Un regalo que genera incertidumbre en la economía

El aporte no remunerativo de $ 100, definido por decreto nacional y con vigencia a partir del 1 de enero de 2005, significó una dura estocada para el manejo financiero, tanto del sector público como de las empresas privadas. No obstante, el impacto en uno y otro sector es disímil. Mientras en el Gobierno afirman que aún hay margen para otorgar la suba salarial para unos 48.000 de los casi 70.000 estatales tucumanos, en las compañías temen que el incremento conspire contra el plan de inversiones previsto para el año que se avecina.
Sin embargo, funcionarios y empresarios coinciden en que un nuevo cambio en la política salarial de la Argentina, como el denominado Plan Feliz Navidad, puede profundizar la incertidumbre acerca del desenvolvimiento de la economía en 2005. Pese a ese pronóstico, desde el Gobierno nacional se afirma que, ante los resultados obtenidos en este 2004, resulta imprescindible brindar una mayor participación en las ganancias a los sectores asalariados y, a la vez, fomentar el consumo interno en el país.

Efectos futuros
En Tucumán, el gasto extra en salarios representará unos $ 200 millones para el año venidero. Esto es fruto del aumento del salario mínimo, vital y móvil otorgado a mediados de año, de la suba del 50% en las asignaciones familiares y del último aporte no remunerativo del sector público.
Hasta ahora el impacto en las finanzas es de efecto neutro debido al fuerte ahorro con el que cerrará el presente ejercicio fiscal. Además, el Gobierno prevé una reducción del 15% en las partidas presupuestarias de todas las áreas del Estado.
Pero, un eventual nuevo incremento salarial, afirman los técnicos del Ministerio de Economía, implicará la reducción del plan de obras públicas.
Por el lado de las empresas, las críticas sobre la política salarial adoptada por el presidente Néstor Kirchner, son casi coincidentes. El presidente de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), Héctor Ledesma, no duda en afirmar que la decisión del Gobierno nacional significa una intromisión del Estado en cuestiones propias de las empresas. "En general, no estamos en contra de los aumentos, pero esas decisiones no resuelven uno de los problemas estructurales de la Argentina: el desempleo", puntualizó.
En el mismo sentido se expresó el presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), Humberto Sánchez. "Para pactar subas de salarios existen las paritarias, los sindicatos y las leyes laborales", recordó. El dirigente sostuvo que, a la hora de medir las consecuencias de la suba salarial, "no es lo mismo tomar en cuenta el ingreso promedio de un asalariado de la Capital Federal que otro del interior".
La evolución salarial del sector público respecto del privado es diferente, sostuvo Corina Paz, investigadora del Instituto de Economía Aplicada (IEA) de la Fundación Banco Empresario. La experta consideró que entre el cuarto trimestre de 2001 (cuando se desató la debacle económica nacional) y agosto de este año, el salario del sector privado varió en el orden del 47,9%. "Con ese porcentaje -medido en términos de inflación-, un empleado privado pudo recuperar en parte el deterioro salarial que le produjo la crisis", evaluó. En cambio, los trabajadores estatales tuvieron subas del 10,6% promedio en el mismo período. "Los últimos aumentos -anunciados este año- permiten a un agente del sector público recuperar un 30% del valor de su salario, previo a la crisis cambiaria", agregó Paz.

Las reformas estructurales
En general, en el sector privado prevalece una gran heterogeneidad de las unidades de negocios. En efecto, los empresarios coinciden en que la incidencia de los aumentos en las remuneraciones dependerá del tamaño de una compañía. Un estudio efectuado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) afirma que aquellos sectores con menor cantidad de empleos no les afecta el gran aumento de la rentabilidad que les generó la devaluación. Distinto es el caso de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME) consideradas, en la actualidad, como las grandes generadoras de mano de obra.
El informe de Idesa dice que las posibilidades de recomponer ingresos, especialmente cuando se propicia en el país un tipo de cambio muy alto, depende de acciones mucho más complejas que el simple trámite de sancionar un decreto. "En el sector público sólo será posible si es que hay una gestión más eficiente en la recaudación y en la administración del gasto. En el privado, en tanto, depende de un programa de reformas estructurales que estimule ganancias por productividad y reducción de sobrecostos", concluye el diagnóstico.