VIAJES E INCLUSIÓN. Las reglamentaciones nacionales, provinciales y municipales existen, pero no se cumplen. LA GACETA / FOTOs DE INÉS QUINTEROS ORIO
“¿Habitamos la urbe o intentamos sobrevivir a ella?”. La respuesta varía según a quien se le pregunta, pero una cosa queda clara: a veces, las malas condiciones en la infraestructura y los servicios pueden complicarnos la rutina.
Ayer, varias entidades y personas con diversidad funcional se reunieron en la plaza Independencia para reflotar un reclamo histórico. El tema fue la falta de transporte público que atienda sus necesidades.
“Nuestra exigencia es que el Estado y las autoridades cumplan con la legislación provincial (Ley N° 7.811) y la ordenanza municipal (N° 3.937, capital). En ellas, se especifica que un porcentaje de los vehículos (líneas urbanas e interurbanas) tendría que poseer rampas y adaptar su funcionalidad a la gente con discapacidad”, comentó el periodista Sebastián Castellano.
El damnificado no duda en enumerar los efectos negativos que esto ocasiona en la autonomía, la visibilización social de los discapacitados motrices y de su bienestar integral. Por su disfunción motora, él indica que viajar en bondi representa una travesía imposible.
“Mi silla de ruedas pesa 50 kilos y el respirador que cargo encima, otros 18 kilos. A eso hay que sumarle el peso de mi cuerpo. No tengo alternativa alguna de tomar un colectivo porque el equipo no puede pasar por la puerta delgada ni ser levantado”, expuso.
En paralelo, los presentes en la concentración sumaron la deficiencia de las obras sociales en proveer el servicio de traslado. “Las coberturas que ellas realizan apuntan a traslados sólo por cuestiones de salud o educación y se deja fuera la movilidad por trabajo o motivos de socialización. En ambos casos, pedimos que se amplíe el abanico de opciones que nos permitan salir de casa con libertad y mantener una vida activa”, acotó Sebastián.
La igualdad de acceso al transporte público representa un derecho y, como tal, podemos exigir su cumplimiento.
“En la Argentina, la circulación de personas con discapacidad en este tipo de rodados queda protegida y reglamentada por la Ley nacional N° 2.243 (con su respectiva modificatoria mediante la Ley N° 24.314). La legislación es clara”, explicó el abogado Jorge Rodríguez Robledo.
Sin embargo, los problemas aparecen cuando el Estado otorga (mediante licitaciones o concesiones) la explotación del transporte a empresas privadas o a un tercero. “La realidad nos muestra que la mayoría de las líneas no cuentan con las previsiones básicas que establece la legislación. Sin una buena regulación permanente, todo queda supeditado a la voluntad de los privados”, enfatizó.
En este sentido, el especialista en Tránsito destacó la relevancia de hacer denuncias formales a los órganos correspondientes.
On line o presencial
“Por impotencia o por la misma sensación crónica de vulnerabilidad, la gente suele quedarse solo con la mala experiencia. Para modificar la conducta de los empresarios y apostar por un cambio es preciso que haya un registro formal de las irregularidades y su frecuencia”, aclaró.
Entre las alternativas a las cuales remitirnos, podemos efectuar un reclamo ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. “Hay dos canales para efectuar denuncias. Por un lado, contamos con una línea telefónica gratuita y disponible las 24 horas (0800-333-0300). Sino, existe la posibilidad de gestionarlas a través de internet. Solo hay que entrar a la página control.cnrt.gob.ar y completar el formulario”, detalló Leonardo Costa, miembro de la CNRT.
Además, hay una oficina para atención presencial en la terminal de ómnibus de San Miguel de Tucumán y otra en la terminal de Concepción. Los horarios de atención son de lunes a viernes, de 8 a 13.
“Al tratarse de algún hecho con el transporte público municipal o provincial, pasamos los reclamos a la Defensoría del Pueblo de Tucumán y se inicia un seguimiento”, comentó.
Asimismo -de no contar con internet o desconocer sobre tecnología- en ambas locaciones se ofrece ayuda para gestionar pasajes en cualquier medio de transporte de media o larga distancia (colectivos o trenes).
Colaboración extra
Desde 2013, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT posee un voluntariado que realiza diferentes acciones abocadas al fomento del transporte accesible y seguro.
“Nuestro objetivo es ofrecer concientización sobre la problemática y el derecho a la ciudad que poseen los usuarios con discapacidad, con el compromiso de estudiantes de tres carreras, docentes y graduados”, describió María Cristina Grunauer, titular de la cátedra Derecho al Transporte y directora de la iniciativa. En acciones concretas, la propuesta ofrece ayuda a quienes buscan denunciar malos tratos o irregularidades en el transporte público.
“Una de las etapas del voluntariado apunta a la alfabetización jurídica. Los alumnos redactan peticiones y les enseñan a los ciudadanos a escribir correctamente sus reclamos para que los entreguen en las respectivas áreas de injerencia”, sostuvo la docente. Los interesados deben acudir a la sede de la universidad o contactarse por Facebook a la fanpage “Voluntariado Universitario Transporte Accesible y Seguro 2022”.
