El viejo brazo sindical

La reciente celebración del 17 de Octubre por parte del Partido Justicialista ha tenido la particularidad de actualizar la antigua relación entre el partido y la Confederación General del Trabajo, interrumpida formalmente desde la restauración constitucional. En el pasado, la CGT era identificada como "brazo sindical" del peronismo, a pesar de constituir la única central obrera con personería gremial. A la renovación del PJ, por efecto de la estabilidad democrática, siguió su consiguiente desvinculación partidaria. Pero no por ello esa central dejó de representar a los trabajadores monopólicamente, de acuerdo con la Ley de Asociaciones Sindicales, que limita la personería gremial a los sindicatos con mayor número de afiliados en cada rama de actividad económica. La vasta red de compromisos político-jurídicos permitió así que, durante más de medio siglo, el 95% de los dirigentes congregados en la CGT fueran integrantes del PJ, muchos de ellos con altos cargos en la militancia partidaria. El hecho de que el acto en celebración de esa fecha fuera dejado por la autoridad partidaria a cargo de la CGT debe ser observado como una evidencia de que el partido oficialista no asigna trascendencia alguna a la pluralidad democrática en el sistema laboral.
La asistencia de ministros del PEN a esa celebración ha señalado igualmente la conformidad oficial con la consolidación del viejo modelo sindical del unicato, que contradice el principio constitucional de libertad de asociación -art. 14 bis-. Discursos, símbolos y manifestaciones de militantes esencialmente partidarios marcaron el tono y el ritmo del festejo, en el que los máximos dirigentes enfatizaron la vinculación de la central obrera con el partido oficialista. Por añadidura, uno de sus secretarios generales no se privó de descalificar a dirigentes de la oposición en términos semejantes a los que antaño fueron expresiones de un sistema autoritario. Muy lejos de las grandes concentraciones del pasado, el acto en cuestión requirió, asimismo, el concurso de costosos medios de transporte público, sin que los organizadores informasen sobre el origen de los recursos. Esa demostración de compromiso político de la única central con personería para representar los intereses específicos de los trabajadores constituye un penoso retroceso en la recuperación de los valores democráticos. Pero no sólo eso, pues implica una violación de las cartas de Costa Rica y universal de los derechos humanos, incorporadas a nuestra Constitución, así como del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, cuyas advertencias en ese orden sobre nuestro régimen sindical de unicato han sido particularmente expresivas. Los dirigentes de la CGT, cuya militancia en el justicialismo proclaman reiteradamente, deberían, al menos, practicarla con el pudor político requerido por el hecho de ser la única organización representativa de los intereses laborales, a la que forzosamente deben concurrir afiliados de muy diferentes extracciones políticas para defender sus derechos específicos.
Que eso no sea así y que, además, se haya vuelto a demostrar con el viejo estilo corporativo de raíz fascista, constituye una inquietante advertencia sobre nuevas dificultades para que los valores democráticos accedan a nuestras organizaciones sindicales. Castigados por una crisis donde tuvo que ver la connivencia del sindicalismo monopólico, los trabajadores ajenos a esa militancia sin renovaciones carecen de la representación satisfactoria que les permitiría la libertad constitucional de asociación. Esa circunstancia es causa de la fragmentación que se observa en la realidad laboral, donde ocasionales líderes de la protesta tratan de alcanzar posicionamientos que les niegan las urnas. Si el compromiso reiterado del poder político es recuperar la vigencia institucional del país, no deberá eludirse que ese unicato sindical la está impidiendo para los trabajadores.