El problema ya no es cíclico, sino permanente. La situación de los menores en conflicto con la ley está descontrolada. A pesar de los esfuerzos que los funcionarios dicen hacer, es evidente que las políticas de Estado no pasan por contenerlos. Irmelda Córdoba, la madre de Manuel Castro, a quien mataron en la madrugada del lunes cuando intentó defender a su padre de un asalto en Alderetes, no quiere venganza. "Pido que los chicos que son acusados por delitos sean llevados a un instituto, donde los profesionales les hagan tomar conciencia de que están destruyendo familias", dijo.
A casi un año del inicio de la gestión de José Alperovich al frente de la provincia, el control de los menores sigue siendo difuso. Nadie se hace cargo, ya que las responsabilidades están mal compartidas. Al asumir, el ministro de Seguridad Ciudadana, Pablo Baillo, pidió tener bajo su área los institutos de Menores, pero se decidió que fueran a manos de la secretaria de Políticas Sociales, Beatriz Mirkin. En consecuencia, la Policía tiene la única misión de detenerlos, cuando se produce un delito; pero al ingresar a los institutos, quedan a cargo de celadores, muchos de los cuales están afectados al plan de Vigías Ciudadanos, o sea que tienen una preparación mínima. No fue sorpresiva entonces la denuncia que hicieron menores, constatada por la Justicia, acerca de que algunos de los cuidadores les vendían marihuana y puntas carcelarias.
En un informe reciente de la Dirección Nacional de Política Criminal se estableció que siete de cada diez presos que están en las cárceles del país, habían estado en institutos de menores. Así demuestran que se trata de verdaderas escuelas delictivas.
En la Legislatura bostezan dentro de los escritorios varios proyectos que podrían ayudar a solucionar algunos de los alarmantes problemas. Entre ellos, el de la libertad asistida (con el cual los equipos interdisciplinarios deben concurrir a los hogares de los menores para hacer su trabajo profesional), y el de la construcción de un centro integral para rehabilitación.
En San Miguel de Tucumán hay dos juzgados de menores, que están ubicados en el mismo predio en el que están los institutos Belgrano, Roca y Goreti. Las oficinas que albergan a los dos jueces, a los dos secretarios y a más de 20 empleados se están cayendo. La falta de infraestructura, que conlleva al hacinamiento, no hace más que echarle nafta al fuego. Con los actuales sistemas, los menores, en sus lugares de tratamiento, sólo piensan en escapar y en seguir delinquiendo. Pasan sus horas sin hacer nada; únicamente cuando tienen ganas, juegan al fútbol. No hay laborterapia. No se les enseña un oficio, que les permita subsistir y dejar, de esa forma, la delincuencia. Quienes son adictos al alcohol o a las drogas no reciben tratamientos y no hay centros de rehabilitación para ellos.
En Tucumán, el 90% de los delitos es cometido por menores. El 45% de ellos es reincidente y esa cifra va en aumento. El 68% de los menores detenidos aceptó que consume alcohol con frecuencia, y el 48,7% es drogadicto. El 40% no terminó la primaria; y el 45% no sabe quién es su padre o su madre. En la última semana 28 menores fueron arrestados por cometer distintos delitos, a un promedio de cuatro por día. La mayor parte tiene 16 y 17 años, pero también hay de 11.
* Un helicóptero para la provincia: U$S 1,8 millón.
* Inversión para la Policía (movilidad, comunicación, armas, refacción y construcción de nuevas dependencias): $ 5,1 millones.
* Un predio para tirar basura, que nunca será utilizado: $ 300.000.
* Sueldos para los 1.000 policías que ya ingresaron y los 3.000 que ingresarán, por un año: $ 1,9 millón.
* Invertir en la recuperación de los menores para que tengan un futuro digno, ¿no tiene precio?
