Singular fallo de resarcimiento

En 1992, una ley nacional -la número 24.043- dispuso un importante resarcimiento económico para quienes debieron exiliarse del país, durante el gobierno militar, luego de haber estado detenidos a disposición de aquel, así como para los familiares de desaparecidos en ese período.
Hace pocos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación amplió sorpresivamente esas pautas, al extender el resarcimiento en beneficio de la madre de un ex dirigente montonero indultado, que nunca fue detenida ni secuestrada, pero que pidió asilo en una embajada y posteriormente abandonó el país, ya que temía por su suerte. Dicho pronunciamiento ha revocado una sentencia de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.
En primer lugar, debe apuntarse que, por su singular amplitud, el fallo del máximo tribunal de la Nación va más allá de su función de interpretar el espíritu de la ley. En efecto, viene a invadir el terreno específico del Congreso. Es un criterio que por cierto resulta alarmante, si tenemos en cuenta que cada uno de los poderes del Estado debe moverse estrictamente en la esfera que le corresponde, para no desbalancear el mecanismo republicano.
Se trata sin duda de principios elementales, dentro de un régimen democrático como el que vivimos. Pero preocupa advertir que los mismos se hayan empezado a ignorar, por parte de quienes debieran respetarlos y hacerlos respetar celosamente.
Si se piensa que la indemnización dispuesta por la ley referida fija un monto de casi 75 pesos por día de detención, es fácil suponer la cuantiosa carga económica que recae, de este modo, sobre las espaldas del Estado nacional, que ya durante la década pasada pagó un monto cercano a los 900 millones de dólares para reparar detenciones ilegales y muertes. Ello, ante la posibilidad de que varios miles de personas se presenten ahora a la Justicia invocando su condición de exiliados, sin que en muchos casos pueda establecerse fehacientemente la veracidad o la fuerza de las motivaciones que tuvieron para salir del país durante aquel período. Período que, por otro lado, en estos últimos años es objeto de una constante revisión, que toca solamente uno de sus aspectos y deja en las sombras los otros, no menos repudiables y siniestros.
Como ya lo hemos consignado en otras oportunidades, nos parece que el país debe dejar atrás definitivamente aquellos acontecimientos que suscitaron horas de sangre y de dolor en una vasta porción del pueblo argentino. No constituyen un buen método para enfrentar los grandes y arduos desafíos que nos instalan el presente y el porvenir inmediato, estas constantes vueltas de tuerca sobre temas ya definidos. Tales vueltas no sirven más que para generar otras nuevas, sin que se advierta el provecho final que tienen, para una Argentina que aspira a divisar la luz al final de la ya demasiado larga ruta de la crisis. El hoy del país ofrece ya más que suficiente cantidad de problemas de todo tipo, como para justificar estos permanentes y unilaterales regresos por el túnel del tiempo, que, además, significan la creación de nuevos y mayúsculos gravámenes sobre el presupuesto nacional.
Nos parece que es hora de mirar hacia adelante, buscando el cierre definitivo de las heridas del ayer, y no su periódica y tendenciosa reapertura con propósitos cuya finalidad positiva no advierte el ciudadano común. Otra es la senda que debemos empezar a transitar, en este tercer milenio, que coloca sobre el tapete, junto a los maravillosos adelantos, una suma de serios desajustes a los que debemos adaptarnos.