La exposición del ministro de Economía, Roberto Lavagna, fue tomada con pinzas por sus pares provinciales. Desde el inicio de la contienda, en este primer round, que se abrió ayer en el Palacio de Hacienda, las provincias comenzaron perdiendo por puntos. Como un hábil negociador, Lavagna reclamó el acompañamiento de los distritos del interior al proceso de renegociación de la deuda externa argentina y, sobre todo, cuidar el superávit fiscal que obtendrá el país en este 2004, caracterizado por la inyección extraordinaria de fondos en el rubro ingresos.
En otras palabras, lo que quiso decir Lavagna -según interpretan algunos de los ministros provinciales- es que no habrá una fuerte inyección de capitales a las provincias, que provengan de los excedentes de recursos que se obtendrá a través de la recaudación impositiva federal. El escenario previo a la discusión fiscal Nación-provincias estaba prácticamente preparado. Buenos Aires se encargó de dar el mensaje al resto de las jurisdicciones. El anuncio de que se adherirá a la Ley de Responsabilidad Fiscal, más allá de que la Nación esconde la carta fuerte de ese régimen, que es la reglamentación de la norma, disparará las definiciones políticas del conjunto de los gobernadores.
En suma, todos los mandatarios provinciales están condicionados, más que siempre, a las decisiones que se tomen en el Ministerio de Economía de la Nación sobre la relación fiscal. Los distritos del interior contarán con un apoyo financiero de $ 4.000 millones para cubrir parte de los $ 7.000 millones de vencimiento de sus deudas en 2005, si es que acatan el sistema que limita el gasto y la deuda pública.
Como sucedió la vez anterior, cuando comenzó a vislumbrarse un nuevo pacto fiscal -con un nuevo régimen de coparticipación incluido-, curiosamente la distribución de recursos federales creció a un ritmo poco habitual en su reparto diario. Esta semana, por ejemplo, las provincias comenzaron a recibir fuertes sumas de dinero de lo producido por la recaudación de impuestos nacionales. Este fenómeno no es fruto del azar. En términos sencillos, es la zanahoria para llevar a los gobernadores hacia el consenso general respecto de la Responsabilidad Fiscal.
¿Qué autonomía?
En su exposición de ayer, Lavagna remarcó que tanto él como el presidente Néstor Kirchner consideran que, mediante el superávit fiscal, la Argentina podrá tener cierta autonomía en sus decisiones. La ecuación puede ser válida para la administración nacional frente a sus acreedores y frente a los organismos multilaterales de crédito.
En las provincias, la situación es diametralmente opuesta. Si bien el canje de las deudas provinciales por bonos garantizados por la Nación sirvió para que los distritos del interior puedan mejorar su perfil financiero, esa operación terminó por corroborar que, hoy más que siempre, los gobernadores son rehenes del poder central.
Además de la reglamentación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que permitirá establecer, a ciencia cierta, qué margen de maniobra les queda a los gobernadores para incrementar sus gastos, Lavagna y sus colaboradores directos esbozaron ayer la pauta de ingresos con que contarán las provincias en 2005. Ese dato es clave para realizar adecuaciones en los proyectos de presupuestos provinciales que, en muchos casos, ya ingresaron a las respectivas Legislaturas.
Los ministros de Economía salieron ayer del Salón Padilla del Palacio de Hacienda con un sabor amargo. El próximo miércoles habrá un nuevo encuentro en el que, tal vez, la Nación ya ponga las cartas sobre la mesa y establezca, en definitiva, los criterios oficiales para redistribuir la riqueza hacia zonas postergadas, como el NOA, con aquel fracasado Fondo de Equidad Social.
