Poco parece importar al Gobierno, en estos días, el problema moral que plantea el juego. Aunque el gobernador José Alperovich diga que los locales de maquinitas instalados son antros de perdición, sigue adelante con su proyecto de permitir la instalación de la empresa Casino Club con 1.000 maquinitas en el hipódromo, con una doble finalidad. La más clara es construir a través de esta concesión un gigantesco centro de convenciones, y la otra finalidad -absurda por los términos de sofisma con que fue planteada- es combatir a las mafias del juego mediante la gran competencia que significaría esta enorme sala de juego.
La cuestión moral sí estuvo en danza desde que el arzobispo Luis Villalba criticó, hace 20 días, la idea de ampliar esta actividad que -dijo- fomenta la usura, la drogadicción y la prostitución. Sobre esto se montaron varias voces críticas, pero la respuesta de Alperovich y su ministro de Economía Jorge Jiménez fue tan singular como insólita: que se quería combatir precisamente a estos antros con más juego. El sofisma, por cierto, se diluye ante el reconocimiento de que las otras concesiones -850 máquinas entregadas a varios personajes que ya forman parte del Tucumán oscuro- no se pueden cortar y que se espera que la competencia sea la que las elimine. El Gobierno se reconoció impotente en la lucha contra la usura, la droga y la prostitución que supuestamente rodean a esos "antros de perdición", pero sigue adelante con el proyecto, en vista de que, por ahora, no ha generado marchas de protesta.
Alperovich se recuesta en la apatía ciudadana que genera este tema en una provincia muy jugadora, que tiene una quiniela oficial y una clandestina, 850 maquinitas, carreras cuadreras y riñas de gallos (reglamentados, incluso, por la Policía). Del mismo modo que hizo con el sistema de selección de jueces, usa las palabras transparencia y apertura para justificar el cambio.
"Escuchamos todas las críticas y atenderemos los reclamos que sean fundamentados", dijo el ministro Jiménez. Sabe también que la actividad ya no tiene los tintes sangrientos que tenía antes de 1991, cuando la intervención federal comenzó a legalizar el sistema.
Y también Alperovich aprovecha el desconcierto que genera el hecho de que sus palabras molestaron a los concesionarios actuales (Eduardo Curia, Roberto Sagra, Julio Figueroa, Ricardo Tabernero, Angel Ale, Horacio Cantos y Edmundo Baaclini). Sin embargo, lo que les molesta es que se habló mal de ellos, pero no se les tocó un centavo de sus intereses. En enero se decía que pagaban poco por canon y ahora se vuelve a decir que pagan poco.
De lo que no se habla mucho es de la arbitrariedad del poder. Un interventor de la Caja Popular pudo ampliar en 2003 las concesiones por diez años sin que nadie lo impida. Otro aumentó en 2004 el cupo en 300 maquinitas y el proyecto cayó cuando se hizo público. El Gobierno puede entregar sin licitación una concesión de 1.000 maquinitas por 20 años. Y afirma que va a hacer controles a la vez que reconoce que no puede hacer controles eficaces. Son demasiadas cosas inquietantes, que se pueden repetir sin oposición.
Lo cierto es que en esto se aplica una lógica en la que no hay moral. El juego da ganancias, para bien o para mal. Un mafioso, Bugsy Siegel, hizo una ciudad impresionante en el desierto con las ganancias del juego: Las Vegas. Celestino Gelsi en 1959 montó el Casino e hizo las últimas grandes obras que recuerda la Provincia. Claro que el Estado se llevaba la mayor parte de la plata, no como ahora que los concesionarios se quedan con la parte del león.
Hoy el Gobierno aplica la lógica de los hechos y se basa en la premisa maquiavélica de que el fin justifica los medios. Pero en el camino pueden quedar las secuelas de una actividad que nunca dejará de navegar entre la legalidad y la violencia, entre la diversión y la ruina.
