Consecuencias del asistencialismo

La política social del Gobierno nacional ha entrado de nuevo en otro polémico debate, en el que los lineamientos para el largo plazo no logran definirse, mientras asumen negativa trascendencia los programas transitorios de emergencia, con claros fines asistencialistas. Esos planes, surgidos por impulso de la crisis, alcanzan a 2,2 millones de personas, beneficiarias de 6.100 millones de pesos en el actual ejercicio fiscal, cuya elevación a 6.800 se proyecta para el próximo. El más importante y que mayor interés público provoca, por su magnitud e irregularidades, es el de Jefes y Jefas de Hogar, que comprende actualmente 1,6 millón de inscriptos, y cuya eliminación o reforma profunda se ha tornado ineludible ante las denuncias de corrupción. Una indagación de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises) detectó en ese plan más de un millar de beneficiarios de las Fuerzas Armadas y de seguridad, aunque se desconoce si la totalidad de ellos sigue percibiendo dicha ayuda familiar para desocupados. El mismo organismo de control localizó con anterioridad 2.500 casos entre empleados de 108 municipios en la provincia de Buenos Aires y otros 2.000 en diferentes provincias, beneficiados por las intendencias y los consejos consultivos locales.
La prolija investigación de la Ufises ha sido remitida a la Justicia con precisiones tan numerosas y concluyentes, que resulta imposible concebir tales irregularidades sin la complicidad, por acción u omisión, de funcionarios estatales y municipales. Una referencia cabal que surge del informe es que en el total de las denuncias indagadas aparecen 7.000 empleados de organismos públicos que percibían sueldos y cobraban el beneficio. Entre ellos, 1.200 agentes de policías provinciales, sobre los que los jueces de las respectivas causas en trámite deberán establecer si las irregularidades provenían de sus respectivas instituciones. Los planes sociales, especialmente el de Jefes y Jefas de Hogar, debieron organizarse mediante una ejecución improvisada bajo las urgencias de la crisis, a partir de 2002, apelando a intermediarios múltiples, inclusive organizaciones de piqueteros.
A la fecha, casi todos los empeños oficiales por encauzarlos, mediante controles confiables, han fracasado. Si a ello se suma el clientelismo político ostensible que los pervierte, se justifican plenamente las severas observaciones que jerarquías eclesiásticas están formulando, con el conocimiento de que estas disponen por sus accesos a los sectores más necesitados de la sociedad.
En ese sentido, la voz de Cáritas ha insistido en la necesidad de contraprestaciones laborales en los subsidios, para evitar el riesgo de incentivar el ocio y la vagancia, ofreciendo a las autoridades responsables planes alternativos. Tanto en las observaciones de la Iglesia como en las de otros sectores y de las ONG, se manifiestan las graves inquietudes provocadas por hechos de corrupción que terminan degradando a la propia sociedad. A ese respecto, figuras del oficialismo nacional, como el gobernador de Santa Fe, Jorge Obeid, no ocultaron su preocupación porque "las herramientas transitorias se empiecen a transformar en algo perpetuo, pues se trata no sólo de un problema económico, sino social". El anacrónico modelo asistencialista que tradicionalmente envileció a buena parte de la política nacional adquirió, según todas las evidencias, una consolidación sin precedentes.
La necesidad de ponerle fin, a cambio de una política estable que atienda ocasionales emergencias, debe ser atendida como otra de las demandas urgentes de la Nación. Más aún cuando la proximidad de un nuevo año electoral comienza a dar señales de confusión entre las decisiones trascendentes que la ciudadanía sigue esperando.