Por Daniel Salvador
15 Junio 2022
REVUELO DIPLOMÁTICO. La oposición argentina habla de “complicidad” del Gobierno, y Teherán de una “operación de propaganda” en su contra.
El operativo realizado ayer a la madrugada en el Hotel Plaza Central Canning de Ezeiza, donde están alojados los cinco iraníes y los 14 venezolanos que viajaban en el avión de Emtrasur, terminó a media mañana con un total de 18 teléfonos y siete tablets secuestrados. Esta es una prueba clave para avanzar con la investigación judicial, apuntaron los agentes. El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena ordenó el procedimiento y la pericia de los aparatos incautados.
La causa está bajo el secreto de sumario y ya fueron ordenadas numerosas medidas. La DAIA fue aceptada como querellante, ya que los abogados deslizaron que alguno de los tripulantes de nacionalidad iraní tendría vínculos con las fuerzas Al Quds, de la Guardia Revolucionaria Islámica.
En los aparatos secuestrados podría haber información desconocida sobre los tripulantes, aunque ya pasó una semana desde el aterrizaje en Ezeiza por la suspensión de vuelo. Debido a la demora, el magistrado decidió encargar esa pericia al área de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad.
El juez decidió apartar a las fuerzas de seguridad nacionales que dependen del ministro Aníbal Fernández porque la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Policía Federal Argentina (PFA) estuvieron involucradas en el operativo para revisar el avión, la semana pasada, y ahora están bajo investigación.
“No fue un allanamiento técnicamente, se secuestró material de interés para la causa”, explicó una fuente de la investigación. El procedimiento comenzó a la madrugada y estuvo a cargo del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA, que dispuso unos 25 agentes.
Sobre el final se sumaron un puñado de agentes de la Policía de la Ciudad para llevarse los aparatos secuestrados. De esa manera, las pericias quedarán a cargo del área de Cibercrimen, que ya estuvo al frente de decenas de investigaciones sensibles como la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman.
“No hubo resistencia de los tripulantes, hasta entregaron las claves de los teléfonos”, apuntó una fuente que monitoreó el operativo en el hotel. Igualmente, la Policía de la Ciudad cuenta con la tecnología necesaria para abrir los teléfonos si fuera necesario.
Los venezolanos
El domingo había trascendido que los venezolanos de la tripulación tenían previsto abordar un avión de Conviasa, la aerolínea venezolana dueña de la aeronave inmovilizada. Ese avión finalmente no llegó a Ezeiza. Sin embargo, ayer se aseguró que el operativo en el hotel de Canning no tiene relación con ese trascendido.
Fuentes judiciales explicaron ayer que el procedimiento es una de las medidas de prueba solicitadas por la fiscal Cecilia Incardona, quien firmó un requerimiento de instrucción en la causa que se inició por la denuncia presentada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).
El expediente judicial sobre los incidentes del avión inmovilizado en Ezeiza, ya acumuló tres causas con el mismo objeto procesal: la denuncia que realizaron los diputados Ricardo Ricardo López Murphy y Gerardo Milman, junto con el consultor aeronáutico Franco Rinaldi, otro expediente que impulsó el juez Villena al extraer testimonios, y finalmente la denuncia de la DAIA.
Bajo secreto de sumario, el juez activó el procedimiento de ayer en el hotel, donde los pasajeros fueron identificados y se tomaron sus huellas dactilares tal como había pedido el diputado Milman. Además fueron formalmente notificados de la causa y se le prohibió la salida del país.
Cabe señalar que en las primeras actuaciones se informó que a todos los tripulantes del avión e carga inmovilizado le habían incautados sus respectivos pasaporte. El lunes a la mañana, el juez prorrogó el secuestro de los pasaportes por 72 horas más. Esta fue una manera de ganar tiempo para reunir toda la información posible.
Piden más medidas
De acuerdo con lo anticipado por las fuentes judiciales, en las próximas horas el juez Villena seguirá ordenando medidas de prueba. La DAIA pidió que se libre un oficio a la compañía en Argentina que recibió las autopartes que traía el avión de carga, también al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que había sancionada a la aerolínea venezolana, Conviasa, y que se libre un exhorto a Interpol para que se expida al respecto de los pasajeros que venían en el vuelo.
Se supo ayer que el juez intervino recién el sábado a partir de un habeas corpus del abogado Rafael Resnick Brenner. El letrado aclaró ayer que ya no defiende a los tripulantes y que sólo lo habían contratado para el habeas corpus. Y el domingo a la noche, el juez rechazó ese pedido, pero mantuvo las restricciones sobre los pasaportes.
A partir de este trámite, el magistrado le pidió información a Migraciones, a la PSA, a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), a la Aduana, y a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA.
Ayer, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, recordó que la oposición tomó conocimiento del hecho la semana pasada y que desde entonces “no tuvo respuestas” y “ni había denuncias en la Justicia” por el avión que partió hacia Uruguay y que tuvo que volver, ante la negativa para circular sobre el espacio aéreo de del país vecino.
“¿Qué hizo el Ministro de Seguridad? ¿Tapó esto? ¿No le dieron la información? No puede ser que yo me entere un martes y el ministro (Aníbal Fernández) recién se enteró el viernes”, señaló.
Ministros al Congreso: diputados opositores reclaman explicaciones
El Boeing 747 que transportaba autopartes y llevaba 14 tripulantes venezolanos y cinco iraníes está retenido hace una semana en el aeropuerto de Ezeiza. La situación despertó sospechas sobre los motivos de su vuelo hacia Argentina. Los diputados del PRO y ahora los de la Coalición Cívica, presentaron notas pidiendo que se citen al Congreso a los ministros del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y a su par de Seguridad, Aníbal Fernández, para que aclaren lo ocurrido en torno a la aeronave. También al canciller Santiago Cafiero y el actual interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi.
Volkswagen aclara: las autopartes no eran para su planta
El avión Boeing 747, en configuración “cargo”, fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente es propiedad de Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa). Cuando fue inmovilizado transportaba piezas para la fabricación de asientos y panel de instrumentos del modelo Taos, que la automotriz Volkswagen produce en el país, en su planta de General Pacheco. Al respecto, Volkswagen Argentina comunicó que no tiene relación alguna con la situación del avión, y que compra las autopartes a Faurecia SAS (los asientos y panel de instrumentos del Taos).
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