Las provincias tendrán en 2005 una preocupación adicional respecto del desenvolvimiento de sus finanzas. El presidente Néstor Kirchner les dio una dura estocada a los gobernadores condenándolos a pagar una millonaria deuda previsional.
El jefe de Estado del país vetó totalmente un proyecto de ley, impulsado por el diputado tucumano Roque Alvarez, por el que se preveía la eximición del pago de más de $ 730 millones a 11 distritos que transfirieron a la Nación sus sistemas de jubilaciones. El reclamo de pago había sido encabezado por dos organismos federales (la ANSES y la AFIP) que entendieron que, por las contribuciones patronales, las provincias debían aportar por una alícuota del 16% y no del 10,17%, como lo venían realizando.
En el caso de Tucumán, la abultada deuda asciende actualmente a $ 93 millones, una cifra superior al aumento no remunerativo que hoy anunciará el gobernador José Alperovich para que rija desde el 1 de enero de 2005 y que beneficiará a los estatales tucumanos.
En los considerandos del veto presidencial, publicado ayer en el Boletín Oficial, mediante el decreto 1.850/2004, la Nación sostiene que, de sancionarse la norma (registrada con el número 25.969), se afectarían los recursos del sistema previsional y, con ello, los derechos de los beneficiarios de ese régimen. Sin embargo, la ANSES no incluyó en el Presupuesto 2005 el cobro de esa acreencia, ni las provincias lo presupuestaron en sus ejercicios del año entrante como suma a pagar.
Más aún, el no pago de esa alícuota previsional no impactó en el régimen previsional hasta ahora. Tucumán, como muchas de las provincias que se hubieran beneficiado con la medida, brinda cobertura social y asistencial a sus agentes. En otras palabras, cuenta con una obra social estatal -como el Subsidio de Salud- que ampara a sus empleados públicos, mucho antes de 1996, cuando se transfirió la caja de jubilaciones provinciales. En Tucumán, el aporte patronal se compone precisamente sólo con el 10,17% para el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones; otro 4,5% se destina como aporte al Subsidio de Salud y, finalmente, un 0,6% se orienta a la Administradora de Riesgo de Trabajo (ART).
Fortaleza o debilidad
Cumplido el paso legislativo -tanto Diputados como el Senado avalaron la iniciativa de condonación de deuda-, llegó el turno de la fortaleza o debilidad política de los gobernadores de enfrentar a la Casa Rosada por un compromiso no previsto en el Presupuesto.
Con el veto presidencial se reactivan las acciones legales iniciadas por los letrados de los organismos federales para cobrar la deuda a cada uno de los distritos que traspasó su régimen previsional. Mientras se define la cuestión judicial, Tucumán tendrá que ir previendo el pago de $ 3 millones mensuales por la diferencia de la alícuota.
La administración kirchnerista toma decisiones sin consulta previa a los afectados; en este caso, los gobernadores. Sucedió este año con los aumentos salariales anunciados en mayo y hace pocos días. El Gobierno nacional avanzó con las medidas, tendientes a incrementar el consumo, sin brindar un paraguas financiero a los distritos del interior para que se sumen a un aumento largamente esperado por los empleados públicos. El gobernador José Alperovich eligió afrontar el gasto en personal adicional con el superávit fiscal.
No obstante, guarda en su manga una carta que, con el paso de los meses de un año electoral, sacará en la mesa del poder central. Si las luces amarillas mutan a rojas, Alperovich solicitará a Kirchner entre $ 20 millones y $ 30 millones por fuera del préstamo previsto para el convenio bilateral (ex PFO) 2005. Todo un riesgo frente al manejo político que demostró Kirchner ante los gobernadores leales y no afines a su corriente política.
