El “hackeo” a la Justicia cordobesa pone en guardia a la de Tucumán

Un fantasma recorre los palacios tribunalicios de la Argentina. Es el espanto de que sufrir un ataque informático que ponga en jaque el sistema de administración de justicia, como ocurre en estos días en Córdoba.

En esa provincia, durante la semana pasada y por lo menos hasta el próximo miércoles, todas las jornadas han sido declaradas inhábiles a los fines procesales para las causas ya iniciadas que se tramitan por vía electrónica. ¿La razón? un “hackeo” mediante un código malicioso de los denominados “ransonware”, que encripta los archivos. Los “piratas” que perpetran el ataque piden un rescate a cambio de las claves para desbloquear esos archivos. 

¿Puede ocurrir una situación así en Tucumán, donde el expediente digital comenzó a implementarse a partir de 2020 y hoy es el paradigma imperante?

El presidente de la Corte Suprema, Daniel Leiva, responde que el superior tribunal está tomando todas las precauciones para evitar que eso ocurra.

“Una de las medidas emprendidas fue la realización, a fines de 2021, de una auditoria externa realizada por la Facultad Regional Tucumán de la UTN, a fin de poner a prueba la estructura tecnológica del Portal del SAE (Sistema de Administración de Expedientes), herramienta por medio de la cual los usuarios externos hacen sus presentaciones y reciben sus notificaciones, entre otros servicios. El Poder Judicial superó de manera satisfactoria esta auditoría, y la Dirección de Sistemas, responsable de los desarrollos de los sistemas informáticos del Poder Judicial y de la infraestructura que los sostiene, se avocó a trabajar en las tareas recomendadas por los auditores. Consecuentemente, se creó un área de Seguridad Informática dentro de esa Dirección, para concientizar a los agentes judiciales sobre las buenas prácticas, generar acciones de cambio cultural en la organización y asistir a los distintos equipos técnicos”, puntualizó.

En paralelo con la prevención, Leiva destaca la inversión. Subrayó que se compraron más de 1.000 computadoras de escritorio, además de componentes de actualización, para mejorar los equipos también en materia de ciberseguridad.

“La Corte, además, está construyendo su propio ‘datacenter’, uno de los más modernos de la región, con capacidad para cubrir los aspectos de seguridad física: protección de acceso, extinción de incendio, monitoreo activo de los componentes, sistemas redundantes eléctricos, etcétera. Sobre esta infraestructura se apoya el resto de componentes de los sistemas, que cubren otros aspectos de seguridad: firewalls, sistemas de backup, motores de bases de datos redundantes, sistemas de detección de intrusos y de monitoreo de red”, concluyó.