Ese adversario electoral llamado aumento de precios

Para el Gobierno nacional, los reajustes de las tarifas de servicios, la suba de alquileres y los mayores costos en salud y en educación pueden ser tan necesarios para este momento como también con un impacto lejano en el humor social para el electorado que deberá votar en las PASO de agosto y en las generales de octubre. Para las provincias, en tanto, los incrementos que se vienen son piantavotos, en lo que poco y nada pueden realizar en esas jurisdicciones porque no dependen de la decisión de un gobernador, sino del poder central que, en muchos casos, es de igual color político.

Los adversarios electorales son tan inevitables como temidos. El incremento en el precio de las naftas continuará porque en la Secretaría de Energía han establecido un sendero de aumentos para recomponer el precio de tal vez el producto con mayor impacto en el índice de precios al consumidor por el efecto de su ola expansiva. Marzo vendrá con una suba de al menos un 3,8% tal como ha sucedido durante febrero. Y es probable que continúe en esa senda hasta el 14 de mayo (fecha de las elecciones en Tucumán) y un poco más allá, antes de las PASO. Pero ese no es el único escollo que encontrará la política oficialista local en su camino a las urnas.

La secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, anticipó que habrá una suba del 28,3% en las boletas del gas para aquellos usuarios de ingresos medios y altos, una franja poco propensa a votar el peronismo en las elecciones y a la que el oficialista Frente de Todos intenta seducir con candidatos nuevos que muestren ciertos cambios de rostros y de políticas.

La educación privada se encareció y ni que hablar de la salud. En el primer caso, si bien el Gobierno nacional ha propuesto incluir las cuotas en el programa Precios Justos, a los propietarios de los colegios les resulta imposible sostenerse bajo esquema en medio de tantas variaciones en insumos como la energía. Lo dicen cada vez que un padre va a consultar de cuánto será el impacto de la suba, pero mucho más cuando llega la boleta (se estima aumentos del 16% este mes y de entre un 3% mensuales promedio hasta junio). Las matrículas de inscripción no bajan de los $ 30.000 por alumno. Puede imaginarse cuánto tendrá que gastar si se trata de dos, tres o más niños o adolescentes. Esto sin tomar en cuenta los aumentos en útiles escolares y en indumentaria o uniformes (superiores al 100% interanual). En el caso de las prepagas, desde el mes que se fue se actualización de acuerdo con el índice de variación salarial (Ripte). Ese incremento podría estar en el orden del 7%. Por un plazo de 18 meses, el incremento tendrá como tope máximo el 90% de este índice correspondiente al mes anterior, para quienes tengan ingresos netos inferiores a seis salarios mínimos, vitales y móviles ($ 417.000 en marzo).

Un escenario adicional lo padecerán aquellos que alquilen una vivienda. En marzo se actualizan contratos anuales y los aumentos rozan el 90% si se actualiza de acuerdo con la Ley de Alquileres, un esquema que combina la evolución de dos indicadores: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el de los salarios (Ripte).

Según Ecolatina, esto origina una paradoja para el Gobierno durante el año electoral. El mecanismo para aceitar paritarias y que vayan al mismo ritmo que la inflación es quizás el principal factor que ayudaría a sostener cierto nivel de consumo privado -focalizado en los servicios-, posiblemente el único componente del PBI que podría evitar terminar en rojo este año. Sin embargo, el hecho de que los sectores más postergados no recuperen el terreno perdido y más aún, vuelvan a ceder, profundiza las necesidades de asistencia social en los sectores más bajos en un contexto de fuerte administración de los recursos públicos en el marco del compromiso de reducción del déficit fiscal acordado con el FMI, puntualiza la consultora.

No hay dudas de que el oficialismo volverá a plantear, en este año impacto de expansión del gasto público, el viejo juego de la frazada corta, donde no sólo hay que pasar el invierno (previa escala en distritos como Tucumán donde se vota en otoño), sino llegar sin mayores sobresaltos económicos hasta el 10 diciembre, sin que la inflación siga siendo el estigma del poder adquisitivo de los argentinos.