El imputado del homicidio de Mohamed habría tenido una doble vida

La audiencia que se realizó ayer en contra de Luis Carlos Valdez (36) no sólo sirvió para que se le dictara la prisión preventiva por cinco meses por el crimen de Antonio Mohamed (79), sino que fue útil para demostrar la vida que habría llevado. Usaba dos identidades diferentes; habría mantenido una relación sentimental basada en engaños; tenía un trabajo ilegal; fue denunciado en otras oportunidades, y podría haber realizado maniobras para desviar la investigación. Al haber escuchado todos los indicios que hay en su contra, no descartan que asuma su culpabilidad y que el caso se cierre a través de un juicio abreviado. (Se informa por separado)

La acusación del fiscal Ernesto Salas López, que estuvo acompañado por el auxiliar Carlos Berarducci fue categórica y despejó varias dudas que existían. Su teoría es que Valdez y Mohamed se dirigieron por la ruta 9 hacia el norte. Al llegar al puente sobre el río Tapia, ambos se bajaron y, caminando, recorrieron un trayecto de 200 metros hacia el este. Por razones que aún no están claras, utilizando una piedra de forma irregular de entre 19 y 22 centímetros, Valdez golpeó a Mohamed provocándole un traumatismo encéfalo facial que le produjo la muerte.

Después, se fue del lugar en el Fiat Cronos de la víctima y lo dejó estacionado en Balcarce al 2.400 y, al día siguiente lo movió hacia el pasaje Roberto Berho primera cuadra. “Al saber que había sido captado con las cámaras de seguridad, comenzó a desplegar maniobras de distracción para que no se supiera la verdad de lo que había sucedido”, agregó el representante del Ministerio Público Fiscal.

Dos identidades

Salas López destacó como clave la presentación espontánea de una mujer en la División Homicidios, de Barrio Jardín. La testigo entregó una mochila negra con un saco y con un celular que estaba en el interior de una caja de jugo Ades que está forrado en su interior con papel de aluminio. La joven señaló que el imputado se la había entregado el sábado por la tarde para que se la guardara porque había tenido un problema en su trabajo.

“En el interior de ese elemento estaba el sacón negro que sería el que tenía puesto cuando movió el auto y el teléfono encontrado sería el de la víctima”, comentó el fiscal. “Además, el martes se volvió a comunicar con la joven para pedirle que, como él estaría preso, que no le entregue nada a nadie y que el viernes, cuando recupere la libertad, lo pasaría a buscar. El acusado ya sabía que tendría problemas”, indicó el investigador. En este punto hubo una situación que generó sonrisas entre los asistentes a la audiencia virtual. En el chat del zoom, una reconocida abogada penalista escribió: “con la mochila está cocinado”.

La joven, cuyo nombre se preserva, mantuvo una relación sentimental con Valdez durante cuatro años y, después de haberse distanciado, volvieron a estar juntos hace unos tres meses aproximadamente. En todo ese tiempo, el acusado le mintió que era un efectivo de la fuerza que prestaba servicios en la ex Brigada de Investigaciones.

En medio de la pesquisa del caso, según la investigación que realizaron los comisarios Susana Montero, Juana Estequiño y Ariel Santillán, descubrieron que en las redes sociales, donde buscaba contactarse con otros hombres, se hacía llamar Luis Emiliano Rocha. Bajo esa identidad lo descubrieron en las páginas de compra y venta y de realización de servicios.

Trabajo ilegal

El nuevo código procesal penal establece que en la primera parte de la audiencia, luego de la presentación de todas las partes, se averiguan las condiciones personales de los imputados. En este caso, Valdez reconoció que tenía un trabajo ilegal. “Soy un guardia que trabaja para el policía Javier Pacheco”, aseguró. Por iniciativa del juez Rafael Macoritto, que estuvo al frente del debate, el acusado reconoció que lo llamaban a cubrir servicios adicionales en empresas o predios que le pagaban entre $ 280 y $ 300 por hora. Este dato no es menor: según las normas vigentes, los efectivos que realicen esta actividad deben estar debidamente registrados y las tareas sólo pueden ser realizadas por las personas que integran las fuerzas.

Tanto el fiscal Salas López como el magistrado entendieron que por la relación que tiene con los efectivos de la fuerza tendría conocimientos para intentar entorpecer la investigación. Tanto es así que habría realizado una maniobra para que los investigadores no encontraran el celular que sería de la víctima.

El acusado colocó el teléfono en un envase de jugo Ades que tiene material de aluminio. Luego lo envolvió con papel de ese mismo metal. ¿Motivos? En la calle existe la teoría de que esa es una de las maneras de evitar que el aparato sea rastreado, ya que ese material interfiere con las señales. Por esa razón hay muchos delincuentes que los esconden dentro de lavarropas automáticos y centrifugadores que tienen un tambor de ese componente.

Antecedentes

El juez Macoritto compartió la teoría del fiscal de que el acusado podría entorpecer la investigación amedrentando o convenciendo a los testigos para que cambien su declaración. “El caso es grave. Está acusado de matar a una persona de edad, mucho mayor que él, aprovechándose de una supremacía física y lo habría dejado abandonado a su suerte en un lugar despoblado y de difícil acceso”, explicó Salas López.

Otro dato: en la audiencia se ventiló que Valdez afrontó dos denuncias por amenazas en contra de sus hermanos. Y fuentes policiales indicaron que a fines del año pasado habría sido imputado en una causa por tenencia ilegal de armas, ya que habría portado una pistola que utilizaba para realizar su trabajo de guardia.

¿SE QUEBRÓ EL ACUSADO?
Valdez se declararía culpable para cerrar el caso a través de un juicio abreviado

Luis Valdez, el acusado del crimen de Antonio Mohamed, cumplió a medias lo que había anunciado. Mantuvo su palabra de no declarar durante la audiencia, pero no lo hizo al no haber contado su versión de los hechos después de que finalizara el debate. Fuentes judiciales sostuvieron que este cambio de estrategia tuvo una razón de ser: al haber escuchado el cúmulo de indicios que surgieron en su contra, habría decidido asumir su responsabilidad, declararse culpable y cerrar el proceso en su contra a través de un juicio abreviado.

Esa posibilidad la habría planteado el defensor oficial Daniel Plaza (foto). Durante el debate, el profesional le recomendó a su defendido que no prestara declaración hasta tanto no aportara más datos sobre la versión del tercer hombre, situación que finalmente no se cumplió. El representante del Ministerio Pupilar de la Defensa, en la audiencia, señaló que por pedido expreso de Valdez, no se opondría al dictado de la prisión preventiva, lo que llamó la atención a todas las partes.
La misma fuente judicial explicó que esperarían la finalización de la feria para comenzar a dialogar sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo. Para que se concrete, el acusado de homicidio simple, delito que contempla una pena de entre ocho y 25 años, debe asumir la responsabilidad del hecho. También habría que esperar la postura de la familia de la víctima que, hasta el cierre de esta edición, no habría asumido el rol de querellante.