Informe para la reflexión

La institución Transparencia Internacional ha difundido, como hace anualmente desde 1995, su Indice de Percepción de la Corrupción, donde figuran 143 naciones investigadas mediante encuestas del Foro Económico Mundial, Banco Mundial, la Universidad de Columbia, Gallup Internacional y otras instituciones. En esa escala, y en sucesión decreciente de 10 a 1, el índice asignado a la Argentina es 2,5, por lo cual le corresponde el 108° lugar. En el orden latinoamericano, nuestro país es precedido por 12, entre los que queda mejor posicionado Chile, con 7,4, y en último lugar, Paraguay, con 1,9. El índice más elevado de la Argentina desde 1995 hasta la última investigación, fue 5,2 en ese año; después cayó hasta 3,5 y 2,8 en el comienzo de la crisis. La medición de IPC se concentra en el sector público y define la corrupción como la utilización de un cargo público para beneficio privado, basándose en las percepciones de quienes la experimentaron.
Como ya ocurrió en el informe anterior, el nuestro es el país que encabeza a las naciones investigadas cuyos ciudadanos aspiran a eliminar ese flagelo de los partidos políticos, antes que de cualquiera otra institución.
Una referencia particularmente relevante en el marco de la comunidad global es el hecho de que los diez primeros países, con índices que van de 9,7 (Finlandia) a 8,5 (Holanda), practican políticas económicas de mercado y son, con excepción de la ciudad-Estado de Singapur, democracias con elevada calidad institucional. Entre ellos, el segundo y noveno lugar los ocupan Nueva Zelanda y Australia, lo que desmiente el conocido prejuicio sobre el soterrado destino del sur planetario con que tratan de justificarse sus fracasos políticos autóctonos. En el otro extremo de la encuesta, a cuyo límite se halla Haití, aparecen naciones cuya extrema pobreza se conjuga con la carencia de libertades públicas y otros derechos esenciales, pese a sus riquezas potenciales en la mayoría de los casos. En ese encuadre decepcionante, el informe difundido menciona a la Argentina, a Ecuador, a Polonia y a Zimbabwe como ejemplos de países deteriorados en el largo plazo, sin que se haga referencia alguna a los previsibles efectos de nuestra crisis, que todavía perduran. El informe no difiere mayormente de los señalamientos del año anterior al presentarlo. En ese sentido, persisten las advertencias de que los países desarrollados deben prestar apoyos prácticos a los que se encuentran, como el nuestro, en vías de desarrollo, para aplicar estrategias contra la corrupción.
A la vez que se presentaba el informe de TI, una de las mayores auditoras internacionales, la KPMG, daba a conocer otro análisis en el que se expresa que, durante al año pasado y en lo que va del actual, se percibió en nuestro país el nivel más bajo de corrupción de los últimos 20 años. La referencia concierne a los poderes públicos. Pero se trata de una valoración relativa que parte de índices históricos que no se precisan, además de que constituye un resumen de percepciones donde los hechos son de muy difícil comprobación. En lo que coinciden ambos informes es en que no sólo el sector público debe hacer el mayor esfuerzo en la lucha contra la corrupción. También el privado, donde son fundamentales las dirigencias empresarias, tiene una gran cuenta pendiente, al igual que los sectores profesionales que, como el periodismo, dejan de valorar la ética entre sus responsabilidades frente a la sociedad. En una crisis como la nuestra, donde los valores morales han sido tan afectados, las medidas de saneamiento deben incluir, para generar convicción en las comunidades más perjudicadas, profundas autocríticas de quienes asumieron roles con gravitación sobre las conductas públicas y privadas.