Si algo sobrará en la economía durante este último mes del año, eso será pesos. La emisión monetaria otra vez será protagonista en una gestión que no encuentra la manera de encarrilar la macroeconómica, en una Argentina con 100% de inflación, con raquíticas reservas en el Banco Central y con compromisos en moneda nacional que se irán acumulando de acuerdo con las necesidades financieras de una caja en crisis. El “dólar soja 2” le permitirá al presidente Alberto Fernández y a su ministro de Economía, Sergio Massa, ganar un poco más de tiempo, pero a un costo elevado: más emisión para cumplir con esa sistema que contempla un tipo de cambio de $ 230. Pero hay otro elemento que se suma a esta sobrecarga de impresión de billetes: el pago de intereses sobre los pasivos remunerados, es decir, los instrumentos de regulación monetaria que el Banco Central le coloca a los bancos para administrar el dinero en circulación. “Absorber la base monetaria no es gratuito: en casi 11 meses la factura de intereses superó los $ 2,7 billones, es decir, 3,4% del Producto Bruto Interno (PBI)”, señala el reporte semanal de GMA Capital.
Los desequilibrios macroeconómicos ponen los pelos de punta a más de un industrial. Por la escasez de dólares y producto de los cepos cambiarios, varios establecimientos fabriles están analizando la posibilidad de licenciar masivamente a su personal por falta de insumos que, en gran medida, llegan del exterior y hay que pagar con la divisa estadounidense que hoy no se cuenta. Por ahora no hay anuncios, pero sí comentarios entre ejecutivos y funcionarios. Tucumán no estaría ajena a esa situación, aunque gran parte de las industrias madre están en épocas de interzafra. Por las dudas, la gestión del gobernador interino Osvaldo Jaldo abrió el paraguas y anunció esta semana que pasó que subsidiará con $160 millones el pago de aportes para que 10.000 obreros que no ingresaron a los programas federales interzafra accedan a un beneficio entre este mes y enero. Contiene la demanda insatisfecha de actividades como el citrus, el azúcar y la alimentación. La calma se trastocó, sin embargo, este viernes, cuando Unidad Piquetera protagonizó una Jornada Nacional de Protesta que impidió el libre tránsito de vehículos y personas por sectores neurálgicos de la provincia. Automáticamente, Jaldo pidió a la ministra de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, que gestione el levantamiento de la medida de fuerza y que advierta sobre las consecuencias jurídicas si no se respetaba el derecho al libre tránsito, más allá del de peticionar a las autoridades. La Casa de Gobierno quiere evitar cualquier tipo de sofocón social al cierre de un año complicado en materia macroeconómica, con una inflación que comió aceleradamente el poder adquisitivo de la sociedad. Gran parte de la dirigencia de las organizaciones civiles, que suelen manifestarse en cercanías al Palacio de Gobierno, ya fueron contactadas por los funcionarios, que prometieron que habrá contención económico para garantizar la paz social. La mayor apuesta del sector público ha sido el desembolso en los próximos 40 días de unos $ 65.000 millones en el pago de dos planillas salariales, de las dos cuotas restantes del bono extraordinario estatal y en los aumentos salariales a los casi 110.000 agentes públicos. La difusión del cronograma de pagos llevó una relativa tranquilidad y previsión a gran parte de los empleados públicos, pero también al sector comercial que, más allá de los fuertes reajustes en los precios de los artículos navideños (superan en muchos casos el 100%), esperan recuperar parte del terreno perdido en este 2022. Para reforzar este clima de tranquilidad relativa, el Gobierno se dispone a lanzar mañana el tradicional plan de seguridad para esta época. No quiere dejar nada librado a la suerte de un país en crisis.