La fórmula es simple: subordinación y valor en la política. Este esquema define la conducta del oficialismo en la Legislatura y en el Concejo Deliberante de la capital, en asuntos que importan a la Casa de Gobierno. En otras épocas del PJ se invocaba el verticalismo para justificar las conductas que no mezquinaban las lealtades con la cabeza del Poder Ejecutivo, pese a los costos políticos. El reconocimiento de la deuda a la empresa 9 de Julio por $ 16 millones y el freno puesto al tratamiento del voto de insistencia de la ordenanza que pretendía trabar la instalación de 1.000 maquinitas tragamonedas son dos caras de la misma moneda. Al Gobierno no se le deben atar las manos.
La mayoría de los ediles peronistas no titubeó en acatar lo que mandaban la intendencia y el Poder Ejecutivo. Eduardo de Zavalía advirtió que la recolectora de basura debe $ 6 millones por multas, pero no torció el rumbo de la historia. Para ellos, Domingo Amaya es la prolongación del brazo de José Alperovich en la intendencia. Desairando a uno, se golpea al otro. Ramón Santiago Cano y sus socios del PJ ya lo saben de memoria.
La rebelde Carolina Vargas Aignasse se quedó a mitad de camino, porque no desobedeció al gobernador en la cuestión del juego. A su vez, el bussismo votó de maneras múltiples: sí a la 9 de Julio, pero no a Nuevo Casino -operadora de las 1.000 maquinitas-. El intendente, agradecido. Los juegos parlamentarios desdibujan a los opositores que aspiraban a administrar la capital con Antonio Bussi, aún detenido por orden del juez federal Jorge Parache.
Los objetivos de fondo
Al gobernador lo golpean en los debates legislativos, pero Fernando Juri obstruye toda arremetida en contra del emprendimiento de las 1.000 maquinitas tragamonedas. El ruido no obstruye la ejecución de los acuerdos estratégicos. Por eso, el vicegobernador se tomó su tiempo para persuadir, durante su último viaje a Bolivia, a tres rebeldes: Alejandro Martínez, Oscar Godoy y Juan Siviardo Gutiérrez. Este trío parecía remiso a dar el sí a la nueva declaración de necesidad de reforma constitucional, pero aparentemente cambió de actitud. Juri les habría dicho que su voto negativo no iba a perjudicar a Alperovich, sino a él.
Desde que arreglaron las cargas en Italia, Alperovich y Juri trabajan codo con codo en los temas candentes de la actualidad política local. Así, el vicegobernador quemó las naves para destrabar el desguace de la Carta Magna de 1990, pero excluyendo a la estabilidad de los jueces de la demolición del orden normativo. El compromiso con el proyecto reformista involucró decididamente a Juri, que aceleró los tiempos para cerrar 2004 con la nueva ley de reforma constitucional.
La discusión de fondo se centrará el miércoles, cuando se evalúen en el recinto los diferentes proyectos sobre la materia. El oficialismo se propone superar los dos tercios exigidos por la Constitución de 1990. Se quiere que haya 28 votos, o sea uno más que el mínimo de 27. Dan por descontado que Pedro Stordeur (Frente Anticorrupción); el ex radical y courelista de siempre Ramón Graneros y Olijela Rivas sumarán sus votos al proyecto de la mayoría peronista. Aún están en duda José Teri (Vialidad Provincial), Antonio Alvarez y el ex intendente Víctor Lossi. Rivas acaba de conseguir una victoria parlamentaria poco común: el rechazo de un veto de Alperovich en contra de la ley que protegía inmuebles históricos.
La Casa de Gobierno aceptó el desplante, porque ya hallará el modo de rescatar el corazón de su propuesta original. En lo más alto del poder se teme que la dilación hasta 2005 termine esterilizando el envión de ahora y que la ola de rumores sobre el ofrecimiento de compensaciones monetarias a los díscolos, cree un clima de sospecha en la sociedad.
Los bussistas se refugiarán en la negativa total a cualquier enmienda a la pieza jurídica que aprobaron hace 14 años. La bandera del no a ultranza les da mucho margen de maniobra en el mercado electoral.
El radicalismo está, en cambio, en una situación incómoda. Sus legisladores están alertas respecto de los movimientos del peronismo. Les espanta la posibilidad de que el peronismo incluya, mediante una cláusula transitoria, la vigencia de la Ley de Lemas. A esta la quieren lejos del andamiaje electoral. La UCR pelea para que rija la ley 1.279, con sus exigencias de representación proporcional y de tres secciones electorales. Y si no fuere así, los radicales podrían votar por un dictamen propio, que propiciaría también que la reelección beneficie a los electos en 2007. Juan Robles tiene los papeles listos para desarrollar una posición ajustada al mandato partidario.
Un gesto político
La consolidación del eje Alperovich-Juri se exteriorizó en otro gesto inusual.El vicegobernador anunció el pago de $ 100 no remunerativos para 48.000 empleados públicos, con un gasto anual extra de $ 80 millones para el Estado, a partir de enero de 2005.
Dirigentes de la CGT liderada por el citrícola Jesús Pellasio y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) habían pactado la aceptación de la oferta con Alperovich, delante del vicegobernador. Juri pudo dar un mensaje conciliador al mundo laboral sin romper el equilibrio político.
La CGT del vial Teri se mantuvo afuera del acuerdo, pero en el Gobierno confían en que la salida de Atsa la debilitará. Con sueldos al día y las retenciones gremiales pagadas en término, el alperovichismo espera concluir 2004 en orden.
La cercanía de Juri al gobernador causa preocupación en otras franjas del peronismo refractarias a todo acercamiento con los alperovichistas. Ven que hipoteca su futuro al aceptar la propuesta continuista del jefe del Ejecutivo. La reelección indefinida que propiciará el peronismo aumenta la inquietud de quienes objetan el predominio de Alperovich. Estos profundizarán sus diferencias con la actual gestión gubernamental sin atenerse a lo que haga o diga el senador Julio Miranda, quien es cada vez más espectador pasivo de los hechos políticos.
La enmarañada situación política provincial entusiasma a los lópezmurphystas, quienes creen que pueden explotar las debilidades del radicalismo y de los bussistas. En el ambiente político madura la convicción de que Fuerza Republicana tratará de poner al frente de sus listas al ex gobernador Antonio Bussi, para aprovechar su ascendiente. La Justicia tendrá, otra vez, la última palabra.
