La urgencia con que la mayoría de concejales oficialistas de la capital trató y aprobó la determinación de la deuda con la empresa de recolección de residuos 9 de Julio, sembró dudas sobre las razones del apuro. "No hay que hacer politiquería con este tema", dijo Oscar Cano, sin explicar las razones de la urgencia, sobre todo después de que tanto una comisión de la Municipalidad como otra del Concejo Deliberante habían estudiado el tema durante varios meses, y habían llegado a conclusiones coincidentes en muchos aspectos. En dos días, los ediles del PJ plantearon el tema, organizaron la sesión del Concejo y llevaron a los demás al recinto a los empellones. Algunos no tuvieron tiempo de masticar los informes y otros -como Hugo Danesi- se vieron envueltos en la contradicción de aprobar un proyecto pese a recibir mandato partidario de votar en contra.
Nadie explicó cuál fue la urgencia; sobre todo, en el caso de una empresa que, a lo largo de una década y media, tuvo una relación pésima con el municipio. Y que, a pesar de todo, pudo cosechar muchos beneficios de esa relación: en su momento logró que se le prorrogue sin problemas la concesión, obtuvo incrementos en las prestaciones sin que se llame a licitación, y encontró caminos para que no se le cobren las multas. Y hasta atravesó sin problemas la gestión de Marta de Ezcurra, cuando se anunció el fin de la prestación y una querella contra la firma. La intendenta De Ezcurra pasó y la empresa sigue ahí.
En esa relación conflictiva y confusa se debatió desde hace muchos meses la deuda. La 9 de Julio adujo que la Municipalidad incumplió los pagos y que llegó a deberle $ 40 millones. Y los funcionarios decían que la empresa le debía una suma fuerte en multas al municipio. Precisamente faltó hablar de esas cuestiones ayer, a la hora de reconocer la deuda. El fiscal municipal, Leonardo Szachniuk, había dicho que los supuestos $ 5 millones por multas no podían reconocerse porque no estaban instrumentados por decreto (muestra una severa falla en la Municipalidad). También el fiscal había determinado que la tasa que debía tenerse en cuenta para calcular la deuda era la del Banco del Tucumán (que resulta favorable a la empresa) y no la del Banco Nación, pese a que tanto la comisión municipal como la del Concejo hacían mención a esta tasa. La diferencia entre una tasa y otra da 9 millones de pesos a favor de la firma 9 de Julio. No se sabe si los empresarios de la basura aceptarán bajar su pretensión de 40 millones a 16, pero no cabe duda de que ya consiguieron elevar el piso de sus pretensiones; al menos en lo que hace al reconocimiento municipal, que está renunciando a cobrar multas y elige una tasa que beneficia a la recolectora. Si se planteara que la deuda es mayor, al menos esos dos ítems -tasa y multas- ya no entrarían en la discusión. Será un punto en común entre la firma y la Municipalidad, que ya comparten la responsabilidad por la contaminación ambiental en Los Vázquez. Una jueza condenó a ambos a pagar una multa de $ 2.000 diarios por ese motivo.
El apuro de los concejales tiró por tierra un trabajo que parecía más sensato que las medidas caprichosas y confusas que caracterizaron la relación con la empresa; incluso, en la actual gestión.
No hay que olvidar que el intendente Domingo Amaya pasó un papelón cuando se quiso imponer un predio en Los Pocitos para que se arrojara la basura. El traslado de los residuos a Pacará Pintado y la formación de las comisiones de estudio aplacaron los ánimos. La basura había dejado de estar en la agenda conflictiva de la municipalidad... hasta ahora.
La sesión de ayer demostró que otras inquietudes primaron a la hora de resolver un conflicto complejo. Cuando tenían la oportunidad de debatir a fondo todas las aristas del tema, optaron por la salida rápida, y favorecieron a la recolectora de residuos.
