; para estos se trata de una cuestión sobre la que no se negocia, aunque el texto del 90 haya quedado anticuado respecto de la Constitución nacional de 1994, por ejemplo.
El triunfo de Alperovich no hubiera sido posible sin la ayuda legitimadora de su antiguo partido: el radicalismo. Dirigentes y legisladores de esta fuerza hicieron más foros y debates sobre la reforma que el propio justicialismo. Eso sin contar los asados en la casa del parlamentario Juan Roberto Robles, en los que no faltaban funcionarios del PE.
Los radicales aseguran que gracias a su mediación los convencionales no serán elegidos por el sistema de lemas (es la principal condición que pusieron para que sus cuatro representantes votaran hoy a favor de la reforma). Agregan que pelearon con uñas y dientes para que la futura Constitución fuera aprobada por las dos terceras partes de la asamblea, de modo de forzar al peronismo a que pacte cada artículo.
En 1996, el ex presidente Raúl Alfonsín escribió un libro para justificar por qué había suscripto el Pacto de Olivos, que posibilitó la reforma del 94 y, con ella, la reelección de Carlos Menem. En las 470 páginas de "Democracia y consenso", con tono fatalista, el viejo líder radical asevera que, con o sin la UCR, la enmienda igual se habría concretado, por lo que era preferible participar para conseguir mejores institutos. "Es lícito establecer acuerdos sobre temas específicos con sectores adversarios, y aun hostiles, a fin de recuperar la democracia o resguardarla", esgrimió.
En el PJ aún no están convencidos de que les convenga llamar a elecciones para constituyentes junto con las nacionales, en octubre de 2005 (el kirchnerismo no toleraría una segunda derrota a manos del bussismo, como la que ocurrió en 2003), pero tampoco quieren arriesgarse a anticiparlas. Esto implica que habrá tiempo para que todos los partidos, allanado ya el camino para la reforma, comiencen a explicar qué Tucumán quieren para el futuro. El PJ gobernante deberá demostrar que no busca el soporte legal de un proyecto hegemónico -reelección mediante- y la UCR, más allá de cualquier lógica seudo alfonsinista, que no será la oposición dócil y funcional al peronismo. La derecha (FR y Recrear) también tendrá que tener un discurso que vaya más allá del no a cualquier cambio (reforma sin reelección, por ejemplo), por las dudas no pueda ganar los comicios para convencionales y así lograr la disolución de la asamblea.
