Los empleados sospechados ingresaron irregularmente al Siprosa

“Esto es tan solo la punta del iceberg”, opinó el legislador Ricardo Ascárate mientras movía el expediente que tenía en sus manos. En esas hojas están los resultados de la investigación interna que hicieron las autoridades del Siprosa luego de que trascendiera que los empleados de una repartición podrían estar vinculados al tráfico de drogas. Allí se confirmó que de los tres mencionados, dos presentaron certificados de buena conducta falsos, y el tercero nunca cumplió con ese trámite, a pesar de que ingresó a ese cargo en 2016.

En noviembre pasado, en un informe presentado en “Panorama Tucumano” y en LA GACETA, se contó sobre una línea narco que se encontraba paralizada. En 2016 la Delegación Tucumán de la División Antidrogas de la Policía Federal, con autorización de la Justicia Federal, comenzó a investigar un grupo que proveía drogas a diferentes redes de narcomenudeo de la Capital y de ciudades del interior de la provincia.

Según la pesquisa, el grupo podría haber traído marihuana de Corrientes y cocaína de Orán y habría utilizado como centro de acopio y distribución de esas sustancias el Departamento de Operativos Móvil del Siprosa, que está ubicado a metros del barrio Juan XXIII (“La Bombilla”).

“En la investigación surgieron varios nombres, la gran mayoría empleados del Siprosa. Pero los pesquisas consideraron que podrían haber sido los cabecillas Miguel ‘Liro’ Andrade, Walter Darío ‘Hombre Lobo’ Cardozo y Rubén ‘Leke’ Suárez. También fue investigado el actual concejal José Luis Coronel, pero los pesquisas no encontraron ninguna evidencia en contra de él”, argumentó Ascárate.

Por esa razón, el legislador solicitó al gobernador, Juan Manzur, que le informara sobre esta situación. El titular del PE remitió el planteo al Siprosa y fue su secretario Luis Medina Ruiz el encargado de responder. “El trabajo que realizó fue digno de un técnico. No dejó dudas y aportó datos muy importantes”, opinó.

A la Justicia

“Hombre Lobo” Cardozo ingresó al Siprosa el 1 de agosto de 2007. El certificado de buena conducta que presentó en 2018 (10 años después de haber iniciado su carrera) estaba impoluto. Pero por la investigación interna que se realizó, se descubrió que se le habían iniciado al menos cuatro causas por robo, dos expedientes por atentado y resistencia a la autoridad, una por amenaza y la pesquisa en su contra por drogas. En su descargo, el sospechoso dijo que la mayoría de las acusaciones en su contra habían sido archivadas y, como no había sido condenada por ninguna de ellas, no deberían ser contempladas como antecedentes. Fue cesanteado el 12 de enero y, según sus allegados, inició un juicio contra el Estado.

“Liro” Andrade, que comenzó a ser planta permanente el 1 de junio de 2007, también presentó su certificado de antecedentes en 2016. La única observación que le hicieron es que estaba siendo investigado por una causa de drogas. No presentó descargo alguno y fue despedido el 12 de febrero. Sus parientes aseguraron que después de haberse hecho pública su situación, habría caído en un profundo estado depresivo y que habría dejado de frecuentar los lugares donde normalmente era visto.

Las autoridades del Siprosa, a través de un pedido de informes a la Jefatura de Policía, comprobaron que habían presentado certificados falsos, por lo que fueron denunciados por falsificación de instrumentos públicos en noviembre del año pasado. El expediente se tramita actualmente en la Unidad Fiscal de Delitos Complejos.

El caso de “Leke” Suárez es bastante particular. Han pasado más de cinco años desde que los responsables del Departamento Operativos Móviles lo intimaran a que presentara su certificado de buena conducta, pero hasta que se redactó el informe no lo hizo. Supuestamente, se encuentra suspendido en su cargo.

“Es gravísima la falta de control que existe sobre los empleados del Sistema de Salud, teniendo en cuenta que con la pandemia pueden entrar y salir de la provincia sin ningún tipo de control. Recordemos el caso del empleado del Siprosa y de otra mujer que fueron detenidos con droga en Santiago del Estero cuando intentaban ingresar a la provincia casi 120 kilos de marihuana”, apuntó Ascárate.

Los tres no son desconocidos. LA GACETA en la investigación periodística que realizó confirmó que estaban vinculados al gremio de ATSA y que trabajaron activamente en las campañas políticas a favor del concejal Coronel y del legislador Reneé Ramírez. Ambos dirigentes, que prefirieron no hacer declaraciones en estas horas sobre el tema, ya habían desmentido estar relacionados con ellos y quizás lo ubicaban de los tiempos proselitistas.

Suárez es el único de los sospechados que rompió el silencio. Lo hizo para negar las acusaciones en su contra y para aclarar sobre los contactos que mantenía con los referentes manzuristas. “A Coronel lo conozco desde mi infancia. Es una excelente persona. Trabajador y me consta que siempre trata de ayudar a las personas que más lo necesitan”, señaló “Leke”. “A Ramírez también lo conozco porque trabajé en la secretaría de Deportes del gremio”, concluyó.

Causa frenada

“La situación fue y es gravísima. LA GACETA mostró con lujos de detalles cómo una organización integrada por empleados del estado, con un evidente apoyo de referentes políticos, utilizando una repartición pública como es el Departamento de Operativo Móviles se transformó en un centro de operaciones para el acopio y distribución de drogas en toda la provincia”, señaló un ofuscado Ascárate.

La investigación comenzó en 2016 a raíz de una denuncia anónima. Los federales realizaron un trabajo de seguimiento que duró tres años. En el expediente, aparecen detalles de cómo eran los movimientos del grupo, el rol que tenía cada uno de ellos y a quiénes le preveían la sustancia. En mayo de 2019, un año netamente electoral, el fiscal federal Carlos Brito le pidió al juez Daniel Bejas una serie de allanamientos, entre ellos al departamento del Siprosa. El magistrado recién resolvió en diciembre de ese año el planteo. Ordenó que se profundizara la pesquisa porque consideró que no había los elementos probatorios para hacerlo. Meses después asumió en un cargo más importante y dejó el juzgado.

El diputado José Cano y la senadora Silvia Elías de Pérez se movieron a nivel nacional. Presentaron en ambas cámaras y hasta en el Consejo de la Magistratura un pedido de informes sobre el estado de la causa y una auditoría sobre el papel que cumplió Bejas. Pasaron varios meses de sus planteos y hasta el momento no consiguieron ninguna respuesta.

“Lo más grave del caso es que cuando se tomó esa decisión, el equipo que invirtió tres años en esa investigación fue desmantelado por traslados o retiros impuestos por el cambio de administración a nivel nacional, lo que vuelve poco probable que se puedan lograr nuevos avances en la investigación”, concluyó Ascárate.