Discapacidad: un laberinto de problemas

Los accidentes de tránsito, el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles y el envejecimiento de la población son algunas de las causas de un fenómeno que preocupa a las autoridades: cada vez hay más personas que viven con al menos una discapacidad.

Un reciente estudio realizado por la Dirección de Estadísticas de la Provincia muestra que 133.615 tucumanos tiene al menos una limitación; esto es, el 8,4% de la población. Se entiende limitación como toda dificultad que una persona puede tener para hacer distintas actividades; como por ejemplo para ver, aprender o caminar, explica el titular de esta repartición, Raúl García.

El relevamiento -que utilizó la base de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de Tucumán (ECVT)- se hizo en los 19 municipios de la provincia. Uno de los datos más llamativos del estudio fue que solo el 29,24% de las personas que poseen al menos una limitación tiene carnet de discapacidad. En el interior (La Cocha, Alberdi y Graneros) es donde menos personas cuentan con este certificado.

La limitación para caminar o subir las escaleras es la discapacidad que más se presenta: el 5 % de los habitantes la tiene. Casi el 2 % tiene problemas para ver, aún cuando usa anteojos o lentes de contacto. Otra limitación (para entender, recordar o concentrarse) la comparten el 1,35 %. No pueden oír bien el 1,08 % y tiene problemas para hablar o comunicarse el 0,7 %.

Al dividir el estudio por departamentos se evidencia que son las localidades del sur de la provincia las que tienen un mayor porcentaje de personas con discapacidad: Alberdi (13,96%) y la Cocha (13,48%). No es la primera vez que las autoridades evalúan esta situación y sostienen la hipótesis del impacto que tienen los siniestros viales sobre la población.

Dificultades

¿Por qué no se accede a algo tan importante como el certificado? La primera dificultad es el desconocimiento. “Muchas personas no saben que un certificado de discapacidad abre muchas puertas; es un derecho fundamental que está para mejorar la calidad de vida de las personas con limitaciones”, expresó la directora de la Junta de Evaluación de Discapacidad, doctora Hortensia Juárez.

Este carnet -según detalla- es el documento que abre las puertas a las prestaciones básicas para la rehabilitación de las personas con limitaciones. Además, garantiza todo tipo de apoyo, estimulación temprana, integración escolar, transporte, entre otras cosas.

Juárez detalla que hay más de 70.000 tucumanos con carnet de discapacidad. Por lo tanto, para ella, es poco decir que solo el 30 % de las personas con limitaciones tienen este documento. “La demanda es muy grande. Atendemos 300 turnos por día”, explica. La funcionaria no desconoce el incremento de las discapacidades. “Aumentó por accidentes y por enfermedades discapacitantes, principalmente por ACV. También por autismo. Tenemos muchos casos de limitaciones visuales”, especificó.

Lo que sí aclara Juárez es que el certificado es un acto voluntario; no es obligación tenerlo. Sí reconoce que hay mucha falta de información, especialmente en el interior. “La gran mayoría de los carnets son de la capital. Estamos saliendo al interior para llevar información y facilitar el trámite a las personas. Lo más importante es la sensibilidad; ponerse en el lugar del otro y ayudar, señaló la funcionaria, Actualmente la sede central para tramitar el carnet está en la calle Alberdi al 400. Pero próximamente se mudarán a Santa Fe al 900.

María del Valle Tolra, directora de Discapacidad de la provincia, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, también reconoce que hay personas que no saben o no pueden buscar ayuda para afrontar su discapacidad.

A través de la línea 102, según cuenta, a diario reciben llamados de vecinos que denuncian casos de personas que sufren limitaciones y que necesitan ayuda. “Recurrimos a esos lugares, los asistimos y también los asesoramos para que puedan acceder a todos derechos a través del certificado. Algunos casos son de personas que se cayeron y quedaron inmovilizadas o sufrieron una enfermedad que les dejó una discapacidad”, explica.

Vulnerables

“El problema es que hay mucho desconocimiento. En las zonas vulnerables, muchas personas ni siquiera saben que existe un certificado de discapacidad. Es más, hay gente que vive con una limitación y cree que eso es algo normal. Esto suele ocurrir en contextos de mucha necesidad. Pienso que hay que salir a recorrer y concientizar a estas personas, ayudarlas a acceder a sus derechos”, explica Juan Manuel Posse, abogado especializado en temas de discapacidad. Y remarcó que faltan campañas que promuevan y difundan la realización del certificado de discapacidad.

Más allá del carnet, el abogado sostiene que el mayor inconveniente que tienen los discapacitados en la actualidad son las prestaciones para las distintas rehabilitaciones que necesitan y que les corresponden por derecho.

“La burocracia se ha vuelto una técnica administrativa para recortar derechos a nivel nacional y también en nuestra provincia, donde sobran los ejemplos. Hay niños que tuvieron recién en junio la designación de las docentes de apoyo a través del decreto del Ministerio de Educación. Hay familias a las que se les adeudan los geriátricos, cuidadores y transporte por parte de la provincia, con demoras en algunos casos de más de seis meses. Otro caso común: personas que tramitan sillas de ruedas en el Subsidio de Salud y, cuando obtienen la resolución, ya se actualizaron los presupuestos; por lo tanto las ortopedias no las proveen. Hay centros de asistencia y profesionales que cobran en algunos casos menos de la tercera parte de lo que dispone el nomenclador nacional”, enumeró.

Precisamente, por estas mismas razones los profesionales y familiares de personas con discapacidad se movilizaron ayer, una vez más, en la plaza Independencia para expresar su enojo ante la falta de pago a los prestadores de servicios para personas con limitaciones. En algunos casos, les deben desde marzo o abril, según dijeron. Por lo tanto, muchos de los especialistas que realizan terapias decidieron suspender las prácticas. Nora Guerrero, por ejemplo, mostró su angustia ante esta situación. Ella es mamá de dos hijos con autismo. “Ellos necesitan rehabilitación; no se les puede cortar. La fonaudióloga interrumpirá las prestaciones porque no le pagan desde abril”, señaló. “Es muy difícil afrontar el día a día, el estigma social que se vive, la falta de prestaciones y renegar constantemente por la obra social: que si aprueba o no la terapia, o si la acorta desobedeciendo la órdenes de una médica tratante”, enfatizó.

Existen muchos desafíos, según los especialistas, teniendo en cuenta que seguirán aumentando las discapacidades. Pero hay dos cosas que no pueden esperar: las prestaciones y los certificados.