Por Santiago Re
04 Septiembre 2021
DOLOR. Aurora Astorga (sin barbijo) lamentó la muerte de su nieta.
La tragedia en la brigada femenina de Concepción no sólo marcó un nuevo capítulo fatal de la crisis carcelaria que atraviesa la provincia, sino que develó también una serie de coincidencias entre dos de las cuatro detenidas que fallecieron: adicciones y falta de oportunidades.
El jueves la Policía confirmaba que las detenidas María José Saravia, Macarena Maylen Salinas, Micaela Rocío Mendoza y Yanet Yaqueline Santillán habían perecido durante el incendio que se desató tras una protesta en los calabozos la brigada.
Vidas paralelas
Salinas, de 22 años, y Saravia, de 25, no sólo murieron juntas. Nacieron y se criaron en la misma cuadra, vivían a sólo cuatro casas de diferencia en la calle Inca Garcilaso al 1.200, en el barrio Los Vázquez, del sur de la capital. De hecho, sus familiares confirman que eran amigas.
Ambas jóvenes tenían otras cosas en común, fueron madres en su adolescencia, Salinas tenía un hijo y Saravia dos chicos (de 7 y 3 años). Pero el factor común más complicado es que cayeron en la peor de las adicciones: la droga. Consumo que no lograron dejar nunca, ni siquiera estando presas. ¿Casualidad o causalidad? Los Vázquez es uno de los barrios donde las organizaciones sociales más han intentado combatir los consumos problemáticos. También es, junto con La Costanera, un foco de lucha contra el narcotráfico para las autoridades, que consideran a este barrio como uno de los más afectados por el mundo narco.
“No se merecía esto”
Desolada, Aurora del Carmen Astorga esperaba que el servicio fúnebre trajera a Saravia, la nieta que ella crío con la ayuda de su pensión y jubilación. “Ella tenía condena por cuatro años y seis meses por un hurto simple: había robado mercadería de un súper. Ella estaba cumpliendo su pena y ahora está muerta. Tenía condena, pero no por eso pueden tratarla como a un animal, merecía respeto como cualquier persona, no la muerte”, señaló la mujer en entrevista con LA GACETA. Al oírla con voz temblorosa, su pequeña bisnieta salió a la calle para abrazarla. “Dejó dos hijitas, ellas son las que más sufren esto”, agregó la abuela.
La jubilada conoce bien el calvario de ver y vivir con un familiar que no puede despegarse de la droga. “A veces tenía días en los que estaba bien, pero María José estaba enferma: tomaba y se drogaba. Venía y me pedía plata, nos peleaba, porque su adicción la dominaba”, recordó con la tristeza de alguien que intentó todo para curar a su nieta. Pero no hubo institución que la ayude.
“¿Para qué me seguía pidiendo plata cuando ya estaba en la comisaría? Por la droga. Porque ahí mismo, estando presa, les vendían las dosis”, aseveró. Luego agregó: “me llamaba desde la cárcel para pedirme plata. Allá nadie la cuidaba, nadie la trataba por su adicción. Estaba enferma, le daban golpes depresivos”.
Astorga planteó algunas irregularidades: “mi nieta estaba detenida en la capital, no sé quién firmó para que se la llevaran a Concepción, lejos de sus familiares, y sin avisarnos. Además, ¿cómo hizo la Policía para no escuchar los gritos? Las dejaron morir. Los vecinos sí oyeron y llamaron a los Bomberos”.
Sin cupos
En casa de Salinas, su familia indicó que no tenían mucha información aún sobre lo que había pasado, por lo que preferían no expresarse por el momento.
Fuentes judiciales le contaron a LA GACETA que la joven había sido condenada por un asalto ocurrido el 11 de septiembre pasado. Esa noche, junto a su pareja, Nicolás Juan Varela, le habrían disparado en la pierna a un hombre para apoderarse de su motocicleta. Al día siguiente, en un control de rutina, la Policía arrestó a ambos jóvenes que circulaban en la moto robada y portando un arma de fuego. Fueron puestos ante la Justicia por el delito de encubrimiento y portación de arma (excarcelable), por lo que no se les dictó la preventiva, pero días después debían presentarse a una rueda de reconocimiento por el asalto y no lo hicieron. El fiscal Diego López Ávila volvió a pedir la detención de ambos y esta vez le dieron lugar a su pedido.
Cuatro policías apartadas: la jefa de la brigada y tres subalternas fueron pasadas a disponibilidad
“Hemos puesto todo a disposición de la fiscalía interviniente y de los peritos, a fin de determinar las circunstancias del hecho”, señaló el ministro de Seguridad Claudio Maley que ofreció su colaboración al fiscal Miguel Varela, que investiga las causas del incendio que le costó la vida a cuatro mujeres que estaban detenidas en la brigada de Concepción. La Policía determinó pasar a disponibilidad a la jefa de esa dependencia y a tres efectivas subalternas hasta tanto se esclarezca la situación. Además de las víctimas fatales, siete personas más fueron asistidas por inhalación de humo, entre ellas, cuatro efectivas.
El 23 de octubre, Salinas fue detenida frente al hospital Padilla, cuando iba a visitar a un primo que resultó herido en un asalto (del cual estaba acusado). Varela, en cambio, muere en diciembre, víctima de un aparente caso de la mal llamada “justicia por mano propia”.
La defensa de Salinas se opuso a una medida de prisión preventiva, alegando que la joven tenía un hijo de cinco años que debía cuidar, sin embargo, el planteo se rechazó porque López Ávila acreditó que la joven había sido exiliada del hogar por sus problemas de adicción y que el menor estaba al cuidado de sus abuelos porque la madre no podía criarlo.
El 16 de mayo, en un juicio abreviado, Salinas reconoció ser autora del asalto y fue condenada a seis años y ocho meses de prisión. La jueza María Balcazar, que resolvió esa instancia, ordenó su traslado al penal de Mujeres. Hasta ahora se desconoce cómo es que la joven llegó a Concepción, pero se estima que fue por la falta de cupos en el penal y en la seccional 2ª, que alberga a mujeres detenidas.
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