Prioridad para el FMI

El Gobierno federal ha considerado conveniente cancelar la deuda del país con el Fondo Monetario Internacional, que se eleva a algo más de U$S 15.000 millones, manteniendo su permanencia en el organismo multilateral. La finalidad de esa decisión, según han señalado voceros oficiales, es poner fin a las exigentes revisiones trimestrales de las cuentas fiscales a causa de los acuerdos contingentes de crédito, limitando la relación a una auditoría anual que únicamente se ha hará pública con autorización del país. La decisión señalada no es excepcional para el FMI, pues durante los últimos cuatro años 14 países pusieron fin a sus deudas por adelantado, liberando así sus administraciones fiscales de las exigencias del organismo acreedor. Si bien no hubo hasta el momento una comunicación del Gobierno al Fondo, el propósito oficial es cancelar los vencimientos improrrogables y reprogramar los prorrogables, con lo cual ese proceso insumiría hasta 2008. De esa forma se podría recurrir a las reservas del Banco Central sin modificar las disposiciones de su carta orgánica, ni interferir su gestión de autoridad monetaria.
Se ha puesto fin por último a las confusas versiones que durante las recientes semanas anticiparon alternativas de cumplimiento imposible y que restaban racionalidad al propósito; pero fue menester para ello que el jefe del Gabinete, la esposa del Presidente y el canciller explicaran ese proyecto en el exterior, rompiendo así el silencio oficial en el país.
A poco de esos anuncios, el presidente Néstor Kirchner señaló la "necesidad de desendeudar al país para lograr la desintervención de la economía y su autonomía", sin dejar de consolidar un nivel de reservas aceptable. El concepto es inédito en el prolongado proceso de endeudamiento y debe merecer una razonable solidaridad, si el propósito no implica abandonar el organismo auditor de la comunidad internacional.
No cabe duda, por cierto, de que un acuerdo del Gobierno de esa naturaleza y que excede el período de su mandato, demanda continuidad en el tiempo, por lo cual forma parte de la política de Estado y requiere la intervención del Congreso.
No es menos necesario, para llevar esa decisión a buen puerto, que quienes tienen la responsabilidad de concretarla adviertan la conveniencia de no politizarla con fines proselitistas, tratando de eludir el alto grado de responsabilidades que sucesivos gobiernos -especialmente el justicialista de la pasada década- asumieron reiteradamente, más que duplicando la deuda con el FMI, para superar las pésimas administraciones fiscales con la tolerancia del organismo. Pero no sólo esa evidencia de propias culpas, sino el escaso cumplimiento de los compromisos con el Fondo Monetario se ha repetido con la nueva agenda contingente, al seguir sin concretarse las reformas impositivas y del sistema financiero, el régimen de coparticipación federal, la reforma de la banca pública y el marco regulador de los servicios públicos.
La prudencia es una virtud política muy necesaria en este caso y seguramente habría aconsejado -no obstante la excelente decisión de asegurar aquella autonomía fiscal- proceder adecuadamente en el tiempo, priorizando la crítica gestión que trata de poner fin al default. En ese sentido, difícilmente los acreedores en insolvencia acepten sin resistencia un acuerdo que privilegie al organismo multilateral, cuya insistencia, por cierto, para que se atienda a los bonistas, condiciona la flamante decisión argentina.
Más consecuente, el ministro de Economía ha tratado, con relativo éxito, de moderar esos anuncios oficiales que, por error o acaso por una finalidad política, se han cruzado con la sensible reestructuración de la deuda, por carecer de un oportuno acuerdo de gabinete.