La caída del "Malevo": Laguna de Robles, el golpe de gracia

TENSO MOMENTO. Alcaraz (de traje) mira a Ferreyra al finalizar una reunió por la huelga policial de marzo de 1990. TENSO MOMENTO. Alcaraz (de traje) mira a Ferreyra al finalizar una reunió por la huelga policial de marzo de 1990.

Ramón Ortega no había terminado de acomodarse como gobernador de la provincia y una de las primeras tormentas políticas llegó del lugar menos esperado: la Policía. “Palito” observaba como espectador de un partido de tenis cómo surgían denuncias y contradenuncias. Mario Oscar “El Malevo” Ferreyra se jugaba, en esos días de diciembre nada menos que su continuidad en la fuerza, luego de que se le truncó el sueño de ser su jefe y después de denunciar a 10 pares por enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, en la vereda del frente lo tenía a Alberto Alcaraz, otro hombre de peso que era respaldado por un sector de los azules. Pese a todos los esfuerzos que hacía su hábil ministro de Gobierno José Ricardo Falú, Ortega no pudo disipar los nubarrones del escándalo. Incluso, en medio de la interna, surgió un autodenominado Comando Especial que no respondía a ninguno de los dos bandos en pugna y amenazó con hacer más problemas si continuaban desprestigiando a la Policía.

Ferreyra y Alcaraz no fueron siempre enemigos. Ambos cumplieron un papel importante en algunos momentos clave de la historia. Los dos se vieron involucrados en las famosas huelgas policiales que se registraron en esos tiempos. El “Malevo”, como siempre le gustó, asumía el rol de líder con su camisa negra y el sombrero Panamá color blanco. Su compañero, en cambio, se colocaba el traje de negociador y era mucho más cauto. Casi no existen registros fotográficos de su participación en esos conflictos. Mientras que al ex jefe de la Brigada de Investigaciones nunca tuvo problemas en posar ante cada cámara que se le ponía adelante.

Resultó memorable un intercambio de mensajes publicado por LA GACETA en ese tumultuoso diciembre de 1991 entre los dos comisarios que fueron pasados a retiro por el grave conflicto. Tan fuerte fue ese cruce de mensajes que vale la pena recordarlo. “Sigo insistiendo en que los policías acusados por mí ya deben ser puestos en disponibilidad, porque al tener fuerza operativa, van a trabar toda investigación”, disparó Ferreya. Alcaraz no se quedó atrás: “él no puede dormir tranquilo cuando tiene 14 cadáveres de dos años a esta parte. Esto delata una manía asesina”.

“Puede hacer todas las denuncias que quiera. No va retrotraerme a antes de mi pública denuncia. Le auguro éxito a Alcaraz en lo mucho que aún puede contribuir con los hampones”, insistió “El Malevo”. “También debo decir que hace bien en defender a sus colegas, los delincuentes. Se debe sentir bien, pues está en su salsa”, añadió. Pero Ferreyra declaró algo mucho más grave: “también me cabe mandarle un mensajecito (sic): si definitivamente se ha pasado al otro bando y si alguna situación legal nos lo permite, va a tener idéntica respuesta a la que tuvieron ‘Coco’ Menéndez y compañía, y otros tantos que se las tuvieron que ver con nosotros”, señaló refiriéndose a todos los hombres que había matado en supuestos enfrentamientos.

Alcaraz le respondió: “no le tengo miedo a ningún psicópata. En otras palabras, al bien llamado ‘Malevo’ no le temo en ningún terreno. Estoy amparado por la ley”. Ferreyra no respondió al mensaje de su camarada. Como tampoco lo había hecho en otra situación cuando llegó un comisario y lo invitó a pelear mano a mano, lejos de la guardia pretoriana que tenía a su lado. “En todos años de servicios que tuvo, ‘El Malevo’ nunca enfrentó a nadie solo. Y cuando lo hizo, fue por la espalda”, recordó Víctor Aráoz, el ya fallecido comisario que en definitiva fue el único que se atrevió a hablar de las “malas costumbres” que tenía el ex jefe de la Brigada.

Una explicación

No había pasado ni una semana de la denuncia que hiciera pública y Ferreyra caminaba nervioso por la zona provincial. “Iba y venía como si hubiera pisado un hormiguero”, reconoció un funcionario judicial retirado recientemente. Y esos nervios tenían una sola razón: le habían soltado las manos. Funcionarios del Gobierno, cámaras y en la Justicia. Eso quedó en evidencia cuando en Tribunales se presentó el agente Luis Dino Miranda para relatar lo que había ocurrido en Laguna de Robles el 10 de octubre de 1991. Esa madrugada, en un supuesto enfrentamiento, perdieron la vida Hugo “Yegua Verde” Vera, José “Coco” Menéndez y Ricardo “Pelao” Cabrera. Pero la verdad salió a la luz dos meses después.

Durante más de cuatro horas, el efectivo le contó a la fiscala Silvana Sánchez Tardán su versión de lo que realmente había ocurrido ese día. Lo primero que aclaró es que el enfrentamiento nunca existió y que los tres acusados habían sido llevados apresados hasta ese lugar y asesinados a sangre fría. El arrepentido relató también que se sorprendió cuando un oficial le apuntó con un arma como si quisiera disparar contra él. “La razón era simple: necesitaban de un herido para confirmar la hipótesis y eligieron al más nuevito y débil del grupo”, señaló un ex investigador de la fuerza.

Miranda también pensó esa posibilidad y reaccionó manoteando el arma del oficial. Luego se escabulló en el monte, aprovechando la oscuridad de la noche. En su desesperada carrera advirtió que su reloj tenía alarma y que podía delatarlo ante sus perseguidores, por lo que se lo sacó y lo enterró en un lugar arenoso. También declaró que escuchó varios disparos que lo tenían como destinatario, pero que no hicieron blanco. Así prosiguió su fuga hasta llegar al río Urueña. Lo cruzó y caminó hasta una casa, donde recibió albergue y protección.

Al día siguiente, acompañado por unos baqueanos, llegó hasta la ruta, donde tomó un ómnibus que lo llevó hasta Rosario de la Frontera. En esa ciudad tomó un taxi que lo trasladó hasta la comisaría de esa localidad. Pidió prestado el teléfono a su hermano, el comisario AntonioMartín Miranda, que lo buscó y lo trajo hasta la provincia. Desde entonces, se mantuvo escondido en distintos lugares. Uno de sus protectores fue el oficial Juan Salinas, que semanas después sería asesinado por el Comando Atila en un confuso episodio que quedó impune. El fiscal que debería haber investigado el caso es conocido por los tucumanos: Carlos Albaca.

Su aparición se produjo luego de que Alcaraz realizara la denuncia ante la fiscala Sánchez Tardán. La declaración del suboficial volvió a generar conmoción en la provincia. Los tucumanos todavía no se habían recuperado de la denuncia por corrupción en contra de varios pesos pesados de la fuerza y ahora se desayunaba con un triple crimen que se había disfrazado como un enfrentamiento, la vieja estrategia utilizada por “El Malevo” de justificar sus excesos. Sobre el tema, el ex jefe de la Brigada señaló: “lo de Menéndez nos costó más de 10 días de constantes vigilancias. No creo que recién se haya enterado Alcaraz si este supuesto caso existió. Tampoco creo que el sargento Miranda haya estado tanto tiempo preso de una amnesia”.

Alcaraz replicó que Miranda declaró ante la cúpula policial y contó todo. “Yo me hice eco”, señaló el ex comisario que llegaría a ser jefe de la fuerza en el gobierno de Julio Miranda. Lo llamativo de la cuestión es porqué nadie hizo nada para esclarecer el hecho. Si realmente fue así, el jefe de Policía Víctor Lazarte debería haber denunciado a Ferreyra. ¿Fue la carta que se escondió el Gobierno para sacarse de encima al ex jefe de la Brigada de Investigaciones si seguía causando problemas? Nunca nadie respondió esa pregunta. ¿Nadie investigó lo que sucedió en octubre en Lagunas de Robles? Sí, fue el fiscal Ramiro Vargas Nieto el que llevó adelante la pesquisa, pero al no encontrar nada extraño en la versión que dieron los policías, cajoneando la causa. Un detalle: el conductor de la investigación fue uno de los tantos funcionarios judiciales que llegaron de la mano del interventor federal Julio César “Chiche” Aráoz y su mano derecha Ronald Bradis Troncoso, aliados de “El Malevo”.

René Albornoz, a más de 30 años de haberse registrado el triple crimen por el que fue condenado a 10 años de prisión, aportó un dato. “Antes de que estallara el escándalo, el fiscal Vargas Nieto se presentó en la Brigada para hablar con Ferreyra. Lo hacía siempre. En ese encuentro, le dijo: ‘Mario ya están listos los sobreseimientos para vos y los tuyos por Laguna de Robles. Vean si lo van a firmar o si los hacen traer para que lo firmen aquí’. El jefe no le dio importancia y sólo respondió ‘si, si’. Si lo hubiera hecho, por más denuncias que hubiera, nunca nos podrían haber enjuiciado”, comentó.

En la Justicia

El testimonio de Miranda era importante, sin lugar a dudas, pero en esos tiempos, había que chequear toda la información para evitar caer en medio de la interna policial que estaba en su máximo hervor. Y había otro dato: no era la primera vez que el suboficial aparecía vinculado en una crónica policial.

El 23 de septiembre de 1990, Alberto “Rata” Nieto murió al recibir un balazo en la puerta de un boliche de Aguilares. La Policía informó que su muerte se había producido en medio de un enfrentamiento entre la víctima y dos custodios de seguridad de la discoteca. Uno de ellos era Miranda, que realizaba servicios adicionales en el lugar. Sin embargo, varios testigos dijeron que los “patovicas”, en realidad, atacaron a balazos sin razón al joven. Fue un supuesto caso de gatillo fácil que quedó impune.

Los tribunales estaban convulsionados por el caso. Al final terminaron abriéndose dos causas que, en un principio, estaban a cargo de Sánchez Tardán, pero por problemas personales terminó pidiendo licencia. El expediente de los hechos de corrupción que realizó Ferreyra quedó en la nada porque, como se sabía, todo quedó en palabras. El hombre duro que se consideraba el “gran investigador” no pudo presentar ni una sola prueba, por lo que el expediente se terminó archivando.

Por orden del ministro fiscal Alfredo Barrionuevo, la investigación de la causa conocida como el triple homicidio de Laguna de Robles, pasó a manos del fiscal Eudoro Albo (actualmente forma parte del Colegio de Jueces de Impugnación) que después incorporó a su par Jorge Lobo Aragón que realizó esta tarea hasta que fue nombrado juez de instrucción. Su puesto fue cubierto por el fallecido Horacio Villalba, que murió cuando cumplía la función de camarista del fuero penal. “Éramos muy jóvenes y realmente fue la primera causa importante de mi carrera. No era un caso más, era un hecho del que estaba pendiente toda la provincia y los protagonistas eran muy polémicos. Todos decían algo, pero sus palabras no eran muy confiables porque todas eran personas muy polémicas que estaban enfrascadas en una interna”, recordó Albo.

“Lo primero que hicimos fue fortalecer la investigación. En su afán por llegar a la verdad, hubo algunas cuestiones que podrían generar planteos, por lo que nos abocamos a corregir esas cuestiones y después nos abrazamos a las cuestiones científicas”, añadió el ex fiscal en una entrevista con LA GACETA. Las sospechas recayeron sobre Ferreyra, el comisario Juan Sotelo, los oficiales Carlos Antonio Correa, Emilio Herrera y Juan Luis Hermosa, el sargento Juan Vairetti y los agentes José Agustín Tula, José Brito y Albornoz. La suerte del denunciante que en cuestión de días pasó a ser denunciado, comenzó a inclinarse en su contra.

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