El escándalo de Bella Vista

Suele decir un antiguo refrán: "pueblo chico, infierno grande". El 29 de octubre pasado el escándalo y la vergüenza se instalaron en Bella Vista. Durante una reunión del Concejo Deliberante, varios de los ediles se acusaron mutuamente a los gritos de corrupción de menores, venta y consumo de drogas. El lunes 1 de noviembre, el intendente de esa ciudad dijo que a lo sumo podía existir alguna venta de porros. La historia prosiguió con más denuncias anónimas de vecinos que desnudaron hechos de corrupción de antigua data en el seno de esa comunidad. También se puso en evidencia el miedo en que vive esa sociedad, cuyos ciudadanos -en su mayoría- están amordazados porque trabajan en la Municipalidad o reciben planes sociales. Quienes se animaron a dar la cara, retrocedieron a causa de amenazas, según dijeron. Un concejal, aparentemente avergonzado por el bochorno, acusó a tres de sus pares y presentó su dimisión. Sin embargo, en la sesión del Concejo del jueves 19/11, el cuerpo legislativo, integrado por diez ediles justicialistas, rechazó su renuncia y él mismo votó en contra de su propia decisión.
Los diez concejales de Bella Vista recibieron el 28 % (2.046) del total de votos que por ediles (7.259) se registraron en la elección provincial del 29 de junio de 2003 en esa ciudad. Las cifras, proporcionadas por la Junta Electoral Provincial, marca uno de los principales y más cuestionados defectos de la Ley de Lemas, ya que limita el grado de representatividad de los electos por el pueblo. El edil más votado obtuvo 360 votos y el menos votado cosechó apenas 167 sufragios; ello refleja la casi nula representatividad de esos concejales.
El viernes se realizó en Bella Vista una marcha del silencio. Los vecinos denunciaron que desde la Municipalidad se presionó a los empleados para que no participaran y que se entregaron bolsones con el mismo fin.Desde ese 29 de octubre, sólo hubo silencio desde el Poder Ejecutivo. La Justicia tardó 12 días en prestar atención a las denuncias. Una fiscal parecía estar decidida a investigar a los ediles, a partir de una denuncia promovida por dos legisladores radicales.
También 12 días tardó el Poder Ejecutivo -en ese momento a cargo de Fernando Juri Debo- para referirse al escándalo del pueblo de donde los Juri son oriundos. Dijo que la situación le provocaba dolor y que lo avergonzaba, y que consideraba que el hecho serviría para que los representantes del pueblo se manejaran con cordura. "Esto es consecuencia de la Ley de Lemas", afirmó y exhortó a quienes tengan denuncias a que fueran a la Justicia.
Por otro lado, Bella Vista es un ejemplo más de lo perniciosa que resultó en la provincia la aplicación de la Ley de Lemas, que fue bastardeada por la clase política. Su derogación, que se produjo el 15 de setiembre, fue celebrada con bombos y platillos. Pero a los pocos días, varios legisladores se asustaron de lo que habían hecho y comenzaron a replantear una reformulación de la norma.
Como suele suceder a menudo en este maltrecho Tucumán, se deja que el problema crezca. Quienes integran las instituciones tardan en reaccionar, ya sea porque hay demasiados intereses políticos en juego o por falta de reflejos.
Si los diez ediles bellavistenses sólo representan al 28 % del electorado; si la ciudadanía está amordazada por las presiones y amenazas de quienes detentan el poder; si la corrupción de menores, venta y consumo de drogas es realmente cierta y prosigue su camino sin que desde el Gobierno y la Justicia se investigue y se castigue a sus responsables; si un edil renuncia por cuestiones éticas y luego en sesión del Concejo, vota en contra de su propia decisión, difícilmente los representantes del pueblo podrán manejarse con cordura y, menos aún, Bella Vista podrá alcanzar la dignidad que sí tuvieron, por ejemplo, dos gobernadores y un sindicalista que nacieron en esa tierra.