19 Diciembre 2004 Seguir en 
Casi imprevistamente, el Gobierno deberá ajustar la planilla salarial del Estado, con un aumento del 5% que representará, en 2005, un gasto adicional de $ 36 millones ($ 3 millones mensuales). A diferencia de los aumentos de sueldos otorgados por el gobernador José Alperovich, el costo extra en remuneraciones (en 2005, para sueldos, se destinarán más de $ 870 millones) obedece a un incremento en la alícuota previsional.
El presidente Néstor Kirchner vetó una ley, votada en ambas cámaras del Congreso nacional, por la que se le daba la razón a más de una decena de provincias, que transfirieron sus sistemas jubilatorios a la órbita federal, frente a un planteo de la ANSES y de la AFIP. Estos orga- nismos vienen reclamando, desde 2002, que los distritos efectúen aportes previsionales con una alícuota del 16% y no del 10,17%, como lo vienen haciendo hasta ahora. Ese planteo derivó en una abultada deuda que supera los $ 730 millones, reconocida por la Procuración General del Tesoro. No obstante, diputados y senadores nacionales trataron de condonarla, con la sanción de un proyecto de ley que interpretaba los alcances de otra norma vinculada con el sistema integrado de jubilaciones en favor de las provincias consideradas deudoras del régimen previsional.
Sin embargo, el Presidente de la Nación, mediante el decreto 1.850, entendió que la iniciativa afectaría recursos del sistema previsional y con ello, los derechos de los beneficiarios de dicho sistema. Por lo tanto, dio vía libre para que continúen las acciones contra las provincias; entre ellas, Tucumán.
Dos instancias
En el Ministerio de Economía interpretan que el pago de la diferencia de aportes patronales no incidirá, en principio, ni en los salarios ni en las futuras jubilaciones de los casi 70.000 empleados públicos tucumanos. Pero, hacia el futuro, al Gobierno se le abren dos instancias no contempladas en el presupuesto. Por un lado, los gobernadores y los ministros de Economía de las provincias afectadas intentarán que la Nación replantee su postura. Esto se daría en el marco de una discusión política. Por otra parte, se abrió otra instancia de debate frente a los compromisos que asumirán las provincias en el acuerdo bilateral (ex Plan de Financiamiento Ordenado) y la Ley de Responsabilidad Fiscal, que fija límites al gasto y al endeudamiento público.
El titular de Economía, Jorge Jiménez, encargó un informe a los abogados y tributaristas del área que sustente el reclamo de no pago de la diferencia de la alícuota previsional. "Acá se están cambiando algunas condiciones, con una nueva deuda que no estaba prevista", expresó ayer a LA GACETA Jiménez. En el caso de Tucumán, ese compromiso asciende actualmente a más de $ 90 millones y que, en última instancia, el Poder Ejecutivo pediría a los organismos nacionales el acogimiento a un sistema de pago especial para cancelarla.
El ministro de Economía señaló que, desde mañana, en Buenos Aires, se profundizarán los contactos con los técnicos del Palacio de Hacienda con el fin de establecer los mecanismos de cumplimiento de esta nueva obligación o, en todo caso, si la Nación está dispuesta a perdonar la deuda.
El presidente Néstor Kirchner vetó una ley, votada en ambas cámaras del Congreso nacional, por la que se le daba la razón a más de una decena de provincias, que transfirieron sus sistemas jubilatorios a la órbita federal, frente a un planteo de la ANSES y de la AFIP. Estos orga- nismos vienen reclamando, desde 2002, que los distritos efectúen aportes previsionales con una alícuota del 16% y no del 10,17%, como lo vienen haciendo hasta ahora. Ese planteo derivó en una abultada deuda que supera los $ 730 millones, reconocida por la Procuración General del Tesoro. No obstante, diputados y senadores nacionales trataron de condonarla, con la sanción de un proyecto de ley que interpretaba los alcances de otra norma vinculada con el sistema integrado de jubilaciones en favor de las provincias consideradas deudoras del régimen previsional.
Sin embargo, el Presidente de la Nación, mediante el decreto 1.850, entendió que la iniciativa afectaría recursos del sistema previsional y con ello, los derechos de los beneficiarios de dicho sistema. Por lo tanto, dio vía libre para que continúen las acciones contra las provincias; entre ellas, Tucumán.
Dos instancias
En el Ministerio de Economía interpretan que el pago de la diferencia de aportes patronales no incidirá, en principio, ni en los salarios ni en las futuras jubilaciones de los casi 70.000 empleados públicos tucumanos. Pero, hacia el futuro, al Gobierno se le abren dos instancias no contempladas en el presupuesto. Por un lado, los gobernadores y los ministros de Economía de las provincias afectadas intentarán que la Nación replantee su postura. Esto se daría en el marco de una discusión política. Por otra parte, se abrió otra instancia de debate frente a los compromisos que asumirán las provincias en el acuerdo bilateral (ex Plan de Financiamiento Ordenado) y la Ley de Responsabilidad Fiscal, que fija límites al gasto y al endeudamiento público.
El titular de Economía, Jorge Jiménez, encargó un informe a los abogados y tributaristas del área que sustente el reclamo de no pago de la diferencia de la alícuota previsional. "Acá se están cambiando algunas condiciones, con una nueva deuda que no estaba prevista", expresó ayer a LA GACETA Jiménez. En el caso de Tucumán, ese compromiso asciende actualmente a más de $ 90 millones y que, en última instancia, el Poder Ejecutivo pediría a los organismos nacionales el acogimiento a un sistema de pago especial para cancelarla.
El ministro de Economía señaló que, desde mañana, en Buenos Aires, se profundizarán los contactos con los técnicos del Palacio de Hacienda con el fin de establecer los mecanismos de cumplimiento de esta nueva obligación o, en todo caso, si la Nación está dispuesta a perdonar la deuda.







