Casa para el gobernador

Hace pocos días, se difundió la información de que existe la "intención política", aunque no todavía la "decisión política" -según la evasiva respuesta del ministro de Economía- de que el Estado provincial adquiera una casa para residencia del jefe del Poder Ejecutivo. La versión suscitó sorpresa y desagrado en muchos sectores de la ciudadanía, y no puede ser para menos. La apreciación más superficial estaría indicando un contrasentido entre la situación económica de la Provincia y la necesidad de contención de sus gastos, con una inversión suntuaria de ese tipo, cuya justificación resulta inconsistente.
Desde que existe en Tucumán la división de los tres poderes, los gobernadores residieron en las casas que tenían al ser elegidos. Algunas eran confortables y hasta suntuosas, y otras llamativamente modestas. Pero, en cualquier caso, tales eran sus viviendas, y la condición de gobernadores no los movió a mudarse de ellas.
En 1912 se inauguró el Palacio de Gobierno, con un amplio sector destinado a "residencia". En algunas ocasiones, allí se alojaron visitantes ilustres (como el presidente Roque Sáenz Peña), pero sobre todo sirvió holgadamente para los agasajos que el Poder Ejecutivo quería ofrecer a sus visitantes. Ello aparte de los breves tramos en los que algunos comisionados federales habitaron allí por algunos meses.
El precedente tuvo una ruptura en 1991, cuando el gobernador Ramón Bautista Ortega alquiló una casa en Yerba Buena, pagada por el Tesoro de la Provincia. Otro tanto hizo su sucesor, Antonio Domingo Bussi. Pero el siguiente, Julio Miranda, derogó ese privilegio, y con razón.
No tiene por qué el Estado costear la casa donde habita el primer mandatario, ya que se supone que el mismo tiene vivienda, puesto que reside en la provincia, de acuerdo con el requisito constitucional. Y si entiende que su nuevo "status" le exige una casa de otras características, obviamente debe pagarla con las sumas que el Estado le abona mensualmente por su gestión.
Sin duda que la condición de gobernador exige, muchas veces, agasajos que acaso requieran un ámbito más cómodo y amplio que el de su casa de familia. Precisamente para eso está la "residencia" de la Casa de Gobierno, que cuenta con los salones y dependencias adecuados para tales menesteres. Si fue apta para alojar dignamente a presidentes de la República, no se advierte por qué pueda considerársela insuficiente en la actualidad.
Todas estas consideraciones son bastante obvias, y debieran ser tenidas en cuenta para desechar una iniciativa que no condice ni con la situación económica de la provincia, ni con la austeridad republicana que los gobernantes tienen deber de observar. Uno de los mejores mensajes relativos a esa austeridad que puede emitir el Poder Ejecutivo, es evitar toda erogación que no resulte indispensable para la buena marcha de su administración; y en especial, aquellas que rocen el terreno de lo suntuario y de lo personal, como es precisamente el caso que motiva este comentario.En una provincia que tiene tantos requerimientos insatisfechos, en los más diversos órdenes, por dificultades en su presupuesto, esas razones adquieren aún mucho mayor peso y no pueden de manera alguna soslayarse.
Es de esperar, entonces, repetimos, que la poco feliz iniciativa de adquirir una residencia para la autoridad gobernante sea descartada de plano, y que la suma destinada a ese propósito se aplique a objetos más compatibles con las necesidades de los gobernados.