MEDIDA. El imputado quedó libre con una caución de $6 millones.
El Ministerio Público Fiscal procesó a un hombre que habría fingido ser Contador Público Nacional para ingresar a trabajar a la Fundación ProYungas, en Yerba Buena, y desviar fondos utilizando facturas apócrifas. El sospechoso fue imputado por los delitos de usurpación de títulos y honores, uso de documento falsificado o adulterado y estafa. Habría causado un daño económico superior a $13 millones.
El caso está siendo investigado por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, a cargo de Diego Hevia. El imputado, D.A.S., por medio de una agencia de búsqueda de empleo, se postuló para coordinar la gestión financiera del proyecto “Impacto Verde”, perteneciente a la Fundación. En su currículum vitae indicó ser contador público nacional y licenciado en administración de empresas y señaló referencias laborales que fueron constatadas.
En mayo de 2023 fue contratado por un año como responsable del control efectivo del cumplimiento de los procedimientos y la presentación a las encargadas de las transferencias para que realizaran los pagos. Según indicaron sus empleadores, gestionaba todos los pagos del proyecto, que ascendían aproximadamente a 300.000 dólares, destinados a honorarios, proveedores y consultores.
Irregularidades
El contrato de D.A.S culminó en mayo de 2024, pero recién en julio de ese año se detectaron presuntas irregularidades en el manejo de las facturas. La auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás explicó que la encargada y coordinadora de revisar y autorizar los pagos notó que algo no andaba bien cuando encontró pagos que no recordaba haber autorizado. Al intentar validar las facturas en ARCA (en el proceso mencionado como AFIP), estas no aparecieron.
La coordinadora alertó a los demás integrantes de la Fundación, quienes verificaron los códigos QR de las distintas facturas y advirtieron que se redirigían a comprobantes originales de terceros con datos legítimos, pero adulterados en nombres, claves, servicios e importes. Así descubrieron que varias facturas tenían el formato de originales verdaderos, sobre los cuales se habían hecho modificaciones, cuyo QR remitía a un comprobante auténtico previo.
En paralelo, cuando ingresaron los reemplazos de D.A.S. revisaron la ejecución presupuestaria y surgió una diferencia de aproximadamente 15.000 dólares entre los registros del sistema contable y los que tenía la coordinadora.
Al cruzar la información, encontraron facturas no autorizadas, cuyos QR remitían a comprobantes originales de otros proveedores. Detectaron 12 facturas con el mismo patrón de falsificación, usando bases reales para modificar nombres, CAEs (un código numérico que emite ARCA para autorizar electrónicamente comprobantes), servicios e importes. También hallaron una factura auténtica correspondiente a un proveedor que no había prestado servicios en el proyecto y otras que pertenecerían a D.A.S, que también fueron adulteradas.
Acusación
Con todos estos datos, el director ejecutivo de la Fundación, Sebastián Malicia, y el representante legal, Martín Lucio Terán, realizaron una denuncia en contra del sospechoso, que recayó en la fiscalía que dirige Hevia.
En el marco de la pesquisa los investigadores solicitaron un informe al Colegio de Graduados de Ciencias Económicas, donde señalaron que D.A.S no está matriculado. La Facultad de Ciencias Económicas de la UNT informó que el acusado es alumno activo no regular de la Licenciatura en Administración y Contador Público Nacional, con última reinscripción en 2022. El Banco Francés también envió un informe donde se registraban algunos de los movimientos y transferencias de la cuentas de Proyungas a la persona involucrada y terceros.
En diciembre, el MPF formalizó la investigación en contra de D.A.S,, y lo acusó como autor de los delitos de usurpación de títulos y honores, uso de documento falsificado o adulterado y estafa.
Siguiendo la hipótesis fiscal, el imputado “desde el 25 de agosto de 2023 hasta el 15 de abril de 2024, aprovechando su posición de confianza dentro de la Fundación y disponiendo de los fondos para gestionar pagos del proyecto, utilizó un total de 13 facturas apócrifas, manipuló documentos y desvió pagos por cientos de miles de dólares hacia personas que no se encontraban vinculadas a la institución ni prestaron servicio alguno. Como consecuencia de estas maniobras, se generó un perjuicio económico a la Fundación ProYungas estimado en $13.182.401,18”.
Luego de exponer la teoría del caso y las evidencias recolectadas hasta el momento, Briz Tomás solicitó que D.A.S. fuera sometido a medidas de coerción de menor intensidad para cautelar el proceso bajo una caución real de $6 millones.
Postura de la defensa
El defensor Javier Lobo Aragón adelantó que no estaba de acuerdo con la acusación y dijo que avanzada la investigación presentará documentos e informes que sustentarán su postura.
El imputado, por su parte, pidió dar su versión de los hechos. “Rechazo todas las acusaciones. Fui contratado como administrativo, no tenía responsabilidades de control ni de pago. Tampoco tenía acceso a las cuentas bancarias. Las personas que me denunciaron son las que se encargaban de pagar y tenían acceso a las cuentas bancarias. A mí solamente me pedían que tuviera contacto con los proveedores que ellos me indicaban. Yo era el encargado de gestionar las facturas, no tenía que controlar si la factura era verdadera o falsa. Pasaba la información por mail y fuera de la fundación no tenía acceso a él, quedaba abierto en la computadora de escritorio”, declaró.
Luego de analizar la teoría del caso y las evidencias presentadas, el juez Fernando Zóttoli resolvió hacer lugar a las medidas de menor intensidad y a la caución real por $6 millones durante el plazo de seis meses.
