Cambios en planes sociales

BUENOS AIRES.- El Gobierno espera llegar a fin de año con una modificación en los planes de asistencia social, especialmente el de Jefes y Jefas de Hogar, que viene siendo objeto de graves denuncias y críticas. Las más severas de la jerarquía eclesiástica, que lo compartió en los días más intensos de la crisis y hoy lo observa como estimulante de vagancia y clientelismo político al no haberse satisfecho los recaudos establecidos en su creación. Entre esas condiciones figuraban controles por consejos consultivos, sindicatos y Organizaciones No Gubernamentales, más poco o casi nada se avanzó en ello y, en consecuencia, hasta debió recurrirse a las organizaciones de piqueteros, la mayoría de las cuales están subsidiadas hoy por esos fondos en sus actividades políticas. El fallo fundamental ha sido la falta de fiscalización en lo que respecta a las contraprestaciones que quienes perciban ese subsidio deben realizar. Por otra parte, nuevos informes de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social acaban de testimoniar elevada corrupción en las adjudicaciones a empleados públicos, con intervención de autoridades municipales, así como a integrantes de las fuerzas de seguridad.

Fin de jefes y jefas
En el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Alicia Kirchner, se analiza un programa en sustitución del de Jefes y Jefas de Hogar, que contemplaría el traslado de esos recursos a subsidios para madres. Por otra parte, se señala que el número de beneficiarios del desprestigiado programa ya no es el mismo de hace un año, pues se ha reducido en casi 400.000 casos donde pudo demostrarse que no se prestaban contraprestaciones, no existe voluntad de buscar trabajo o bien se lo hace en negro. Es considerable el rastreo practicado por la cartera social del gobierno, pero quedó demostrado que la fragilidad organizativa del plan acuciado por la crisis hace imposible un control eficiente de su ejecución. Algo parecido ocurre con otros planes de ayuda, aunque no tan escandalosos como el de Jefes y Jefas de Hogar, por lo que el Presidente exige que se transparenten poniendo fin con hechos a esas denuncias y críticas; claro que sin perder de vista que se entrará pronto en un año electoral.

Error menemista
Paradójicamente, el bajo promedio de capacitación del personal estatal que refleja el reciente informe de la Subsecretaría de la Gestión Pública, se produjo a partir de la reducción de los planteles administrativos a mediados de los 90 para encarar la reforma del Estado. El error del gobierno menemista fue dejar la selección del personal prescindible a quienes optaran por el retiro mediante sabrosas indemnizaciones. En tal situación, se alejaron los mejores hacia la actividad privada, descalificándose la gestión pública que impide hoy al gobierno ejecutar alrededor de dos mil millones de inversiones presupuestarias. Esa es la razón de que el 28,7 por ciento del personal sólo tenga educación primaria, el 34 secundaria completa o incompleta, y 24,9 estudios universitarios. (De nuestra Sucursal)