Lo que el primer semestre nos dejó y qué pasará en el próximo

Se va el primer semestre, que tuvo un problema de base. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) calculó que la actividad económica cayó un 1,2% respecto de marzo, pero en el acumulado del primer cuatrimestre registró un alza del 8,2%. Pero esa expansión es superficial. La industria sigue con vaivenes, entre los contagios de Covid-19 y las escasas posibilidades de expandirse porque la Argentina no tiene crédito. Mirar un 28% de incremento interanual en el -Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) es contemplar una realidad inexistente. A estas alturas del año pasado, todo estaba parado. Más palpables han sido los índices socioeconómicos, que demostraron, por caso, que el Gran Tucumán-Tafí Viejo terminó el primer trimestre con una tasa de desempleo del 14,4% que, medidos en personas llegaron a los 58.000 casos, el equivalente a la mitad de la fuerza laboral del sector público provincial.

¿Qué posibilidades tienen esos tucumanos de reinsertarse en el mercado laboral? Hubo una reconversión: de trabajadores en relación de dependencia o, en el peor de los casos, informales, pasaron a cuentapropistas. Esta población desocupada está sumida en la pobreza. Para saber el real impacto de la pandemia habrá que esperar hasta el 30 de septiembre, dos semanas después de las PASO y un mes y medio antes de las elecciones parlamentarias del 14 de noviembre, cuando el Indec informe el comportamiento de la pobreza y de la indigencia durante el primer semestre. El piso en el caso tucumano es muy elevado. Un 43,5% de los habitantes del principal aglomerado urbano cerraron el pandémico 2020 bajo situación de pobreza. Si se sumaran los nuevos desocupados, no debería sorprender que la pobreza afecte a unas 430.000 personas residentes en la zona urbana.

Luego de tres meses consecutivos de crecimiento del empleo asalariado registrado en empresas privadas, ese proceso de recuperación se detuvo en abril pasado, en consonancia con la aplicación de mayores restricciones a la circulación producto del aumento de los casos en el marco de la segunda ola de la Covid-19, se expuso en un reciente informe del Ministerio de Trabajo de la Nación. Este no es un dato alentador para el reacomodamiento del mercado laboral.

Las empresas están agobiadas. La presión fiscal ha sido creciente. El 51% de las pequeñas y medianas empresas dejó de pagar impuestos, mientras que un 34% adeuda servicios y un 37% tuvo que recurrir a financiamiento extra para cubrir sus gastos operativos durante las medidas de confinamiento por la pandemia del coronavirus. Así lo ha revelado un informe realizado por la Cámara Argentina de la Mediana Empresas (CAME), como una manera de reflejar la situación en todo el país, más allá del paulatino reacomodamiento del sector comercial.

A este escenario hay que agregarle otro dato que no ha dejado de inquietar: la inflación. Los analistas y las consultoras privadas han calculado un 48% de alza en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), más bajo que el 33% de la nueva proyección calculada por el Ministerio de Economía de la Nación. Los sindicatos presionan. Camioneros y bancarios se anticiparon a la puja salarios-inflación, con reapertura de acuerdos salariales que superaron el 43%. Esto pudo en alerta a más de un empresario y también al sector público. Los ejecutivos hacen números y advierten que no están en condiciones de tocar un rubro que implica más de la mitad de los costos fijos de la empresa.

Pero en el primer semestre, al Estado no le fue mal. Suspendió la reducción de impuestos, amplió las intimaciones y las ejecuciones fiscales a deudores, en su mayoría PyME que no pudieron subsistir a tantos meses de cuarentena obligatoria, y terminó con un Régimen de Regularización de Deudas Fiscales, para seguir cobrando los impuestos adeudados y para renovar obligaciones por parte de contribuyentes que, incluso antes de la pandemia, venían acumulando deudas. La recaudación de impuestos provinciales es una muestra de que al menos en los cuatro meses el resultado fue más que satisfactorio: un incremento real del 30%, dejando de lado el efecto inflacionario.

¿Qué pasará en la segunda mitad de este electoral 2021?

El Gobierno nacional, y por ende las provincias, han guardado debajo de la alfombra electoral un cúmulo de cuestiones que seguramente buscará solucionar a partir del 15 de noviembre, cuando se conozca el resultado de los comicios para renovar la composición parlamentaria. La inflación tiende a desacelerarse por efecto de los controles de precios. El dólar se moverá al ritmo electoral. El “efecto aguinaldo” y en los días previos a los comicios pueden moverse el tipo de cambio en una conducta clásica a la compra de los argentinos, pese al cepo. La pregunta recurrente es si el Banco Central tendrá la suficiente espalda financiera para contener la demanda y mantener a rayas el valor del dólar. Otro detalle no menor: las tarifas. Los acuerdos de reajuste fueron reprogramados para fines de noviembre. Y por si esto fuera poco, el Gobierno intentará llegar a un acuerdo con el FMI que no implique tanto ajuste. Como podrá apreciarse, nada que no hayan visto antes los argentinos, que tienen una dosis de adrenalina propia de los surfeadores de las crisis.