FIESTA DE LA POLÉMICA. El jefe de Estado quiera pagar una multa.
Mientras la Justicia todavía intenta dilucidar qué sucedió en julio de 2020, cuando la primera dama, Fabiola Yañez, festejó su cumpleaños con amigos en la quinta presidencial de Olivos; la oposición asegura que Alberto Fernández debería ser sometido a un juicio político y su abogado defensor indicó que el tema podría resolverse con el pago de una simple multa pecuniaria.
El fiscal Ramiro González sigue adelante con la investigación que ya tiene autoimputados a diez protagonistas, todos menos al Presidente de la república, ya se presentaron en el expediente y designaron un abogado defensor. En el ámbito de la Justicia, el fiscal también recibió un pedido de la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado para tomar vista de la causa que se lleva adelante en su Fiscalía. Ese movimiento puede resultar clave porque la jueza tiene una denuncia similar a la que se tramita en Comodoro Py y podría reclamar la investigación ya que tiene jurisdicción territorial sobre la quinta de Olivos. En lo que respecta al expediente, ayer se sumó un informe de la Casa Militar con los detalles de los ingresos a Olivos.
Más allá de lo que llegue a resolverse en los estrados judiciales, Gregorio Dalbón, abogado defensor del Presidente, dijo que el mandatario asumirá la responsabilidad de los hechos y donará parte de su sueldo por no haber cumplido la cuarentena. “El Presidente quiere, como ya pidió disculpas públicas al pueblo, reparar su error en la Justicia. Puede dar parte de su sueldo durante varios meses y que el dinero sea donado al Instituto Malbrán”, dijo el letrado y remarcó que esa decisión ya está tomada. En relación a la acusación que se hace contra Fernández, Dalbón considera que no hubo delito al celebrar el cumpleaños en medio del aislamiento social. “Se trata de un peligro abstracto, hay una inexistente erosión en el límite del derecho penal. Acá no hay riesgo de tipicidad porque una violación administrativa no es derecho penal. Sin riesgo para el bien jurídico, es decir la salud pública, no hay riesgo”, detalló a La Nación.
Los dichos del abogado defensor también tienen correlato con la postura adoptada por el Gobierno en relación a la polémica. El jefe de Gabinete de ministros, Santiago Cafiero, había manifestado que las fotos eran un tema “terminado para el Gobierno”. Y destacó: “yo creo que no fue un delito, porque si bien hubo una reunión, no hubo propagación”.
Sin embargo, la oposición sigue presionando y en la jornada de ayer el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Nación, Omar De Marchi, reiteró el pedido de juicio político para Alberto Fernández, argumentando “la gravedad institucional” de los hechos acontecidos y las “mentiras” que esgrimió el mandatario ante tal caso.
Además de cargar contra el Gobierno por “clausurar” el Congreso hasta las PASO, el dirigente mendocino de JxC cuestionó la defensa del kirchnerismo. “Es una tontera mayúscula decir que no hay delito porque no hubo contagio”, concluyó.
