¿Alfombras rojas?

Antes de asumir como gobernador, José Alperovich prometió que los empresarios iban a contar en Tucumán con una alfombra roja, metáfora que quería significar que dispondrían de toda clase de facilidades para invertir. Esta definición, en su momento, generó suspicacias por la facilidad con que los negocios se mezclan con la política en la Argentina. No obstante no sorprendió, teniendo en cuenta que el mandatario proviene del intrincado mundo del comercio. "Yo los conozco; sé cómo piensan y sé cómo tratarlos", afirma el titular del Poder Ejecutivo, según sus allegados, cada vez que hay hombres del sector privado involucrados en alguna cuestión.
En julio, antes de que viajara a España, cuando aún no habían cicatrizado las heridas que causaron los hechos de violencia durante la visita del presidente Néstor Kirchner por el Día de la Independencia, Alperovich abrió un inesperado frente con una compañía multinacional: Minera Alumbrera Limitada. Por todos los medios de comunicación y a las bravuconadas -con ese temperamento sanguíneo que lo caracteriza-, la acusó de haber causado un daño ambiental con las obras que construyó en los Valles Calchaquíes (electroducto y mineralducto) para poder explotar la mina de Bajo La Alumbrera, ubicada en la vecina provincia de Catamarca. Al principio se pensó que se trataba de una clásica jugada de desvío de atención, por cuanto el Ejecutivo no podía resolver el problema político que mantenía -con el mismo grado de vehemencia verbal- con los gremios estatales. Pero el tiempo ha pasado y se ha llegado a un acuerdo con los sindicatos, pero no con el vicepresidente de la empresa, Julián Rooney. Es más, el gobernador sigue igual de desafiante, al menos en el plano mediático. "No permitiremos que nos atropellen por más grandes que sean y por más que den trabajo a 700 tucumanos", advierte.
Fiel a la filosofía de los hechos consumados -actuar y luego negociar- que caracteriza a esta administración, la estrategia de Fiscalía de Estado es tensar la cuerda lo más que se pueda. En otras palabras, tener lista una demanda judicial por perjuicio ambiental que convenza a la compañía de que será mejor -y más económico- volver a las negociaciones. En la compañía argumentan que no aceptarán presiones y que no pueden admitir cambios en las condiciones con que comenzaron a operar en 1997 -en principio hasta 2015-, porque hacerlo significaría consentir la inseguridad jurídica y sentar un precedente para que sus propios contratistas o el gobierno catamarqueño también les reclamen un nuevo marco. Sí, en cambio, estarían dispuestos a negociar las medidas compensatorias por el impacto ambiental de las obras. La semana pasada se celebró en esta capital un Congreso de Derecho Societario. Entre los asistentes estaba un abogado que asesoró a la Procuradoría del Tesoro de la Nación, en el litigio que la Compañía de Aguas del Aconquija (CAA), ex prestadora del servicio de agua potable y cloacas en esta provincia, planteó en el Centro Internacional para el Arreglo de Diferendos Relativos a Inversiones (Ciadi), en Washington, cuando le rescindieron el contrato. "Si en todo proceso hay que ser puntillosos en asegurar toda clase de garantías y defensas, cuando hay empresas -y más internacionales- hay que ser el doble de cuidadosos. Jamás hay que dar la imagen de que se los está apretando. El mundo tiene que percibir que el derecho está de nuestro lado; no tenemos que darles argumentos para que se pongan en víctimas. Tenemos que desalentar la patoteada (sic), porque eso nos quita legitimidad", aconsejó el letrado. Este (prefirió el anonimato) preguntó a LA GACETA si era cierto que el ex gobernador Antonio Bussi recibía a los empresarios con una pistola. La anécdota sirve para recordar que la seriedad y el reclamo fundado -más cuando se tiene razón- valen más que las apretadas, sobre todo si -como en el caso minero- hay provincias (Catamarca) interesadas en poner alfombras rojas.