Por Álvaro José Aurane
11 Mayo 2022
BENEFICIADA. Trimarco es titular de la Fundación María de los Ángeles. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Una causa iniciada en 2018 por el Ministerio Fiscal de la Nación contra Susana Trimarco, por presunta defraudación a la administración pública, terminó con el sobreseimiento de la titular de la Fundación María de los Ángeles porque un fiscal no apeló el fallo, que quedó firme.
El 20 de noviembre de 2015, la entidad que lidera la madre de Marita Verón firmó un “convenio de colaboración y transferencia” con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación para la “refuncionalización del ex Hospital Militar y Remodelación del jardín de infantes Ángeles de María” por $ 22,5 millones. Dos semanas después se otorga un anticipo financiero del 25% ($ 5,6 millones) para las obras en el predio de Italia 1.875, en San Miguel de Tucumán. (Ver “El pago”)
Según el convenio, la Fundación era la unidad ejecutora y el plazo de obra era de 12 meses. Pero a fines de 2016, ya en el Gobierno de Cambiemos, un informe de la Dirección de Control de Gestión de la Secretaría de Vivienda determina que el avance de la obra “era del 0%”. El entonces secretario de Vivienda, Domingo Amaya, rescindió el convenio en noviembre.
Ya en 2017, la Nación intima a Trimarco a que devuelva el anticipo de $ 5,6 millones y ella, en abril, pide un plazo de 90 días. Como en febrero de 2018 no había reintegro, en marzo, la sumariante del Ministerio del Interior de la Nación, Mónica Marchisella, denuncia la presunta defraudación.
En junio de ese año, el fiscal federal N° 1 de Tucumán, Carlos Brito, solicita que se cite a indagatoria a Trimarco y que sea procesada. Él recoge el informe de la Secretaría de Hábitat: aunque se produjera el reintegro de fondos, la defraudación “se encontraría perfeccionada por el desvío de los fondos para una actividad distinta que el objeto del acuerdo” original.
Trimarco compareció en 2019 y en septiembre, en una ampliación de la declaración, explica que la entidad recibía recursos nacionales para financiar distintos programas, y que esos giros registraban importantes retrasos. Por ejemplo, en “las cuotas mensuales para el mantenimiento de la Fundación en Córdoba, Tucumán y Buenos Aires”. En ese contexto, “una de las contadoras de Buenos Aires me dice que había entrado un dinero en la cuenta (...) Empezamos entonces a pagar los sueldos adeudados”.
En diciembre de 2020, el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán dispuso la “falta de mérito” de Trimarco. Pero esa resolución fue apelada por el fiscal Brito.
A finales del mes pasado, el juez federa Fernando Luis Poviña resolvió sobreseer a Trimarco. Entendió que su conducta (el uso de fondos destinados a obras para gastos corrientes) no tipificaba la figura de la defraudación.
El fallo se dio cuando Brito estaba en uso de una licencia. Lo subrogaba el fiscal federal N° 3, Agustín Chit, quien le pide al juez Poviña que “deje sin efecto la notificación cursada” hasta que Brito se reintegrase. Poviña rechazó la solicitud “atento a la unidad de actuación que regula el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal”. Es decir, en nombre de que el Ministerio Fiscal es uno solo, sin importar un funcionario en particular.
Como no hubo apelación, el fallo quedó firme. Y ya se dictó su correspondiente archivo.
En qué se usó el dinero: “Gastos generales” y tres meses de sueldos
El juez federal Fernando Poviña da cuenta, en su fallo, del uso que la Fundación María de los Ángeles dio a los $ 5,6 millones girados por la Nación para una obra que no se concretó. Según una pericia de la Policía Federal, se usaron $ 3,7 millones para “gastos generales” (alimentos, medicina laboral, logística, pañales...); $ 261.000 para aguinaldos; $ 487.000 para sueldos de julio (de 2015); $ 490.000 para los de agosto; y $ 711.000 para los de septiembre. “En ningún momento se logró acreditar que se haya producido un beneficio para la imputada ni para algún tercero, ni por ende un perjuicio económico en el erario del Estado Nacional”, argumenta el juez.
El pago: aval de José López
El 3 de diciembre de 2015, con la Resolución 1812/2015, el entonces Secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, ratificó el “convenio único de colaboración y transferencia” entre la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Fundación María de los Ángeles. Al día siguiente fue emitida la orden de pago N° 375.009 a favor de la entidad que preside Susana Trimarco por el monto $ 5.6 millones, según consta en la denuncia de la Nación contra la madre de Marita Verón.
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