21 Octubre 2021
Osvaldo Meloni
Economista y profesor de Teoría Monetaria de la UNT
El Gobierno nacional ha demostrado una irrefrenable compulsión a generar cócteles explosivos. A los notables atrasos de las tarifas de servicios públicos y del tipo de cambio oficial, (cepo mediante), recientemente le sumó el control de precios por 90 días de 1432 productos. Así, dejó de lado la tímida política del programa de “precios cuidados” para pasar a un congelamiento puro y duro, como el que ya había ensayado Perón en 1952 y en 1973-74, que resultaron en estrepitosos fracasos. Aparentemente, hay un “Manual de Peronismo” que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández está dispuesto a seguir a pie juntillas, sin dejar error por cometer.
La lógica de los controles de precios no puede ser explicado desde las ciencias económicas. Existe abundante evidencia empírica tanto nacional como internacional, que se remontan a hechos históricos tan lejanos en el tiempo como el siglo III AC, que avala lo que dice la teoría sobre las intervenciones en los mercados. Esto es, que los precios máximos generan mercados paralelos, escasez de productos al precio oficial (desabastecimiento), distorsión de precios relativos, tendencia a la disminución en la calidad de los productos intervenidos y, no menor en estos tiempos, favorece la corrupción. Lo interesante es que estos efectos no son mutuamente excluyentes sino que pueden darse conjuntamente.
El anunciado congelamiento solo es una muestra más de que el Gobierno nacional privilegia las urgencias político-electorales de cortísimo plazo por sobre el bienestar de la sociedad. Lo que se busca es distraer la atención y pasar las culpas propias a los empresarios. Pretenden que en los medios de comunicación y redes sociales no se discuta sobre la inexistencia de un plan económico, la desquiciada política fiscal y monetaria y la errática política comercial sino que se hable de la nota en las puertas de supermercados y almacenes mostrando que tal o cual empresa no cumple con los precios fijados o que existen faltantes de tal o cual producto. Intentan culpar al sector privado de algo que solo el sector público puede generar: inflación.
La inflación es un fenómeno monetario. Cuando la desenfrenada emisión de dinero, para financiar el no menos escandaloso gasto público, tropieza con una disminución en la demanda de dinero (la compra de dólares y de otros activos denominados en moneda dura es el reflejo de la huida del peso), el resultado es la pérdida de valor de la moneda. No está de más recordar aquí que la expresión “subió el dólar” es incorrecta. El dólar no aumenta, lo que se deprecia es nuestro envilecido peso.
Desde hace mucho tiempo que la ciencia encontró la forma de controlar los fenómenos inflacionarios, apelando a instituciones monetarias (la creación de un banco central independiente, cuyo mandato sea preservar el valor de la moneda) y a una política fiscal sólida y sostenible en el tiempo. La “vacuna” para la inflación es conocida y está disponible, pero la política no quiere dársela. Los controles de precios solo intentan, sin conseguirlo, neutralizar las consecuencias, y no las causas de la inflación.
Pero, tal vez, el rasgo más inquietante del congelamiento no está referido a sus consecuencias inmediatas, sino a lo que va a ocurrir al expirar los 90 días de su vigencia. Los controles son muy fáciles de poner, de hecho, solo basta una medida administrativa de Feletti, pero muy traumáticos de sacar. La infausta experiencia del congelamiento de Perón-Gerbard, que terminó en 1975 con el tristemente célebre “rodrigazo”, término acuñado en honor a Celestino Rodrigo, quien tuvo a su cargo la desagradable tarea de destapar la olla a presión que él no había generado, nos lleva a preguntarnos: ¿qué pasará el 7 de enero de 2022, cuando los atrasos de tarifas y dólar y las distorsiones de precios relativos hayan empeorado notablemente la situación? ¿Quién será el próximo Rodrigo?, ¿quién se inmolará, inscribiendo su nombre en las páginas más oscuras de los libros de historia económica?
Acaso, los jóvenes que huyen del país, en busca de otros horizontes, tengan razón. Nadie quiere estar en un lugar donde el “barman” sigue agregando elementos desestabilizadores a un cóctel explosivo, con el único propósito de intentar sacar una miserable ventaja en las próximas elecciones.
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