18 Octubre 2004 Seguir en 
La vida de los pueblos se mide en centurias o en milenios, y es por eso que nuestro país, con poco menos de dos siglos de vida como nación independiente, puede considerarse muy joven. Esta característica tal vez explique el escaso apego que un gran número de nuestros conciudadanos -y dirigentes- muestra por los distintos elementos que conforman nuestro patrimonio histórico. El desconocimiento del valor que tienen, desde ese punto de vista, locaciones, edificios, monumentos y otras reliquias contribuye al escaso respeto y hasta al desprecio que por ellos sienten muchos habitantes de nuestro suelo. Un pueblo que conoce su pasado y se enorgullece de sus tradiciones no puede sino apreciar la existencia de los testigos silenciosos de su historia. De ahí que la conservación y la defensa del patrimonio estén íntimamente ligados con la sensación de pertenencia a un cuerpo social que tienen los individuos que lo integran.
En línea con la falta de conciencia sobre el valor histórico de nuestro entorno, se ubica el sentimiento casi generalizado entre la población de que no existen motivos para respetar y proteger los elementos que se encuentran ubicados en los espacios públicos.
Por eso resulta sumamente preocupante la reiteración de hechos vandálicos que se perpetran sobre monumentos instalados en plazas y en calles de nuestra ciudad. Los motivos por los cuales algunas personas cometen estas agresiones contra la propiedad común son diversos, y muchas veces están ligados con las alteraciones en la conducta que se derivan del consumo excesivo de alcohol o de otros tóxicos. En otros casos, los destrozos obedecen a diferencias políticas o ideológicas con los personajes o acontecimientos que evocan los monumentos. Y también pueden apreciarse con descorazonadora frecuencia pintadas con aerosol que pretenden inmortalizar apasionados romances o consignas electorales de efímera vigencia, y que sólo contribuyen a generar una imagen de desprolijidad en lo que tendría que ser un aporte estético al espacio público. Pero, independientemente del impulso que motiva la acción, la lamentable consecuencia es siempre un daño sobre lo que pertenece a la comunidad.Quienes se preocupan por la reiteración de estas agresiones imaginan distintas soluciones para el problema. La experiencia demuestra que los vallados o las rejas no alcanzan para disuadir a los violentos; un triste ejemplo puede observarse en los destrozos que periódicamente sufre la efigie del escritor Jorge Luis Borges ubicada en la plaza Urquiza, a pesar de estar rodeada por un cerco metálico. Mejor suerte parece acompañar -al menos por el momento- al Cristo emplazado en San Javier, si bien es cierto que en este caso, la barrera colocada es prácticamente infranqueable y veda totalmente la posibilidad de acercarse a la escultura.
Tampoco existe una legislación que exprese claramente el tipo de castigo que le correspondería a quien fuera sorprendido en el acto de perpetrar el hecho vandálico. En este sentido, sería recomendable que los legisladores anoten entre sus tareas pendientes la de darle un marco legal a la intervención de la fuerza pública orientada a impedir o a castigar este tipo de acciones que, sin lugar a dudas, constituyen un delito.
Sin embargo, resulta evidente que no se avanzará mucho si se pretende resolver el problema a través de la vigilancia estricta de los monumentos. Los problemas de inseguridad que vive el país dejan en claro la imposibilidad de destinar efectivos policiales a cuidar estatuas.
La solución más eficiente se plantea a muy largo plazo, y consiste en insistir sin desmayos en incrementar el nivel cultural de la sociedad.
En línea con la falta de conciencia sobre el valor histórico de nuestro entorno, se ubica el sentimiento casi generalizado entre la población de que no existen motivos para respetar y proteger los elementos que se encuentran ubicados en los espacios públicos.
Por eso resulta sumamente preocupante la reiteración de hechos vandálicos que se perpetran sobre monumentos instalados en plazas y en calles de nuestra ciudad. Los motivos por los cuales algunas personas cometen estas agresiones contra la propiedad común son diversos, y muchas veces están ligados con las alteraciones en la conducta que se derivan del consumo excesivo de alcohol o de otros tóxicos. En otros casos, los destrozos obedecen a diferencias políticas o ideológicas con los personajes o acontecimientos que evocan los monumentos. Y también pueden apreciarse con descorazonadora frecuencia pintadas con aerosol que pretenden inmortalizar apasionados romances o consignas electorales de efímera vigencia, y que sólo contribuyen a generar una imagen de desprolijidad en lo que tendría que ser un aporte estético al espacio público. Pero, independientemente del impulso que motiva la acción, la lamentable consecuencia es siempre un daño sobre lo que pertenece a la comunidad.Quienes se preocupan por la reiteración de estas agresiones imaginan distintas soluciones para el problema. La experiencia demuestra que los vallados o las rejas no alcanzan para disuadir a los violentos; un triste ejemplo puede observarse en los destrozos que periódicamente sufre la efigie del escritor Jorge Luis Borges ubicada en la plaza Urquiza, a pesar de estar rodeada por un cerco metálico. Mejor suerte parece acompañar -al menos por el momento- al Cristo emplazado en San Javier, si bien es cierto que en este caso, la barrera colocada es prácticamente infranqueable y veda totalmente la posibilidad de acercarse a la escultura.
Tampoco existe una legislación que exprese claramente el tipo de castigo que le correspondería a quien fuera sorprendido en el acto de perpetrar el hecho vandálico. En este sentido, sería recomendable que los legisladores anoten entre sus tareas pendientes la de darle un marco legal a la intervención de la fuerza pública orientada a impedir o a castigar este tipo de acciones que, sin lugar a dudas, constituyen un delito.
Sin embargo, resulta evidente que no se avanzará mucho si se pretende resolver el problema a través de la vigilancia estricta de los monumentos. Los problemas de inseguridad que vive el país dejan en claro la imposibilidad de destinar efectivos policiales a cuidar estatuas.
La solución más eficiente se plantea a muy largo plazo, y consiste en insistir sin desmayos en incrementar el nivel cultural de la sociedad.







