Resumen para apurados
- Un menor señalado por acoso en Tucumán sufrió escraches y amenazas recientes tras acusaciones públicas, sin que existan denuncias penales formales.
- Las recriminaciones contra el joven surgieron en redes sociales y marchas, pero nunca fueron radicadas ante el Ministerio Público Fiscal.
- El caso reaviva el debate sobre los linchamientos digitales, la falta de garantías del debido proceso y los riesgos para la integridad de los menores.
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La Justicia decidió dictar medidas de protección a favor de un adolescente que había sido señalado como acosador de estudiantes de un establecimiento educativo ubicado en el microcentro tucumano. La semana pasada, las alumnas de ese lugar realizaron una marcha para denunciar que un joven, que era el encargado de realizar tareas de limpieza y mantenimiento, habría acosado a chicas que tomaban clases allí.
En las protestas se exhibieron carteles con el rostro del señalado. Después, la campaña continuó en las redes sociales. De acuerdo con la información que reunió LA GACETA, desconocidos publicaron imágenes con su rostro que rápidamente fueron viralizadas.
Sin embargo, la Justicia no recibió ninguna denuncia sobre el caso. Tampoco pudo actuar de oficio porque se trata de un delito de instancia privada y sólo puede intervenir si alguna de las víctimas presenta una denuncia.
Con el correr de los días, la madre del adolescente se presentó ante el Ministerio Público para denunciar la campaña de desprestigio. Además, señaló que su hijo estaba siendo víctima de amenazas y que no podía salir de su casa por los insultos que le proferían desconocidos.
Al no haberse configurado ningún delito, la denuncia no prosperó. La mujer no bajó los brazos y logró que una jueza de Niños, Niñas y Adolescentes, dictara medidas de protección a favor del adolescente.
El Régimen Penal Juvenil tiene en cuenta este tipo de situaciones. Por un lado, protege los derechos de los adolescentes involucrados en procesos penales, ya que expresamente prohíbe que se den a conocer datos que permitan su identificación.
Por otra parte, la nueva norma establece claramente que difundir este tipo de información puede constituir un delito. Si se comprueba que hubo adolescentes que divulgaron información después del sábado, podrían ser investigados penalmente.
