"Siempre fui un tonto que creyó en la legalidad". (Charly García, El fantasma de Canterville) -Al elaborar esta lista de candidatos a jueces, priorizamos que sean buenas personas y los conocimientos.
-¿Los conocimientos? Pero uno de los abogados propuestos tiene 12 aplazos en la carrera, según el currículo.
-No sé; a ese no lo sugerí yo.
Este fue el diálogo entre LA GACETA y uno de los tres funcionarios que consensuaron con el gobernador José Alperovich la polémica nómina de abogados propuestos para cubrir 14 cargos en la Justicia. Pese a las críticas, el hombre del Poder Ejecutivo está convencido de que el mecanismo de selección vigente es mejor que el suprimido Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). "Antes, al poder de la lapicera lo tenían tres (en referencia a los integrantes del CAM: la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT). Ahora, en cambio, una vez que se conoce quiénes son los candidatos, la gente tiene 15 días para opinar", justificó.
En el Gobierno no hay mucho interés por desactivar la sospecha de que, respecto de algunos candidatos, primaron las influencias (políticas o de parentescos) antes que otras condiciones (académicas o profesionales). No quieren hablar de apellidos; mucho menos explicar por qué eligieron a algunos o qué antecedentes tuvieron en cuenta, cuando de eso se trata: de no ser ambiguos, precisamente, para no encasillar en el amiguismo a quienes sí hicieron méritos. Se limitan a afirmar que este sistema es mejor que el anterior por la exposición pública a la que son sometidos los postulados durante los 15 días previstos para hacer observaciones.
En el PE esbozan otro argumento: están dispuestos a revisar algunos nombres si las impugnaciones son fundadas. Pero, en realidad, esta es más una característica de esta administración -en el barrio la llamarían una avivada- que una virtud del mecanismo vigente. En el Ejecutivo practican un juego que podría llamarse la aduana oculta: "si la cosa pasa, bien; si nos agarran, retrocedemos, declaramos como corresponde y, encima, decimos que los controles demuestran que el sistema funciona". Es lo que pasó en el caso Ibri: si no se hubieran encendido los semáforos del Tribunal de Cuentas, Alperovich les habría hecho pagar a los tucumanos $ 2,6 millones en honorarios sin chistar.
Se equivoca el Colegio de Abogados si cree que la despolitización de la Justicia descenderá por obra y gracias de largos manifiestos. Este Gobierno sólo entiende a la fuerza de los hechos: si no hay observaciones concretas contra los propuestos, seguirán adelante, por más que dos candidatos (Diego Acuña y Fernando Rivera) reúnan entre ambos más de 20 aplazos en su paso por las facultades de Derecho, por mencionar sólo dos casos. Aquella institución asegura que si formularan impugnaciones legitimarían el sistema de selección de jueces. Esto es negar la realidad o escamotearla. Es como sostener que los peronistas no deberían participar de ninguna elección provincial porque no intervinieron en la reforma de la Constitución de 1990. Pero el Colegio se pronunció, no así los otros ex integrantes del CAM.
Con menos nostalgia del CAM, el titular de la Asociación de Magistrados, Augusto Avila, sugirió reformas al actual mecanismo, para que los 15 días de observaciones sean productivos y no una carnicería pública. Por ejemplo, podrían establecerse parámetros para la interpretación de los antecedentes de los postulados (sólo tres de los 14 candidatos del PE presentaron el título analítico, en el que consta el desempeño universitario).
Roberto Gargarella, quien da clases en una maestría a jueces tucumanos, afirma que, aun en países de larga tradición republicana, el poder político intenta contar con una Justicia sumisa. "Pero esto -aclara- se torna más evidente y más violento en países jurídicamente menos asentados". ¿Por qué Alperovich habría de resistir a aquella tentación que se da hasta en Suecia?
