Por Gustavo Rodríguez
18 Agosto 2021
¿SERÁ UN RECUERDO? El objetivo del nuevo código es que se solucionen las causas con las medidas alternativas para que disminuyan los juicios. LA GACETA / FOTO DE JOSÉ NUNO
Los impulsores del nuevo código procesal penal de la provincia señalaban que esta sería la herramienta con la que se podría poner límite a la impunidad. Y sostenían sus palabras argumentando que las personas que cometían un delito tendrían que responder ante la Justicia. Desde mayo de 2019, mes que comenzó a aplicarse el digesto en el Centro Judicial de Concepción, hasta julio de 2021, se cerraron 1.344 causas a través de juicios abreviados, lo que representa casi la mitad de los más de 3.100 expedientes que se abrieron en el mimo período.
Según el informe elaborada por la Oficina de Estadísticas de la Corte Suprema de Justicia, el Centro Judicial Capital marcha al frente de las estadísticas con 671 de casos resueltos a través de esta vía, con 224 condenas efectivas, 419 condicionales, 25 menores y tres adultos fueron declarados penalmente responsables. En promedio, se dictaron 67 sentencias por mes y más de dos por día.
En Concepción, donde los índices delictivos son más bajos, en 26 meses, se realizaron 626 juicios, donde se registraron 146 condenas efectivas, 479 condicionales y una el condenado debió abonar una multa. En el Centro Judicial Monteros, el número es de 47, de los cuales personas terminaron en la cárcel y 39 con una prisión condicional.
El informe de la Corte también contempla los tipos de delitos por los que se condenaron: robos 415, lesiones 291, amenazas 206, abuso sexual 118, homicidio 103, hurto 43, desobediencia judicial o a funcionario público 37, tentativa de homicidio 36, violencia familiar o de género 20, portación de armas 7, privación ilegítima de la libertad 10 y otros delitos 48.
Estos números superan holgadamente a las sentencias que se registraban antes de que se pusiera en marcha el sistema adversarial. Por ejemplo, en 2017 se dictaron 270, 2018 (298), 2019 (375) y 2020 (232).
Hay muchos casos que se pueden utilizar como ejemplo.
- Gerardo Paz recibió una pena de 25 años por haber matado a golpes a su hijastra de dos años Abigail Luna.
- Walter Mauricio Regudero fue condenado a 23 años de prisión por el homicidio en ocasión de robo de la enfermera Luisa Mansilla, ocurrido el 8 de febrero.
- El acosador de una profesional de la salud fue condenado a seis meses condicional y se le ordenó cumplir severas reglas de conducta.
El caso de la empresaria Catalina Rocchia Ferro también generó un importante debate social. En cinco días, Roberto Pirino fue condenado a seis meses de prisión condicional por daños y amenazas. El fallo generó suspicacias, aunque desde que se puso en marcha el nuevo código en tota la provincia se cerraron 178 expedientes en menos de 30 días a través de juicios abreviados.
En estos guarismos quedan afuera los casos resueltos a través de reparaciones y suspensión a juicio a prueba.
La polémica
“¿De qué sirven tantas condenas si los penados seguirán en las calles? Me parece que esto tiene que ver con llenar estadísticas y nada más. Para mí, digan lo que digan, un juicio abreviado no es sinónimo de justicia, sino de un beneficio más para el autor del hecho”, se quejó Luciana de Rivadeneira.
“Hay que ver caso por caso. Creo que es importante que se resuelvan de manera más rápida los casos para el beneficio de toda la sociedad”, explicó Luis Barreto. “El problema es que la gente está muy cansada y sólo se llegará a conformar si se aplica el código de los talibanes, es decir, que se les corte las manos a los ladrones. Desgraciadamente hemos llegado a esta instancia por años de desidia”, comentó.
Alberto Lebbos, padre de Paulina, la estudiante asesinada en 2006, sostiene que esta es una herramienta muy importante para evitar que los casos queden impune. “Sin dudas que sirven para acabar con esa idea de que aquí puede delinquir cualquiera y no tenga ningún tipo de sanción. Pero tampoco se puede permitir que haya personas que sean condenadas a siete años por abusar de una hija. No se debe utilizar esto para hacer buenas estadísticas y nada más”, indicó.
El abogado Roberto Díaz Taddei consideró a los juicios abreviados como una gran opción. “El sistema está muy bien consolidado y se avanza en la resolución de causas a través de estas herramientas. Sin embargo, por una cuestión cultural, no creo que una persona que fue penada con una condicional deje de delinquir”, agregó.
Su colega Mariano Arcas encontró una explicación a esta situación. “Los números son altos porque estamos hablando de delitos que tienen penas de cumplimiento condicional, es decir que las personas que se declaran culpables, si cumplen con ciertas reglas, no irán a la cárcel. Sería mucho más saludable para el sistema judicial que esos expedientes se resuelvan a través de otras soluciones alternativas”, comentó. El profesional también advirtió otro detalle: “como si se tratara de una cuestión extorsiva, los fiscales juegan con los plazos de las prisiones preventivas para cerrar más rápido los acuerdos”.
“Sin lugar a dudas que es una manera de agilizar el sistema judicial a favor de la víctima que se siente reparada y a del imputado, que no tendrá que esperar seis años para definir qué será de su vida”, explicó el abogado Ernesto Baaclini. “También se hace un importante ahorro de recursos humanos y hasta económicos porque el imputado reconoce su culpabilidad”, agregó.
“Por la dinámica del nuevo código hoy todo se resuelve. Y eso ocurre porque los fiscales tienen plazos que cumplir para que una persona llegue a juicio”, explicó Camilo Atim Antuni. “Con el viejo sistema, se les daba importancia a las causas más graves y los delitos menores, quedaban rezagados, ahora todos tienen el mismo tratamiento”, concluyó.
Cómo es el mecanismo
Se puede acordar un juicio abreviado por cualquier delito. El único requisito es que el autor se declare culpable.
El acuerdo lo firman el fiscal con la opinión de la querella y la defensa. La próxima instancia es que un juez homologue el trato en audiencia.
El imputado lo que busca es afrontar una pena condicional o algunos beneficios como no quedarse sin salidas transitorias.
Algunos jueces consideran la opinión de la querella como determinante. Si no está conforme, no acepta el acuerdo.
Celeridad: la Corte informó que más de 170 procesos se resolvieron en menos de un mes
Hay otros números que confirman que los tiempos en la justicia se han acelerado: desde que se puso en marcha el nuevo código procesal penal en la provincia, se resolvieron 178 causas en menos de 30 días de haberse producido el hecho.
Según el informe de la Corte Suprema de Justicia, en el Centro Judicial Capital, se cerraron 157 procesos con 26 condenas efectivas, 117 condicionales y 14 sobreseimientos.
En el Centro Judicial de Concepción, se informaron de 36 expedientes que fueron finiquitados en ese mismo lapso de tiempo con 19 penas efectivas, una condicional y 16 sobreseimentos.
En tanto que en Monteros, hubo un solo caso que terminó con una condicional. Los delitos que fueron resueltos en 30 días fueron: robos 63, lesiones 36, amenazas 20, hurtos 14, desobediencia judicial o a un funcionario público 11, portación de armas 3, abuso sexual 5, tentativa de homicidio 4, privación ilegítima de la libertad 4, resistencia a la autoridad 2, violencia 1, violación de domicilio 1 y daños 1. “Lo más importante de todo es que todos los casos se están resolviendo. Más rápido o más lento, los acusados afrontan una resolución judicial, sin importar el delito que hayan cometido”, destacó Camilo Atim Antuni en una entrevista con LA GACETA.
Las otras alternativas
Reparación.- Una víctima acuerda con un sospechoso que le repare el daño que causó al cometer el delito y así no es procesado penalmente. Puede ser un resarcimiento económica y, en caso de no tener el dinero para afrontar el costo, puede brindar un servicio como realizar tareas en su hogar. En el caso de que se trate de un hecho en contra de la seguridad pública, el beneficio va a parar a manos de la comunidad. La persona sólo puede acceder una sola vez a esta alternativa.
Conciliación.- El fiscal interviniente trata de encontrar una solución para evitar que el conflicto termine en un proceso judicial. Por ejemplo, el titular de un inmueble denuncia que su propiedad fue usurpada. El denunciado acepta retirarse del lugar siempre y cuando levanten la demanda en su contra.
Probation.- El imputado ofrece cumplir con determinadas reglas de conductas y hasta reparar el daño causado para evitar ser procesado. Si es que incumple con algunas de las condiciones que acordó respetar, inmediatamente se le inicia la causa penal. Una persona sólo puede acceder una sola vez a esta herramienta.
Juicio abreviado.- A través de un acuerdo, el representante del Ministerio Público Fiscal acuerda con la defensa que el imputado se declare culpable del hecho. La querella puede oponerse y para algunos magistrados es una razón suficiente para no convalidar el acuerodo al que arribaron las otras dos partes que intervinieron en el caso. Normalmente aceptan esta alternativa para recibir un pena condicional, es decir, menor a tres años. En caso de reincidencia, esa pena se hace efectiva. Una persona que fue sentenciada sólo puede acceder a una condicionalidad una vez que cumpla la pena y luego de que hayan transcurrido ocho años de haber sido penado.
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