La más grave corrupción

El reciente informe anual de Transparencia Internacional, "Barómetro Global de la Corrupción 2004", sobre una encuesta de Gallup, ha denunciado un nuevo descenso en la calificación de la Argentina hasta quedar colocada segunda de Ecuador en la escala mundial. La investigación concierne a una diversidad de instituciones y actividades de las 64 naciones investigadas, mas la difusión y los debates provocados en nuestro país se han centralizado en la gestión política, por ser la más afectada de la vida pública nacional. El concepto de corrupción se suele focalizar frecuentemente entre nosotros en el soborno y en la apropiación indebida de dinero o bienes públicos, pero es considerablemente más amplio. En la Argentina coexisten desde hace muchos años dos clases de corrupción: la que transgrede normas penales o reglamentarias concretas, y la calificada como estructural por hallarse amparada en determinada normativa cuya imperfección o anacronismo impide el control y la regulación adecuada de los actos públicos. La perduración de la segunda durante largo tiempo en numerosos sectores de la vida pública ha establecido estilos de administración inadecuados, cuando no inmorales, frente a los que la sociedad reacciona frecuentemente con respuestas no menos irregulares.
La crisis excepcional, cuyas consecuencias perduran, agravó esos aspectos más profundos de la corrupción estructural y sus consecuencias; resolvió, a poco de asumir el actual gobierno, encarar un plan federal con el asesoramiento, precisamente, de Transparencia Internacional. Las líneas de ese programa -anunciado por el ex ministro Gustavo Beliz- apuntaban a la publicidad del gasto público, el control de los organismos que reciben o administran recursos, y el financiamiento de los partidos y de los fondos electorales, dentro de un vasto temario donde el control ciudadano de la gestión pública ocupaba un lugar especial. Ninguna de esas cuestiones por encarar fue consecuencia de la depresión y la crisis, sino que, inversamente, en la gran mayoría de los casos la dura coyuntura histórica del país tuvo orígenes en ellas. Salvo el sistema de nominaciones de jueces para la Corte Suprema de Justicia, muy poco o nada ha cambiado que pueda modificar el panorama institucional afectado por esa clase de corrupción que descalifica la gestión del Estado y reduce gravemente la participación ciudadana más allá del acto electoral.
En tal sentido, puede afirmarse que los poderes públicos han contribuido más a la consolidación de la corrupción estructural que al propósito de ponerle fin. La prolongada carencia de reformas políticas; la resistencia a legislar sobre el acceso a la información; la delegación masiva de facultades por el Congreso; los abusivos decretos de necesidad y urgencia sin reglamentar; el descontrol de los gastos reservados, y la regular sumisión de los oficialismos parlamentarios al gobierno de turno en desmedro de la representación ciudadana, son testimonios de cuán alejados de la transparencia republicana transcurren los mensajes políticos desde el poder. Esa corrupción y no la transgresora de normas penales que debe tener corrección puntual en la Justicia, es la que descalifica a nuestra clase política como tal e impide que la Nación aborde sus cuestiones trascendentes como políticas de Estado. Es razonable que esa encuesta evidencie en nuestro caso una descalificación de tal naturaleza, pues se trata, por último, de juzgar a un sistema de militancia democrática donde las organizaciones básicas, los partidos, mantienen cerrado el acceso a generaciones sucesivas. Afectadas la República, por el condicionamiento del Congreso al Poder Ejecutivo, y la democracia por las carencias de la representatividad ciudadana, la corrupción estructural sigue impidiendo la recuperación de los valores constitucionales.