Las chicanas le ganaron al debate parlamentario

La jornada para analizar el proceso contra los jueces de la Corte quedó opacado por la puja política entre oficialistas y opositores.

EN ACCIÓN. La primera reunión se extendió por casi cuatro horas y atravesó momentos tensos durante los cruces verbales de los legisladores. EN ACCIÓN. La primera reunión se extendió por casi cuatro horas y atravesó momentos tensos durante los cruces verbales de los legisladores.

La primera jornada de debate parlamentario en torno al juicio político a los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia no quedó al margen de la tensiones políticas, y lo que predominó en la comisión de trabajo fueron las chicanas entre los miembros del Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC).

La presidenta de la comisión, la entrerriana Carolina Gaillard, repasó los 14 proyectos de resolución presentados en el último tiempo y detalló las denuncias de delitos que contienen cada uno contra los integrantes del máximo órgano judicial del país. “Voy a garantizar que esta comisión se ajuste en su funcionamiento a lo que establece la Constitución Nacional (CN), el reglamento de esta cámara y el reglamento interno específico de esta comisión”, aseguró la dirigente oficialista. Y aclaró: “el juicio político no es un juicio penal. Nosotros, como Cámara de Diputados, no tenemos facultades jurisdiccionales como tiene la Justicia”.

Roces

Las acusaciones cruzadas estuvieron a la orden del día y Omar de Marchi, dirigente del PRO y vicepresidente de la Cámara baja, fue el primero en calificar de “circo” la decisión del oficialismo de discutir las acusaciones contra los magistrados. Y apuntó contra el oficialismo, pero sobre todo al presidente Alberto Fernández, de utilizar el tema para desviar la atención de la situación económica que atraviesa el país, y como represalia por los fallos que declararon inconstitucional la composición del Consejo de la Magistratura y favorecieron a la Ciudad de Buenos Aires en su pelea con el Poder Ejecutivo por los fondos de la coparticipación federal.

La réplica no tardó en llegar. El jefe del bloque del FdT, Germán Martínez, fue el encargado de responderle al dirigente mendocino y de manera enfática expresó: “no venimos a montar ningún circo. Venimos acá a plantear un camino previsto en la Constitución Nacional”. Y consideró que el simple hecho de que se hayan acumulado 14 proyectos que piden el inicio del juicio político a los magistrados indica que se trata de una situación de gravedad extrema. “Hay sospechas no solo de imparcialidades y arbitrariedades, sino también de persecución política”, agregó.

El proceso

La siguiente reunión será el 2 de febrero y allí los diputados recibirán a los autores de proyectos para que expongan sus posturas y argumentos. Una semana después se tratará el informe de admisibilidad, que evalúa si hay sustento o no en las denuncias para avanzar y abrir la etapa sumaria (es decir, la apertura a prueba para que se produzca la prueba ofrecida en las denuncias y otra que la comisión establezca, que sea útil para esclarecer los hechos).

“En caso que el informe de admisibilidad sea favorable estaríamos en condiciones de dictaminar la acusación o no, que es lo que iría al pleno del recinto oportunamente”, puntualizó la presidenta de la comisión de Juicio Político. Y subrayó que “la causal de mal desempeño que se está denunciando en la mayoría de los proyectos es una causal prevista en la Constitución Nacional para apartar del cargo o de sus funciones a aquellos funcionarios que no estarían desempeñándose bien”, destacó parlamentario.

En relación a esto, el vicepresidente de la comisión y dirigente de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, pidió convocar a “una serie de invitados para discutir la admisibilidad” porque consideró que las últimas causales ingresadas “son manifiestamente inadmisibles”. “Queremos discutir con rigurosidad con juristas y asociaciones de magistrados”, planteó el legislador.

Mayoría circunstancial

Teniendo en cuenta la paridad de fuerzas en el Congreso, el mayor escollo que tendrá este tema se presentará en el recinto cuando deba tratarse por el pleno del cuerpo. Allí se necesitan el voto de los dos tercios de los presentes que exige la Constitución para que la acusación de un juicio político pase al Senado, que oficia de tribunal de sentencia en estos casos. Pero, de momento, en comisión el oficialismo tiene asegurado el inicio de los procesos. Con 16 diputados sobre un total de 31 miembros, ostenta una mayoría absoluta que le permitirá imponerse en las votaciones. Lo mismo ocurrirá ante cada pedido de testigos y pruebas.

Acusaciones

Desde el oficialismo sostienen la necesidad de avanzar con el juicio político a raíz de varias sentencias de la Corte que “demuestran parcialidad y arbitrariedad” y ante eso fundamentan el mal desempeño de los magistrados en el cumplimiento de sus funciones. Eduardo Valdés, que encabeza la acusación impulsada por el oficialismo, acusó a la Corte de haber actuado con parcialidad en el juicio por los fondos de la coparticipación que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires, al no atender el pedido de los 14 gobernadores peronistas para que sean tomados como amicus curiae en la causa.

¿Cómo sigue el caso?

- El 2 de febrero la comisión recibirá a los autores de proyectos para que expongan.

- El 9 de febrero será momento de tratar el informe de admisibilidad.

- La comisión analizará los 14 proyectos presentados por legisladores, particulares y organizaciones.

- JxC buscará rechazar de forma in limine el proceso argumentando la inconsistencia de la acusación.

- Cuando se conozcan los hechos, la Cámara de Diputados estará habilitada a recibir a los jueces de la Corte para que se defiendan de las acusaciones.

Tamaño texto
Comentarios
Comentarios