Monitorear el poder

Desde 1990, la licitación del servicio de recolección de la basura que se genera en la ciudad de Tucumán ha estado teñida por la polémica, tanto en la faz técnico ambiental como en la administrativa. Por eso, la concejala Carolina Vargas Aignasse (PJ) acaba de sugerir que un "observatorio" de la sociedad civil monitoree la próxima etapa licitatoria.
Vargas Aignasse propone que se forme una comisión de "veedores externos" con representantes de la Iglesia, de los colegios profesionales, de los empresarios, y de las tres universidades (UNT, UNSTA y UTN) a fin de que realice el seguimiento del proceso que arrancó el 13 de octubre, cuando ingresó en el Concejo la propuesta del Departamento Ejecutivo para licitar el servicio de barrido y recolección de los residuos sólidos urbanos. Ese pliego está sujeto, de todos modos, al proceso de selección (desde la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia) de un predio para la disposición final de los residuos del Gran San Miguel de Tucumán. Pero el pliego licitatorio del municipio debería estar listo antes de octubre de 2005, ya que entonces vence la prórroga de la concesión que se le otorgó el mes pasado a Transporte 9 de Julio.
En la propuesta de la ex presidenta del Concejo se establece que una vez concluido el proceso licitatorio, la comisión deberá elaborar un dictamen sobre lo actuado y plantear, si lo considera necesario, modificaciones. Para su "observatorio", Vargas Aignasse se inspiró puntualmente en una iniciativa similar del intendente de Morón, Martín Sbatella. Pero hay experiencias de esta índole en distintos municipios latinoamericanos que, como la brasileña Curitiba, se postulan como ciudades sostenibles e impulsan mecanismos que garanticen transparencia en la toma de decisiones.
Así como hay estudios que cuestionan la operatoria de la empresa 9 de Julio, hay en circulación por lo menos un documento de técnicos de la UNT que relativiza la eficacia de la planta de Pacará Pintado, otra operadora del servicio de la basura en Tucumán. ¿A quién le cree entonces el "hombre de a pie", aquel que no es experto en cuestiones ambientales o de administración municipal, pero que como ciudadano es parte y protagonista del problema? La función del monitor intersectorial es, precisamente, la de confrontar las distintas perspectivas científicas, técnicas y cívicas; y servir de contralor y auditor a las decisiones de los poderes formales. Y la de ayudar a aclarar las dudas de ese ciudadano atribulado.
Tanta cautela para tratar el servicio de la basura se explica si se repasan los últimos 14 años de relación entre las sucesivas autoridades del municipio (y del Concejo) y Transporte 9 de Julio. Es que la empresa siempre sacó rédito de las sucesivas prórrogas o renegociaciones del contrato, pese a que no siempre tuvo una conducta ambientalmente sustentable, si se atiende a un fallo judicial por contaminación ambiental que "arrastró" también a la Municipalidad como responsable solidaria. Ante esta situación, el edil radical Raúl Pellegrini propone que la Municipalidad no pague la deuda que Transporte 9 de Julio le reclama, si antes no se resuelve la situación judicial en la que terminó involucrado el municipio.
La comisión de Labor Parlamentaria del Concejo ya analizó el pliego que envió el departamento Ejecutivo Municipal. En la propuesta de la intendencia se incluye también el tratamiento de los residuos peligrosos y patógenos, hecho al que inicialmente se oponían los concejales peronistas Oscar Cano y Armando Cortalezzi (PJ). Ambos consideraban que ese servicio ya está cubierto por Transporte 9 de Julio, que habilitó hornos pirolíticos en Los Vázquez. Pero pocos parecen recordar que esa empresa está obligada a ejecutar el plan de cierre técnico del basural de Los Vázquez, ese símbolo del Tucumán más oprobioso que condensa en 17 hectáreas un historial de inequidad.