LA GACETA / FOTO DE RODOLFO CASEN
En los tribunales de Concepción se formalizó ayer la investigación y los cargos contra Carlos González por los delitos de “daños de una cosa mueble, inmueble o un animal”. El hombre encabezó el mes pasado una manifestación de varias personas contra el sanatorio Jesús María en repudio contra el “médico mellizo” Enrique Bustamante y las autoridades de ese centro asistencial.
En la sala de terapia intensiva falleció en el 2021 la madre de González, cuando el falso galeno se desempeñaba en esa unidad de atención. En la protesta se pintó la fachada del sanatorio con leyendas que decían “asesinos”. Ahora González, por disposición de la Justicia, tiene prohibido acercarse al sanatorio en un radio de 200 metros. Según el titular del Jesús María, Silvio Martoni, el acusado y sus acompañantes dañaron vidrios del edificio.
Esta última acusación es negada por González y los demás parientes de pacientes del PAMI que fallecieron en ese centro asistencial atendidos por Bustamante. La causa está en manos de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana a cargo de Miguel Varela. Es el mismo que lleva adelante la investigación contra el falso médico.
Hasta ahora Martoni no figura como imputado ni está investigado a pesar de las omisiones advertidas en la incorporación de Bustamante al sanatorio, un estudiante de Medicina que ingresó a la carrera en el 2002, la abandonó y se reinscribió este año.
Es lo que viene planteando con indignación el terapista Sergio Guillermo Martínez, a quien el impostor le usurpó la identidad y el título para ejercer la medicina en la terapia del Jesús María durante varios años. Bustamante admitió que “todos sabían en el sanatorio que él no era Martínez”.
La audiencia de ayer estuvo encabezada por el juez Rodrigo Martiarena. En representación del Ministerio Público estuvo Sebastián Mardiza, quien procedió a leer la acusación contra González. Este decidió no declarar. En cambio sí lo hizo Martoni. Este dijo que en todo momento se puso a derecho y que González “tuvo todas las posibilidades de hacerlo por una vía lógica y no de la manera que lo hizo, atacando la clínica”. “Fuimos vandalizados. Hay que ajustarse al derecho y a la libertad de trabajar de todo el personal”, apuntó. González es representado por Ricardo Maturana. El juez resolvió hacer lugar a las medidas pedidas por el Ministerio Público y a las que la defensa del imputado no objetó.
