Personalismo y política exterior

Los derechos humanos y el juego cínico de las ideologías han colocado nuevamente a nuestro país en otra encrucijada que pone en tela de juicio la calidad de su política exterior. Tal ha sido la consecuencia inmediata del incidente con la República de Cuba, tras la solicitud epistolar del presidente Néstor Kirchner a su par Fidel Castro, para que autorice el viaje a Buenos Aires de Hilda Molina y su madre, con el fin de reunirse temporalmente con sus hijos y nietos argentinos en ocasión de las Fiestas de fin de año. La negativa no se hizo esperar, sin otra contrapropuesta que no fuera reunirse en La Habana con viaje pago. El resto de ese frustrado trámite es sobradamente conocido y representa otro testimonio del sometimiento al régimen de Castro de esos derechos esenciales de los ciudadanos cubanos, cuyo gobierno es el único del continente que no suscribió las declaraciones universal y americana de los derechos humanos. El episodio, cuyo desenlace no parece anticipar la justa atención de esa familia, ha recorrido en pocos días tortuosos vericuetos donde los intereses más oscuros de la política han frustrado tan legítimos requerimientos.
A la intolerancia de la dictadura cubana se sumó una crisis en nuestra cancillería como consecuencia de contradictorias órdenes y decisiones, así como la deficiente autonomía de la representación diplomática en La Habana. Esa situación dio lugar a que el Presidente se dirigiera por carta hecha pública a Castro, con lo cual prescindió de los estilos reservados que se observan tradicionalmente en circunstancias externas sensibles. En Buenos Aires debió advertirse, como sobradamente se conoce en el escenario internacional, que presionar sin cautelas al dictador cubano implica el alto riesgo de un ruidoso fracaso. De inmediato sobrevino la crisis, y el presidente Kirchner ordenó cambios entre los colaboradores del canciller Rafael Bielsa, así como en la embajada ante Cuba, y se procedió a designaciones en esos cargos de funcionarios que, como en los casos anteriores, no integran el Servicio Exterior de la Nación. Esta última circunstancia es desde hace demasiado tiempo una constante en la gestión de nuestra política internacional, que ha llegado a disponer de más de la mitad de personal superior no idóneo o ajeno a la profesión académica del SEN, en el sector.
El relevo anunciado en la embajada ante Cuba incluyó a un funcionario de la Cancillería igualmente ajeno al SEN, cuando lo más adecuado a la naturaleza del incidente habría sido nominar a un representante profesional especializado en el caso; designación posible en un cuerpo diplomático tan altamente calificado por haber dado reiteradas pruebas de honrar los intereses permanentes de la República. La circunstancia exige necesariamente señalar cómo a partir de la década anterior nuestra gestión exterior fue definida desde la visión de un solo partido y con un carácter fuertemente personalista; es decir, hubo una política de Carlos Menem, otra de Eduardo Duhalde y actualmente la que aplica el presidente Kirchner sin mayor participación de los factores políticos e institucionales que deben contribuir a una política de Estado. Si el país hubiera dispuesto de esa regla de juego fundamental en su política exterior, es muy posible que el desafortunado incidente con el régimen cubano hubiera sorteado sin mayores dificultades el ambiguo compromiso ideológico que condiciona la defensa de los derechos humanos a la identificación política del gobierno, discutida en su propio partido. Esa política todavía indefinida y que debe proteger nuestros intereses permanentes debe ser otro fruto de la convicción de que son los Estados soberanos quienes se comprometen y no los ejecutores temporales de las políticas nacionales.