Perturbador debate en la Justicia

La Corte Suprema de Justicia ha dejado sin efecto un aumento general retroactivo de sueldos a octubre para camaristas, secretarios letrados y empleados del Poder Judicial de la Nación, entre el 10 y el 35%, dispuesto con unanimidad por el Consejo de la Magistratura. La enérgica decisión del máximo tribunal señaló que el organismo había incurrido en grave error de derecho, porque el apartamiento de la ley, que excede lo meramente opinable en cuanto a su interpretación, linda con la incompetencia. La sorpresiva medida del organismo, -que no incluyó a la Corte- alcanzó a 17.000 funcionarios y empleados, promoviendo además la vigencia del sistema de enganche, por el que se prevén futuros incrementos de sueldos, todo lo cual implica una partida suplementaria de 130 millones de pesos al año para la Administración General del Poder Judicial de la Nación, cuyo actual presupuesto se eleva a 715 millones. Precisamente, la Corte ordenó celeridad a su decisión para impedir que aquella "produzca efectos inmediatos que agraven la situación existente", aludiendo con ello al próximo término del ejercicio. La respuesta del Consejo de la Magistratura no se hizo esperar, al convocar un acuerdo plenario extraordinario para el próximo miércoles, en el que reiteraría su decisión y defenderá sus atribuciones para determinar la política salarial en los fueros federal y nacional.
La decisión inconsulta del Consejo se ha sumado, aunque con bastante mayor gravedad, a las diferencias que mantiene en cuestiones sustanciales con el máximo tribunal, al proceder unánimemente y sin previsión en su orden del día. Fue por ello que la Corte señaló, además, otras consideraciones no menos severas, donde la descalificación de los consejeros permite observar graves dificultades en las relaciones. Si bien el aumento dispuesto por el organismo no alcanzó al tribunal supremo ni a los fiscales, defensores oficiales y demás integrantes del ministerio público, la Corte ha reiterado en esta oportunidad enfáticamente que tan sólo ella puede disponer acerca de la política salarial para toda la Justicia, de acuerdo con la Constitución y las leyes vigentes. No por ello, seguramente, el Consejo de la Magistratura habría de desistir en su próximo plenario, pues no es la primera ocasión que resuelve sobre el mismo tema en discrepancia con el máximo tribunal, mas no con los considerables alcances de la actual. Una puerta al diálogo, sin embargo, permanece abierta con la invitación de la Corte a participar en definiciones relacionadas con cuestiones presupuestarias, aunque no siempre claras en cada ocasión que debieron plantearse.
No cabe duda, por ello, de que la sangre no habrá de llegar al río; pero no debe desconocerse también que el incidente es más que suficiente para preocupar que un poder público, el de la Justicia, debata sus problemas contribuyendo nuevamente al desconcierto de la sociedad, y no al servicio de una imagen de diálogo y negociación de los problemas. Tampoco es fácil comprender que se haya preferido actuar en conocimiento de que los jueces de la Corte responderían de la forma con que lo hicieron, pretextando que con ello fracasaría la decisión adoptada. En ese orden, deberían esperarse tanto de los ministros del tribunal supremo, como de los integrantes del organismo, comportamientos propios de quienes, por sus funciones, están obligados a discernir entre complejas alternativas. Son considerables los problemas con que actualmente se observa al Poder Judicial para no tener en consideración las consecuencias que una polémica tan sorprendente puede provocar entre quienes, desde hace demasiado tiempo, lo observan tratando de recuperar su necesaria imagen de confianza y seguridad en las decisiones.