La Ley Lucio quedó en medio de las tensiones políticas

En el contexto de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), la Cámara de Senadores debería avanzar con el tratamiento de uno de los proyectos que quedó truncó el año pasado y que en este 2023 tomó notoriedad por los avances judiciales en el marco de la causa. Al proyecto de la Ley Lucio solo le hace falta el visto bueno de la cámara alta, pero su tratamiento todavía es una incógnita en el Congreso porque todavía no hubo actividad en las dos primeras semanas de sesiones extraordinarias.

Ahora bien, la iniciativa obtuvo la media sanción de Diputados a principios de noviembre del año pasado, y luego recibió dictamen en un plenario de comisiones del Senado. Es decir, está en condiciones de pasar al recinto, donde el oficialismo tiene mayoría -con ayuda de aliados permanentes- para iniciar una sesión sin necesidad de la oposición. Incluso, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, se hizo eco de la ausencia de movimiento en el Senado y cargó contra los bloques opositores. “El Congreso está funcionando. No podemos creer que la oposición sea capaz de dejar sin tratar temas tan importantes como la Ley Lucio o la moratoria previsional, solo porque estén encaprichados en defender a los jueces de la Corte”, lanzó.

Sin embargo, el presidente Alberto Fernández no había incluido este proyecto en el temario de sesiones y solo lo hizo al cierre de la semana pasada, tras el reclamo de diputados de distintas bancadas y de la familia del niño asesinado en La Pampa, en 2021.

Los representantes de la provincia en el Senado son optimistas sobre el futuro legislativo del proyecto y entienden que si hay una sesión en este mes se lograría la sanción definitiva, teniendo en cuenta que ya se le dio despacho al proyecto en las comisiones de Población y Desarrollo Humano y Educación y Cultura.

Aspectos claves

Según el diputado Martín Maquieyra (PRO), uno de los autores del proyecto, la iniciativa cuenta con tres puntos clave. Por un lado, promueve la capacitación a empleados del Estado que trabajen en relación a la niñez para poder reconocer si un chico es víctima de abuso. La modalidad de la capacitación podrá ser online o presencial, mientras que la cantidad de horas y otras cuestiones serán definidas por el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (Cofenaf) y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Una segunda cuestión apunta a que los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente o funcionario público puedan denunciar de forma anónima las vulneraciones a los derechos de los niños. De hecho, la ley 26.061 obliga al personal de salud y la educación a denunciar pero por miedo a posibles represalias, muchas veces no lo hacen.