“Se compromete la rehabilitación de muchas personas”

Desde comienzos de esta semana, los profesionales prestadores de servicios para discapacitados y familiares han realizado distintas manifestaciones para reclamar por demoras en los pagos que deberían haber recibido de las obras sociales a las que facturan. Representantes de centros de día, ONGs y transportistas se reunieron con la directora de Discapacidad de la provincia, María del Valle Tolra, quien apoyó los reclamos.

“Esta situación compromete la rehabilitación de muchas personas con discapacidad, sobre todo los niños. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y ser intermediarios para que este reclamo llegue adonde tiene que llegar”, explicó la funcionaria, que depende del Ministerio de Desarrollo Social.

Además de hacer visible la falta de pago en el sector, los manifestantes también expresaron su preocupación ante versiones que circularon acerca de la creación de un supuesto Fondo Nacional para la Cobertura de las Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. Esa medida quitaría la validación, auditoría y pago de las prestaciones de la órbita de las obras sociales para llevarlas a la Agencia Nacional de Discapacidad, un organismo descentralizado que dependen de la Secretaría General de la Presidencia. Ante esa versión, cerca de 190.000 personas ya expresaron su rechazo ante tal posibilidad en la plataforma Change.org.

La movilización también ocurre en un contexto de ajustes promovidos por el Ministerio de Economía que puso en alerta al sector. No obstante, las autoridades ya desmintieron haber realizado recortes. “Ante versiones respecto a que decisiones de este Ministerio involucran recortes en áreas de discapacidad, es nuestro deber informar que las modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores no afectan a dichas áreas”, señala el Ministerio que dirige Sergio Massa. Y añadió: “Por lo tanto, este Ministerio no es responsable de la falta y atrasos de pagos que aducen algunos prestadores, y será responsabilidad de las jurisdicciones correspondientes dar las explicaciones del caso”.

Los profesionales tucumanos que prestan servicios a unas 8.000 personas con discapacidad afiliadas a obras sociales sostienen que no cobran desde hace 60 y hasta 120 días. Por lo tanto, muchos decidieron suspender sus prestaciones. La Agencia Nacional de Discapacidad adjudicó el retraso a “problemas operativos”.