06 Junio 2022
La oposición vuelve a la carga para que la Provincia regularice los entes autárquicos que se encuentran intervenidos desde hace años o, incluso, décadas. En dicha situación se encuentran el Instituto de Previsión y Seguridad Social; el Instituto Provincial de la Vivienda; el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo; el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual; y la Caja Popular de Ahorros.
El alfarista Raúl Pellegrini (foto) presentó recientemente un proyecto de ley para que se modifique la ley N°7.878 (que rige las intervenciones) con el fin de establecer un plazo máximo de 240 días de intervención. En enero, el radical José María Canelada ingresó una iniciativa similar, con un plazo máximo de 90 días para la regularización.
Al margen de lo que pueda ocurrir con dichos proyectos en la Cámara, el parlamentario del Partido para la Justicia Social también presentó un proyecto de resolución. En él insta a los interventores de las oficinas mencionadas a cumplir con la ley vigente y remitir, hasta el 15 de junio, el informe sobre la marcha general de la intervención correspondiente al bimestre marzo-abril. La iniciativa cuenta también con el apoyo de los opositores Raúl Albarracín, Nadima Pecci, Walter Berarducci y Paulo Ternavasio.
En los fundamentos, se planteó que en la Ley 7.878 figuran los llamados “deberes informativos”, según los cuales los interventores designados deben brindar en el plazo fijado, informes específicos al Poder Ejecutivo y a la Legislatura. “Durante mi desempeño como legislador, desde Octubre de 2019, no he tenido conocimiento que la Legislatura haya recibido el informe bimestral a que hace referencia el segundo párrafo del Artículo 5 de la Ley N° 7.878”, reclamó. Y añadió: “en los dos últimos años, los señores Interventores ignoraron la expresa normativa legal impidiendo que los legisladores tengan una idea clara de cuál es la marcha general de las intervenciones y, fundamentalmente, conocer si han sido superadas las causas que las motivaron o aún persisten”.
El mes pasado, el ex legislador Alberto Colombres Garmendia (PRO) recordó que seis años después de haber solicitado un amparo por este tema, la Justicia le ordenó a la Provincia cesar con las intervenciones. Mencionó que el fallo fue apelado hace un año y medio y que aún no hay novedades en ese sentido.
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