Los caudillajes perdurables

Una de las condiciones esenciales de la buena gestión política en el sistema democrático es la renovación periódica de los cuadros directivos de sus organizaciones intermedias, es decir, de los partidos. Se trata de un proceso regular, más condicionado por principios éticos que por disposiciones reglamentarias, merced al cual la representación ciudadana se ejerce con la calidad requerida para la mejor atención de los intereses generales. En ese sentido, los sistemas institucionales de gobierno democrático han previsto constitucionalmente la renovación de los cargos políticos ejecutivos, diferenciándolos de las funciones administrativas, donde la permanencia de los empleos asegura la continuidad de la gestión del Estado. En nuestro país ese modelo renovador no funciona adecuadamente, trabado por los tradicionales liderazgos y caudillismos de los grandes partidos, a través de los cuales, excluyentemente, se debe acceder a los poderes públicos. Liderazgos y caudillismos que ejercen las conducciones partidarias con regímenes legales particularmente cerrados, no sólo a la ciudadanía independiente sino a buena parte de los afiliados, que desisten de la militancia ante las dificultades de la renovación.
El ex presidente Eduardo Duhalde se prepara para dar un nuevo testimonio de ese estilo político, encabezando la lista de autoridades del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, en las elecciones previstas para el 21 de noviembre. De acuerdo con sus declaraciones, se tratará de una lista única, con la que se procurará evitar "una pelea en el justicialismo" del distrito, y de cumplir con el compromiso de apoyar al Gobierno nacional. Duhalde dejará sin efecto su promesa a la ciudadanía, al abandonar la presidencia de la República, cuando anunció que no volvería a desempeñar cargos políticos, para contribuir así a la renovación de la política. Al desistir ahora de esa abstención, el ex presidente adelantó que se tratará de una jefatura puramente formal de su partido, pues seguirá atendiendo su gestión en el Mercosur, delegando de hecho en quien le sigue en la jerarquía del PJ bonaerense. Se trata de una decisión que, más allá de la finalidad anunciada, impedirá por un nuevo período la renovación partidaria, desalentando una vez más los intentos de relevos generacionales propios de partidos con proyección histórica.
La circunstancia señalada es excepcional por tratarse de un ex presidente de la Nación que debió desempeñarse en ese cargo como consecuencia de una crisis cuya causa mayor fue el renovado fracaso de sucesivas dirigencias, con el consiguiente desprestigio de estas ante la sociedad. El relevo de la clase política y la renovación generacional no implican que quienes pueden aportar experiencia probada deban abandonar el servicio público, pues el deber los seguirá convocando en otras funciones que, como la legislativa y todo aquello que tiene que ver con la docencia política, demanda permanentemente la ciudadanía. La comunidad democrática internacional muestra en ese orden ejemplos históricos de esos comportamientos éticos que sirven como modelos de conducta cívica a la sociedad; especialmente a las nuevas generaciones, despertando en ellas la vocación de servicio público, tan ajena durante demasiado tiempo entre nuestra juventud. Desde hace varias décadas, cuando en nuestro país se acortaban los tiempos políticos como consecuencia de las dictaduras, esos caudillismos se fueron extremando, sin que la restauración republicana alcanzara aún a ponerles fin. Se trata de otra gran deuda de nuestra política con la ciudadanía, cuyo costo seguirá elevándose mientras las dirigencias no adviertan que el futuro más promisorio debe ser la obra de muchos que se suceden en el empeño y carecer de nombre y apellido.