Por Martín Soto
16 Marzo 2022
Las tensiones que vienen manteniendo el Concejo Deliberante de Yerba Buena con la Municipalidad que conduce Mariano Campero (JxC) ingresaron en un terreno complejo. Se perdió el romance que existió en años anteriores, quizá porque 2023 está muy cerca. Salvo escasas excepciones, los ediles dejaron de lado las banderías políticas y aunaron fuerzas en la pugna que mantienen con el Ejecutivo municipal. Hay situaciones que ni de un lado ni del otro están dispuestos a aceptar ni dejar pasar. La tirantez quedó expuesta con el rechazo unánime al decreto 776 que afectaba el planeamiento urbano de la “Ciudad Jardín”. Pero en dicha sesión legislativa se aprobó otra ordenanza -con modificaciones- que puede llevar a las partes a un punto de no retorno: el “Pacto Social” (Ley 7.974).
El Concejo sesionó el pasado viernes, con el vicepresidente Héctor Aguirre al mando dado que Rodolfo Aranda (JxC) estuvo como intendente interino por la ausencia de Campero (estaba en Santiago del Estero junto al ex funcionario macrista Alfonso Prat-Gay). Los ediles avalaron -por mayoría- la adhesión al “Pacto Social” que firmó el Municipio con la Provincia, para ceder su coparticipación nacional al Gobierno a cambio de que este se haga cargo de pagar los sueldos municipales y otros gastos fijos. Sin embargo, el proyecto que presentó el presidente del cuerpo deliberativo sufrió durante el debate la incorporación de dos artículos (5° y 6°), los cuales provocaron un profundo malestar en avenida Aconquija y Roca. “El horno no está para bollos”, graficaron.
Contrapuntos
La ordenanza sancionada bajo el N° 2.363, a la que tuvo acceso LA GACETA, reza en su artículo quinto que “a los efectos de garantizar el adecuado funcionamiento de la institución legislativa municipal, el departamento ejecutivo municipal deberá transferida a la cuenta del Concejo Deliberante, de manera automática, el 5% de lo percibido por la Provincia en cumplimiento del acuerdo de financiamiento reintegrable, dispuesto por la ley 7.974 y aprobado por la presente ordenanza”. Además, en el artículo sexto, se precisa que “los fondos referidos, recibidos por el Concejo Deliberante, no sustituyen ni podrán ser tomados a cuenta del presupuesto aprobado para gastos de personal”.
En la Municipalidad consideran que lo que hicieron los concejales fue disponer un incremento de los gastos políticos, como los gastos de bloque, los cuales no tienen rendición de cuentas. “No existe esto en el país, sería para aumentar el costo del Concejo. Están tirando de la cuerda”, señalaron en el entorno del radical. Afirmaron que Campero estaría analizando hacer un veto parcial a la ordenanza.
Los integrantes del cuerpo vecinal, en tanto, afirmaron que lo que se aprobó busca la independencia financiera del Concejo. Aseguraron que desde hace tiempo el Ejecutivo municipal envía menos fondos de los que se solicitan para el normal funcionamiento o tarda algunos meses en girarlos. Marcaron que el edificio está en mal estado, que el mobiliario está dañado y que les cuesta pagar los servicios. “Todo es tener que ir a mendigar. Desde que Campero perdió (en las elecciones primarias) lo ha freezado al Concejo. Quedó dolido por haber perdido la senaduría”, comentaron.
Las cifras respecto a cuánto recibe el cuerpo deliberativo para funcionar varían y no se contrastan con documentación. En la Municipalidad afirman que se envían $1,2 millón por mes y que los cambios aprobados elevarían ese monto a $4 millones. Los ediles señalan que actualmente reciben $1 millón y que, de promulgarse la norma, la cifra se duplicaría. Otros estiman que pasaría a disponerse de $3 millones.
El febrero, el edil Gonzalo Cisneros (FR) elevó una nota a Aranda para exigirle que transparente los gastos del Concejo. Afirmó que por ese motivo no avaló la norma que se sancionó. “Se recibe plata pero no se sabe en qué se la gasta. No hay Cuenta de Inversión. El presidente no está cumpliendo muchas cosas del reglamento. No hay transparencia”, indicó. Respecto a la situación que se vive con el Ejecutivo municipal, resumió: “las relaciones están casi cortadas”.
Legislación
La Ley Orgánica de Municipalidades (N°5.529) establece en su artículo 28 que si una norma es vetada parcialmente “volverá al Concejo Deliberante. Si éste aceptase las observaciones, el proyecto se convertirá en ordenanza con las modificaciones que motivaron el veto. Si el concejo insistiese en su sanción, con el voto de los dos tercios de los miembros presentes, el proyecto se convertirá en ordenanza”.
En el cuerpo deliberativo contaría con los dos tercios ya que en la sesión votaron a favor del “Pacto Social” con las modificaciones los justicialistas Aguirre, Alejandro Sangenis y Marcelo Albaca, y les ediles de JxC: Lisandro Argiró, Marcelo Rojas, Álvaro Apud, José Macome y Guillermo Casanova. En disidencia votó Cisneros. “Campero hoy no tiene los números”, subrayaron entre las bancas.
Pedido de informes: solicitaron a Campero que diga cuántas obras se autorizaron bajo el decreto 776
El concejal Sangenis presentó ayer un pedido de informe a la Municipalidad para que se precise si se autorizó alguna obra entre el 25 de noviembre de 2021 y el 11 de marzo de 22, de conformidad al decreto N° 776, el cual fue dejado sin efecto por unanimidad en la pasada sesión legislativa. “En caso afirmativo, en el plazo de 10 días remita detalladamente cuáles son las obras autorizadas y todos los antecedentes documentales de ellas”, reclamó el edil justicialista. “Es necesario e imprescindible para evaluar las consecuencias de esos actos nulos y evitar dispendios al municipio y perjuicios a terceros”, insistió en la nota.
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